Esta semana ha estado marcada por el horrendo crimen del cabo segundo Cristopher Aguilera, la interpelación al canciller y el desempleo. Cuesta entender que todavía no existan amplios acuerdos en todos estos temas.

El asesinato de otro carabinero ejemplar deja a su familia, a la institución y al país nuevamente estupefactos. Lo más sorprendente es que el autor fue un venezolano que se encontraba de manera ilegal en el país. Y lo inexplicable es que ya se sabía de su presencia y de su prontuario a través de detenciones previas. Algo no está funcionando.

Durante la interpelación al ministro Pérez Mackenna, el canciller no solo defendió nuestra soberanía, sino también la importancia de la alianza con Estados Unidos para combatir el crimen organizado. Ahora bien, el cierre fue para el bronce. El diputado Venegas, su interpelador, terminó preguntándole por qué no renunciaba. La respuesta fue corta, precisa y espontánea: “Su pregunta es ¿por qué no renuncio? Bueno, porque usted no es el Presidente de la República. Esa es mi respuesta”. A veces la simple realidad transmite más que mil acusaciones.

Y volvamos al desempleo. Recuerdo que Sebastián Piñera, en su campaña presidencial para su primer período (2010-2014), se comprometió a crear un millón de empleos durante su gobierno. Los asesores y economistas que lo rodeaban estaban bastante sorprendidos e incrédulos ante esa atrevida promesa. Sin embargo, al finalizar su mandato, esa meta se cumplió y superó. Bajo su administración se registraron más de un millón de nuevos puestos de trabajo. Hoy el desafío no es crear empleo. Es simplemente recuperarlo.

El economista David Bravo ha venido hace años alertándonos sobre una “emergencia laboral”. Ante su insistencia, la ministra Jeannette Jara lo ignoraba declarando: “a algunas personas les gustan los eslóganes”. Lo importante en ese entonces era aprobar la ley de las 40 horas y la ley Karin. Los resultados eran predecibles. Y los más perjudicados han sido, vaya novedad, los jóvenes y las mujeres. Es importante avanzar en la flexibilidad laboral, sobre todo cuando la IA hace cada vez más necesaria esa libertad.

Ya llevamos 44 meses consecutivos con una cesantía por sobre el 8% y las cifras de ayer nos acercan peligrosamente a los dos dígitos: el desempleo subió a un 9,6%. En definitiva, tenemos un millón de desempleados. Y nuestra tasa de ocupación agregada aún no logra volver a sus niveles prepandemia. Este rezago, hay que decirlo, es made in Chile. Los países de la OCDE y nuestros vecinos se han recuperado. Nuestra economía no ha sido capaz de crear puestos de trabajo. El necesario crecimiento económico ha sido esquivo. Además, hemos experimentado un aumento sostenido en los costos laborales. La ley Karin, que Boric celebraba como un “paso fundamental hacia la dignidad y la justicia laboral en el país”, se ha transformado en fuente de abuso. Quizá se nos pasó la mano.

Por si fuera poco, como lo advierte un reciente estudio del CEP y la CPC, el desafío de recuperar empleos se debe enfrentar sin olvidar el escenario de dura estrechez fiscal. La deuda bruta del gobierno central se acerca al 45% del PIB, los ahorros del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) casi han desaparecido, y el cumplimiento de la meta de balance estructural restringe las posibilidades de crecimiento del gasto público para 2027. Combinar la estrechez fiscal con una política proempleo es todo un desafío.

El Gobierno anunció un plan que permitiría recuperar 100.000 puestos con una asignación de recursos de aproximadamente 1.350 millones de dólares para inversión pública. En situaciones como esta, todos somos keynesianos. Sin embargo, hay que tener conciencia de que la recuperación no será rápida. La economía tiene sus ritmos. Y la emergencia laboral, los suyos.