Los detractores del estado de excepción se han opuesto a él en nombre de la libertad y de la democracia. Lo acusan de iliberal. Sus partidarios enarbolan la necesidad de llevar seguridad a poblaciones y barrios tomados por el narcotráfico, aunque muchos están dispuestos a someterlo a mayores controles, morigerar su duración y las medidas que permite.

A partir de la experiencia en intervenciones en poblaciones tomadas por el narco hace ya algunos años, me parece que no cabe despreciar el argumento de que, quienes habitan en ellas, viven con miedo y ven severamente limitada su libertad. Hacerse cargo de esa verdad es un imperativo ineludible y urgente del Estado liberal y democrático.

Sin embargo, antes de entrar en una confrontación abstracta acerca de cuánta libertad estamos dispuestos a sacrificar para alcanzar la seguridad, vale la pena preguntarse si los sacrificios a la libertad y riesgos para la democracia que entraña el estado de excepción propuesto son o no necesarios, o siquiera convenientes, para llevar seguridad —y por ende libertad— a esos barrios.

A partir de la aludida experiencia, considero que las medidas que se proponen no se encaminan al fin que las inspira. Ellas no resultan aptas para devolver la paz a esos lugares.

El estado de excepción propuesto permitiría interceptar comunicaciones. Ello, al igual que otras medidas intrusivas, resultan indispensables. Si la intervención en esos barrios no se inicia con un contundente golpe a los narcotraficantes que se han enquistado en ellas, todo lo que siga será poco creíble. Un allanamiento masivo que recoja armas y drogas y detenga, necesita de tales interferencias. Pero, para ser exitosas, ellas deben llevarse a cabo sin aviso previo. Las medidas intrusivas del estado de excepción, en cambio, solo podrán adoptarse luego de decretarse pública y solemnemente para un determinado territorio. A partir de esa declaración, las bandas estarán sobre aviso y las interferencias posteriores no lograrán objetivo alguno.

La segunda medida es la suspensión o restricción de la libertad personal. ¿Cómo sabrá el Presidente a quiénes ordenar detener? Si hay pruebas contra ellos, bien valdría la pena formularles cargos, para así lograr una condena extendida. Si, a los 4 u 8 meses, los detenidos pueden volver en gloria y majestad, el temor, unido ahora a la decepción, hará presa de los vecinos. Las medidas puramente administrativas corren, además, el riesgo de suspender o limitar la libertad personal de vecinos que no participan en la actividad delictual. Ello deslegitimará la intervención a ojos de la población.

No avizoro de qué modo la restricción de los derechos de asociación y reunión, también incluidos, podrían ayudar a restablecer la seguridad de esas poblaciones.

Resta la presencia militar. Lo más difícil en estas intervenciones es lograr una vigilancia policial normal, ojalá con patrullaje peatonal. Esa es, probablemente la señal más clara y potente de que se ha triunfado contra el miedo impuesto por las bandas delictuales. La presencia policial de Fuerzas Especiales, en carros blindados, no fue capaz, entonces, de abatir el tráfico de drogas ni disminuir significativamente el temor. Probablemente tampoco lo lograría personal militar una vez que traficantes y vecinos constaten que, más allá de su presencia, se abstienen de las labores de prevención y de investigación que se necesitan.

El estado de excepción tiende a silenciar, además, lo que probablemente es más necesario para que una intervención sea exitosa luego del golpe inicial: el ingreso y permanencia estable de servicios educativos, de capacitación, salud, asistencia jurídica, recreación, trabajo comunitario y recuperación de espacios públicos tomados o deteriorados. Ello resulta indispensable para que los vecinos recuperen la confianza en sí mismos, menoscabada por el miedo, y puedan ejercer su libertad, fin último y necesario que debiera priorizar el Estado en esos lugares que ha abandonado.