Por primera vez desde que existen estadísticas comparables, Chile lleva 43 meses consecutivos con una desocupación igual o superior al 8% y cuatro meses seguidos con tasas sobre el 9%. Lo que hasta hace poco era una anomalía puntual —un mal trimestre, un shock pasajero— pareciera ser que se ha convertido en la nueva normalidad del mercado laboral chileno. Y esa persistencia debiera inquietarnos más que cualquier cifra aislada: sugiere que el problema ya no es solo de ciclo económico, sino de la capacidad estructural de nuestra economía para generar empleo.

En décadas pasadas, el crecimiento económico fue el motor fundamental para crear más y mejores empleos, y con ello las condiciones para que millones de familias dejaran atrás la pobreza. Sin embargo, hace ya más de una década nuestra economía comenzó a perder dinamismo de forma lenta pero persistente, y en consecuencia, la creación de empleo. Los sectores más vulnerables sufrieron en estos años una caída en sus ingresos laborales, mientras que el resto, aunque con un crecimiento menor, siguió avanzando. La falta de empleo es, en ese sentido, la política social más regresiva de todas.

¿Cómo se ve la situación hacia adelante? No se puede descartar que nuestro mercado laboral esté mostrando cambios más estructurales que se traduzcan en una creación de empleo con menor dinamismo, respecto del crecimiento de la economía que el registrado en el pasado. La explicación puede tener distintos orígenes: una mayor aceleración de la automatización, la irrupción de la inteligencia artificial y cambios normativos que han encarecido la contratación formal. Desde 2024 rige la reducción gradual de la jornada laboral máxima y, desde 2025, el aumento de la cotización previsional. Las cifras de empleo que conocemos hasta ahora ya incorporan un incremento del costo de contratación de casi un 6% como consecuencia de estas reformas.

Estos aumentos se dan, además, en un contexto de mercado laboral ya debilitado. A diferencia de la mayoría de los países del mundo, no hemos recuperado tras la pandemia la tasa de ocupación que teníamos con anterioridad. De acuerdo con las cifras conocidas este viernes, para alcanzar las tasas de empleo de 2019 se necesitarían cerca de 350.000 empleos adicionales. Hacia 2033, cuando se complete la implementación total de la rebaja de la jornada laboral y el alza de la cotización previsional, el costo de contratación habrá aumentado en un 11% adicional.

Dependiendo del tipo de empresa, el efecto combinado de estos factores podría implicar un aumento en los costos de producción superior al alivio tributario recientemente aprobado por el Congreso en el marco de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social.

Un cambio más estructural en nuestro mercado laboral tiene, además, importantes efectos sociales. Una reactivación económica con una menor capacidad de generar empleo que la esperada prolongaría en el tiempo la frustración de las generaciones más jóvenes, que hoy miran su futuro con menos esperanza.

Las reformas anunciadas en materia laboral apuntan en la dirección correcta, al menos en cuanto a no seguir encareciendo la contratación formal más allá de lo que ya está legislado. Pero eso podría no ser suficiente. En lo inmediato, el foco no debe estar solo en cómo agilizar y destrabar la inversión del sector privado, sino también la del sector público: la ejecución presupuestaria de los programas de inversión de los gobiernos regionales durante la primera mitad de este año llegó solo a 32%, cifra inferior al promedio de la última década.

Pero hay otro problema que se observa hace tiempo: el estancamiento de la productividad del trabajo, directamente relacionado con la formación de los actuales y futuros técnicos y profesionales. Esa es probablemente la reforma más necesaria, y también la más difícil de impulsar, porque sus efectos solo serán visibles a mediano y largo plazo.

Si algo deja en claro este diagnóstico es que el crecimiento, siendo indispensable, ya no garantiza por sí solo la creación de empleo que Chile necesita. El desafío es doble y debe abordarse de inmediato: destrabar la inversión, tanto privada como pública, para sostener la demanda de trabajo en el corto plazo y enfrentar sin demora el estancamiento de la productividad laboral, cuyos frutos solo se verán en una o dos décadas. Postergar esta segunda tarea equivale a resignarse a que la alta desocupación termine por instalarse como parte del paisaje económico chileno.