Transcurridos tres años desde el terremoto y maremoto que asolaron a gran parte del territorio nacional, ya es posible mirar ese fenómeno y sus secuelas con alguna distancia, para extraer enseñanzas y ciertos balances. Desde la perspectiva de hoy, tres aspectos merecen especial atención e interesan a toda la población.
El primero es que ese siniestro dejó al desnudo las fallas comunicacionales y de preparación para emergencias en que se encontraba el país -la dificultad de la Presidenta Bachelet para conseguir helicópteros de la Fuerza Aérea esa mañana lo grafica elocuentemente-. A eso se sumó una seguidilla de muy erradas decisiones a todo nivel, que procuraban no alarmar a la población, buscando afanosamente excusas para no dar una alerta de maremoto, que era precisamente lo que había que hacer luego de un sismo de sobre 8 grados en la escala de Richter y la alerta desde el centro de monitoreo de tsunamis en Hawai. Esa mañana, según la dura metáfora de un analista político, las autoridades parecían "dar aleteos de gallina sin cabeza", aludiendo crudamente a la actuación de civiles, militares, Onemi, SHOA, Presidencia de la República y ministerios. El escrutinio de la actuación de las autoridades ese día formará parte del panorama electoral de este año, y la investigación que al respecto efectúa la fiscal Huerta aportará datos objetivos de lo ocurrido y permitirá fundar correctamente el juicio político que la ciudadanía se forme al respecto.
Un segundo aspecto -que también tiene connotaciones políticas en este año electoral- es el escrutinio de la actuación del Gobierno para enfrentar la reconstrucción. Aunque no todos los elementos de juicio están enteramente disponibles, un cúmulo de antecedentes ilustra el esfuerzo realizado. Esto incluye una amplia gama de aspectos, desde el sentido de urgencia con que ha actuado -el Presidente se ausentó del tradicional almuerzo inmediatamente después de asumir el cargo el 11 de marzo de 2010, para trasladarse a las zonas afectadas-, pasando por la decisión de reconstruir en los mismos lugares siniestrados, con las dificultades de coordinación y costos que eso conlleva, pues interfiere con el trabajo masivo más eficiente de las empresas constructoras, hasta la rápida reposición de los servicios básicos, de infraestructura de puentes y caminos, y la instalación de escuelas u hospitales de campaña en muy corto tiempo. En viviendas, la meta que el Gobierno se autoimpuso es altamente exigente: completar las 222.000 viviendas nuevas o reconstruidas que se requieren antes de finalizar su mandato. Dado el avance actual y lo comprometido por hacer, el ministro de la Vivienda confía en que lo logrará, aunque a marzo de 2014 quizás quede un remanente inferior al 5% en sus últimas fases constructivas. Eso sería motivo de legítimo orgullo si se compara con los 10 años que Japón se dio para la reconstrucción de su terremoto y con la lentitud del gobierno anterior para resolver los problemas dejados por el terremoto de Tocopilla.
El último aspecto se relaciona con la corrección a futuro de los problemas encontrados con motivo del 27-F. El Gobierno ha incrementado en 600% la cantidad de teléfonos satelitales, ha establecido turnos continuados y aumentado el número de funcionarios en las oficinas regionales de la Onemi, ya ha instalado el 70% de la señalética de evacuación, además de sirenas, uso de twitter y alertas por mensajes de texto a celulares, entre muchas otras medidas que apuntan a mejorar la preparación para las emergencias.