Según informó el ministro Poduje, el ministerio que dirige se ha propuesto financiar la construcción de centros comunitarios de culto religioso en los barrios. Como era de esperar, la iniciativa ha levantado objeciones. ¿Acaso, se dice, el Estado no es laico? Siendo así, ¿cómo entonces destinar recursos a centros entre cuyos objetivos explícitos está la práctica de un culto?

El problema, como se ve, es de particular relevancia y vale la pena reflexionar sobre él.

Desde luego, no cabe duda de que las preocupaciones religiosas —en la diversidad de sus manifestaciones— están en el centro de la cultura humana. Esto no siempre es explícito, pero asoma en diversas manifestaciones de la cultura, en todo aquello que los estudios de la religión llaman hierofanía: la irrupción mediante diversas formas de lo sagrado y su diferenciación frente a lo profano. En algunas culturas, lo sagrado se manifiesta en un sitio, en un ámbito cercado, en otras, algún objeto o una idea que se representa de diversas formas. Como fuera, lo religioso concebido como la tendencia a trascender el estrecho ámbito de la experiencia parece formar parte íntima de la cultura humana. Lo religioso parece estar atado a la problematicidad de la existencia.

Siendo así, parece obvio que el Estado cometería un severo error si hiciera como si esa dimensión de la cultura no existiera en absoluto o si intentara apagarla o la tratara (ha ocurrido) como una simple superstición. Por el contrario, un Estado razonable debe estar consciente de esa dimensión de la cultura y no puede eludir tomar una posición frente a ella. Y esa posición, como queda dicho, no debe consistir en impedirla o inhibirla o apagarla. El Estado no debe obligar a nadie a ocultar su credo o abandonar el que posee. Todo esto es lo que, desde el punto de vista jurídico, se conoce como libertad religiosa.

¿Cuál es, entonces, la actitud correcta de un Estado laico frente a la religión, frente a esta dimensión que asoma en toda cultura?

La actitud del Estado debe estar guiada por dos principios, el de neutralidad y el de imparcialidad. Detenerse en ellos puede ayudar a dilucidar si acaso la iniciativa del ministro Poduje es o no correcta.

La neutralidad atañe al valor de esta o aquella religión. Que el Estado sea neutral quiere decir que carece, en tanto Estado, de toda opinión acerca del valor final de las creencias en juego en el ámbito público. La imparcialidad, por su parte, alude al deber de tratar con el mismo respeto y consideración a todas las creencias. Mientras la neutralidad equivale a una abstención respecto del valor final de lo que estaría en juego, la imparcialidad no supone necesariamente una omisión o una abstención y es perfectamente compatible con una acción positiva siempre que ella se ejecute bajo un criterio de igualdad, tratando con la misma consideración a las creencias en juego.

En el caso de la iniciativa que ha dado a conocer el ministro Poduje (y a diferencia, claro está, de la eucaristía a que alguna vez invitaban, en calidad de tal, algunas autoridades), no se infringe el deber de neutralidad, puesto que el Estado en este caso no se inclina por ninguna verdad en materia religiosa. Y tampoco se infringe la imparcialidad, en la medida que un ámbito comunitario es un espacio para que sean los vecinos de la comunidad o barrio respectivo los que practiquen el credo y el culto que despierte su confianza y su fe.

Por supuesto, siempre podrá decirse que la iniciativa es errónea porque habría necesidades socialmente más urgentes, usos alternativos del dinero que produzcan mayor bienestar social. Pero ese tampoco parece ser un buen argumento si se tiene en cuenta que para muchas personas la práctica religiosa es muy importante y vista desde su subjetividad, no equivale a una mera distracción, sino a una experiencia relevante que permite soportar e incluso a veces entender las vicisitudes del destino. La religión no es el opio del pueblo como alguna vez se creyó, sino una dimensión valiosa que a veces alcanza lo más íntimo de la existencia del creyente y que, por eso, no hay que despreciar o minusvalorar. Qué sea valioso para la existencia no es algo que se pueda dirimir desde fuera de quien la vive, y por eso lo correcto es que un Estado respetuoso de las personas deba permitir —con estricta sujeción a la neutralidad e imparcialidad— la práctica del credo y el culto y, allí donde no existen, abrir espacios que permitan su práctica comunitaria.

¿Culto para todos, entonces? Sí, a condición de que se respete la neutralidad y la imparcialidad que pesan sobre el Estado democrático y liberal.