Se ha reparado poco en lo que significa el proyecto de reforma constitucional que presentó el Gobierno y cuán modesto es su autor, al extremo que se resiste a reivindicar su obra. Se trata de un conjunto de reglas que pretenden dotar al Presidente, durante 240 días, del poder unilateral de suspender o restringir, a su arbitrio, derechos fundamentales. Presentado ese proyecto, y frente a algunas voces de su propio sector que se le opusieron (aunque durante unos días mantuvieron un pudoroso silencio), el Gobierno ha manifestado su voluntad de modificarlo.

Esos son los hechos. Y la gravedad que revisten es flagrante.

Porque no cabe duda de que quien lo ideó, el Presidente y los ministros que firmaron el proyecto —salvo que al hacerlo estuvieran bromeando— pensaban que lo que él contenía era correcto, que entregar tamaño poder al Presidente y restárselo al Congreso y privar de derechos a los ciudadanos durante ocho meses, estaba bien, que era lo adecuado, lo que correspondía. Es decir —salvo que el proyecto fuera una broma frívola o que ninguno de quienes lo firmaron lo entendiera, hipótesis que por ofensiva hay que descartar—, el proyecto representaba la convicción de quienes pusieron su firma en él. Es inevitable imaginar a los ministros y al Presidente comentando su contenido y felicitándose, al final de la dura jornada que hubieron de ocupar en redactarlo, por las ideas que él contenía.

Es difícil (salvo que la adhesión irreflexiva al Gobierno lo impida, o que los temores alimentarios hagan otro tanto; aunque por estos días parece haber de ambos) no considerar de la máxima gravedad un hecho como ese, que no es sino un síntoma de lo que pugna por salir en algunos sectores gubernamentales, esa pulsión por alcanzar el orden a cualquier costo, incluido, claro, el daño a los principios de la democracia liberal.

Por supuesto el asunto se simplifica diciendo que de lo que se trata es de proteger a la población, la que, para alcanzar la seguridad estaría dispuesta a sacrificar sus libertades. Ese argumento (que algunos comentaristas sugieren esgrimiendo encuestas para encontrarle alguna racionalidad a lo hecho por el Gobierno) es incluso peor. Todos saben, o debieran saber, que la gente invadida por el miedo es capaz de cualquier cosa; pero justo por eso existen los derechos fundamentales y las reglas: para impedir que aquello que la gente clama (¡basta de garantismos!, ¡fuera los jueces que no encarcelan!, ¡mano dura¡, etcétera) no se lleve a cabo, y para que la delgada capa que llamamos civilización y que consiste en someter a reglas la acción del Estado y dotar a los ciudadanos, incluso a quienes delinquen, de inmunidades frente al poder, subsista incluso cuando las mayorías atemorizadas clamen por que una mano dura, sin reglas, acabe con la delincuencia.

Tampoco es razonable atribuir ese texto a una improvisación, como lo sugirió el editorial de este mismo diario. Decir, o sugerir, que es el resultado de una improvisación es lo mismo que decir que nadie cree de veras lo que en él se dice, y que su texto en realidad fue fruto de un descuido, de un apuro finalmente excusable. Pero eso equivale a exculpar de toda responsabilidad al Gobierno por las ideas que subyacen a ese proyecto.

Algunos intelectuales que apoyan al Gobierno han tomado distancia, afortunadamente, del contenido de ese proyecto y han abogado (no con demasiada firmeza, todo hay que decirlo, pero al menos con claridad) por que se lo modifique. Pero la cuestión fundamental sigue en pie. Porque el proyecto, como es obvio, no es más que un resultado de las ideas, inconscientes o no, que bullen en la cabeza de algunos de quienes están en el Gobierno, que creen razonable entregar tamaño poder al Ejecutivo y sacrificar a ese extremo derechos fundamentales, ideas que el Presidente endosó. Y no basta, por supuesto, con constatar ese hecho y describirlo refugiándose en la neutralidad del análisis; es necesario adoptar un punto de vista crítico frente a él, rechazarlo y explicitar con claridad que algo así no solo es erróneo en sí mismo, como lo es, sino que revela las ideas subyacentes en el gobierno que decidió presentarlo.

En suma, cabría subrayar, no basta con oponerse al proyecto; es necesario tener alguna opinión explícita sobre quienes, formando parte del Gobierno, lo idearon, lo escribieron, redactaron y luego lo firmaron ¿O en estas materias no hay nadie responsable y estamos frente al viejo pretexto de un texto sin autor, de un texto en el que importa no su origen, sino su destino?