Este 4 de septiembre, recordamos el 62% que echó por la borda el proyecto iliberal de la Convención Constitucional. Ese momento, cuatro años atrás, marcó un nuevo rumbo.

Ahora bien, casi tres años antes, el 18 de octubre del 2019, se había iniciado el estallido. Todavía cuesta creer que los incendios simultáneos en las estaciones del metro hayan sido espontáneos. Hubo planificación y coordinación. Y también mucha violencia y destrucción. El estallido fue el comienzo de una etapa iliberal. Y también un caldo de cultivo para la delincuencia y el crimen organizado.

La libertad de movimiento quedaba sometida a “el que baila pasa”. No importaba la edad ni la condición, pero había que bajar del auto y bailar. Para muchos era una simple humorada, pero la libertad cayó presa del miedo. Los derechos humanos dejaron de ser universales. La propiedad privada fue puesta en jaque. Y la dignidad, vapuleada. En definitiva, el Estado de Derecho sufrió bajo el ardor de la primera línea y sus irresponsables defensores. Hubo pocos valientes que se atrevieron a defender los principios liberales. Muchos prefirieron mantener un silencio cómplice por temor a las funas.

John Locke, uno de los padres del liberalismo, entendía la propiedad en un sentido amplio como lo propio. De hecho, utilizaba dos palabras para definir lo mismo: property y propriety. Para este pensador, la propiedad, definida como “la vida, la libertad y los bienes”, también tenía ese sentido moral vinculado a lo propio (propriety). No en vano la vida y la libertad están antes que los bienes. Tal vez por eso la propiedad se encuentra tan arraigada en la tradición anglosajona. Es algo sagrado. En cambio, en nuestra tradición latinoamericana, vemos la propiedad como riqueza o bienes, alimentando así la lucha contra la desigualdad. Si el mundo anglosajón promovió el mérito y la igualdad de oportunidades, la envidia y esos llamados a quitarles los patines a los que podían correr más rápido campeaban por nuestras tierras.

Es evidente que, durante el estallido, la vida, la libertad y la propiedad estuvieron amenazadas. Estos tres fundamentos sociales fueron reemplazados por la inseguridad, el miedo y las viejas banderas de la extrema izquierda. La Convención, víctima del delirio constructivista, se subió a esa ola iliberal. Y el Frente Amplio finalmente terminó a los pies del PC.

Pero como en Chile somos porfiados, continuamos con un segundo proceso constitucional liderado, esta vez, por los republicanos. Ese proyecto, que ignoró las recomendaciones del Comité de Expertos y abrió una innecesaria discusión valórica en torno al aborto, fue rechazado con un 56%. La Constitución de 1980, que en realidad es la de Lagos, volvió a su merecido sitial. También lo hizo el general Baquedano. Hoy, la Plaza Italia ha recuperado su dignidad: abrió sus puertas la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile y admiramos el merecido homenaje a Gabriela Mistral.

La seguridad es el cimiento sobre el que descansa la sociedad. Proteger lo propio, combatir la delincuencia y el crimen organizado son los grandes deberes del Estado. Si los paladines de la izquierda solían referirse a los delincuentes primero como “presos políticos” y en seguida como “personas privadas de libertad”, hoy la ciudadanía exige seguridad, crecimiento económico y empleo. La oportunidad está.

Afortunadamente, el ministro Quiroz tiene clara la película económica. El riesgo es otro. Si la izquierda casi no le permitió respirar a Piñera, también es cierto que desde el estallido llevamos casi siete años dando tumbos. Este gobierno se propuso recuperar el tiempo perdido. Solo cabe esperar que se disipen ciertos impulsos iliberales que nos recuerdan el fracaso constitucional. La seguridad es prioritaria. Pero lo propio es sagrado.