Con mi amigo Fello nos contamos historias. No son mentiras, sino que, como diría un siútico, se relatan con enhanced reality (o realidad mejorada, para que me entienda el lector castizo), siguiendo el dictum de “no dejes que la verdad se interponga en el camino de una buena historia”. El último cuento que se despachó, mientras pacientemente esperábamos un alegato, es notable (aunque es probable que tenga algo de realidad mejorada).

Un prócer, conocido por siútico e ingenioso (características conjuntas poco comunes), invita a comer —o cenar según su preferencia— a un grupo de alta sociedad. Una de las señoras invitadas, una dama algo cuica de apellido Del Campo, deseosa de incomodar al dueño de casa, le pregunta: “Dígame, don Luis, ¿qué opina usted de los siúticos?”, ante lo que el dueño de casa, gatillándole la neurona del ingenio, le contesta: “¿Se refiere usted a los siúticos de la ciudad o a los “del campo”?

A mi señora, que se crio fuera de Chile, aprendió castellano en Perú y llegó recién a la universidad por estos lados, le costó aprender la diferencia entre falda y pollera, tomar té u once, e ir al cine o al teatro. El desiderátum era explicarle en qué consistía el café-café o el teatro-teatro. Son sutilezas vernáculas que se adquieren después de haber levantado alguna ceja al decirle chomba al suéter.

En este país como que nos pusimos siúticos y nos agrandamos. Parece que todos queremos honrar a esa señora momia que estaba segura de que Alessandri ganaba el 70 porque en la marcha de cierre no había nadie conocido. Creemos que hay plata para todo y que debemos financiar a cualquiera lo que se le ocurra estudiar.

La ministra Lincolao, con toda razón, ha avanzado la idea de revisar el financiamiento de posdoctorados en humanidades (estamos hablando de que los chilenos financiemos estudios más allá del magíster y del doctorado). Esto ha sido considerado por algunos como un atentado a la cultura y un desprecio por la filosofía, la historia y la sociología. El año 2025, entre Fondecyt y el Ministerio de Ciencias, gastamos casi 10 mil millones de pesos en estos estudios. Es decir, cientos de estudiantes pudieron disfrutar de hasta 30 millones de pesos anuales en becas para producir obras inmortales —que trascenderán el tiempo y el espacio— con títulos que parecen sacados de algún sketch de Les Luthiers: “Multinacionales que operan en Chile. Un estudio de los modelos de acción sindical en los casos de Starbucks, Walmart y Banco Santander”; o “La ingeniería civil en Chile. Una investigación sociológica sobre la educación, profesión y performatividad de una experticia en tiempos de crisis climática”; o “Antropología, indigenismo y política en la trayectoria intelectual de Alejandro Lipschutz: prácticas de la investigación militante en torno a los pueblos indígenas en Chile (1950-1973)”. O esta otra que se pasó: “Políticas de lo común ante procesos de expropiación y saqueo necropolítico (…) del SIGLO XXI”. Suma y sigue… Lo que nos costaron estos proyectos fuleros me recuerda a la fallecida Dolly Parton, que decía, “¿sabes lo caro que cuesta verse así de vulgar?”.

Creo recordar que el royalty minero se creó para financiar nuestro desarrollo tecnológico. ¿En qué minuto se distorsionó tanto su uso como para financiar estudios inútiles, en universidades mediocres, con cargo a la sufrida señora Juanita? En un país con 200 mil niños que asisten a escuelas unidocentes y donde hay carencias por todos lados, no podemos perder la brújula moral. Y sí, esta no es una discusión académica, es una discusión moral sobre el mal uso de recursos públicos por parte de un país con enormes carencias.

No se trata de declararles la guerra a las humanidades, pero sí de poner un freno al financiamiento público de los posdoctorados. Porque la plata no alcanza y hay que priorizar. Si por parte de una universidad alguien no obtiene una beca para sus estudios de ¡posdoctorado!, es probable que el estudio no valga la pena. Es como esas personas que piden prestada plata para proyectos que los bancos no financian. Por algo será.

Por eso me parece una siutiquería seguir insistiendo en que tenemos recursos para financiar estudios que tienen mucho de política, poco de academia y nada de ciencia. Y dedicar esos recursos a financiar programas cortos incluso para la educación técnico-profesional, para que alguien del Inacap pueda aprender a podar frutales en California o a manejar una lechería en Nueva Zelandia. O un estudiante del Dictuc que vaya a Singapur a aprender de la logística de un puerto o a Noruega a aprender a conciliar salmones con medio ambiente. Recordemos que en esto los académicos defienden sus intereses y la ministra defiende al contribuyente. No nos perdamos.