La prensa ha hecho notar el saludo enviado —mediante la Embajada Británica— por el rey Carlos III, a nombre propio y de su señora, dirigido al Presidente de la República y pueblo chileno, por las Fiestas Patrias, en memoria de la Independencia de Chile, el 18 de septiembre de 1810, celebrando, además, los lazos bilaterales y cooperación ambiental. Los medios resaltaron como “desliz protocolar” o “confusión histórica” la inexactitud de la fecha citada en relación con el suceso destacado. Algo que no debiera exagerarse, en este caso, sobre todo, porque un muy elevado porcentaje de compatriotas —de todos los sectores— cometen el mismo desacierto y, además, ignoran el hecho histórico que representa la fecha mal utilizada.

A saber: todo se remonta a la invasión de los ejércitos napoleónicos a España en 1808, que significó la abdicación forzada y el cautiverio del rey Fernando VII, quedando España bajo el dominio militar de los franceses. Como el pueblo debió enfrentar a los invasores, se organizó mediante la formación de juntas locales o provinciales, asumiendo el autogobierno en el entendido que, estando el monarca ausente, el pueblo ejercía la soberanía hasta que fuese restituido. Mas, al año siguiente, se acordó sustituir la diversidad de juntas, territorialmente desperdigadas, por una Junta Central Suprema. Claro que fue de corta duración, porque los invasores estaban ad portas de Andalucía, dejando en 1810 la potestad y funciones gubernativas en manos de un Consejo de Regencia, cuya autoridad debía ser reconocida no solo en la península, sino también por virreinatos y gobernaciones hispanoamericanas, lo que generó el rechazo de las colonias. Entre abril y septiembre del mismo año, en ciudades como Caracas, Bogotá, Buenos Aires, Santiago, se impugnó la regencia del Consejo, optándose por la formación de cabildos y respectivas juntas gubernamentales.

En el cabildo abierto que se convocó en Santiago ese 18 de septiembre, el procurador José Miguel Infante sostuvo que debía constituirse una Junta Nacional de Gobierno, de carácter provisional, a nombre del rey Fernando VII, basado en la tradición española respecto del protagonismo que adquiría la soberanía popular durante la ausencia del monarca, negando la legitimidad de la regencia en las colonias españolas. Así, su posición fue autonomista, no independentista. Sin embargo, desde esa instancia y en los años siguientes, se inició y desplegó un proceso político distinto, que se acentuó cuando la fuerzas militares españolas cayeron sobre Chile desde el Virreinato del Perú, en 1813, con el objeto de restaurar el régimen monárquico, lo que condujo a organizar la defensa territorial y finalmente, a la independencia del país, en 1818.