El caso del subsecretario cesado en su cargo por haber dado positivo en una prueba de drogas plantea varios asuntos de interés público.

Desde luego, un consumidor de drogas no puede ejercer un cargo público, como no puede cumplir ninguna función que requiera o demande sobriedad y un mínimo control de sí mismo. Un alcohólico debe seguir la misma regla y por las mismas razones. No se requiere imaginar extorsiones ni complicidades para llegar a la conclusión que, si alguien consume ese tipo de sustancias, no puede desempeñarse al menos en el Estado. No es que sea su vulnerabilidad la razón de ello. Es que la condición de agente de sus actos se ha deteriorado.

Tampoco deben caber dudas de que si una autoridad es consumidora, la ciudadanía tiene derecho a saberlo. La protección de la privacidad disminuye en todo aquello que es relevante para las funciones públicas que una persona ejerce. Hay una amplia gama de asuntos relativos a la vida personal que son indiferentes desde el punto de vista público y que, por eso, están protegidos por un deber de discreción. Pero aquellos aspectos de la vida personal que dicen relación directa con las competencias para un cargo —por ejemplo, la sobriedad o la falta de ella— han de estar expuestos al público.

Esos dos principios no han estado en cuestión en el caso del subsecretario de Hacienda que ha sido cesado en su cargo.

El problema ha surgido más bien a propósito de la prueba o la forma de acreditar el consumo y la manera de informar acerca de ello.

El Gobierno consideró que una primera prueba era motivo más que suficiente para relevar al subsecretario de su cargo. La razón fue meramente pragmática y centrada en el autointerés gubernamental. Se temió que si se esperaba el resultado de la contramuestra se acusara al Gobierno de lenidad o connivencia con las drogas. Y de ahí entonces —para evitar esa crítica— que se prefirió cesar al subsecretario, incluso en la conciencia de que el resultado de las pruebas podría no haber sido definitivo. En otras palabras, se prefirió que los costes del problema y de la incertidumbre recayeran sobre el funcionario y liberaran al Gobierno.

El exsubsecretario no fue víctima del laboratorio si es que hubo un error en la primera prueba, fue víctima del autointerés del Gobierno que trasladó a él el costo del probable error. Y, claro, fue también víctima de la prensa que el jueves tituló como si la segunda muestra hubiera sido positiva, cuando solo se trataba de que la primera muestra había sido testeada dos veces.

¿Algo que reprochar al Gobierno, entonces? Quizá sí, pero no hay que sorprenderse. La política está llena de cálculos utilitarios, es decir, de cálculos de consecuencias de las acciones que se adopten. Si esas consecuencias son lesivas para el Gobierno, entonces hay que eludirlas, esa es la máxima de lo que, en una versión mínima y algo vulgar, podría llamarse la versión contemporánea de la razón de Estado. ¿Algo que reprochar a la prensa? Mucho, porque con frecuencia quienes titulan las notas escritas, radiales y televisivas parecen no comprender un ápice de qué se trata aquello que pretenden comunicar y emiten opiniones con la liviandad de una conversación de sobremesa entre parientes, ¿qué justifica titular, en tono de alarma, como lo hicieron los medios el jueves, que el subsecretario “dio doble positivo” cuando bastaba leer el comunicado del laboratorio para advertir que ello no era más que el procedimiento habitual en la primera muestra?

¿Deberá el Gobierno retornarlo si se comprueba lo que el exsubsecretario ahora alega enarbolando los resultados de una nueva prueba?

En principio parecería que sí, que eso sería lo correcto. Pero de nuevo la razón de Estado —en la versión vulgar de que aquí se trata— se interpone. Si se le reincorpora, ¿significa que de aquí en adelante los alejamientos serán meramente condicionales, subordinados al resultado de un segundo examen? Si no se le reincorpora, ¿significa que de aquí en adelante la primera muestra será definitiva? Ninguna de esas alternativas parece buena.

La única solución consiste en establecer una regla estricta de privacidad hasta que la segunda muestra haya sido examinada, asumiendo el Estado el riesgo de las filtraciones. Pero con el compromiso de la más amplia divulgación una vez que los resultados de la segunda muestra se hayan obtenido. Y la prensa, por favor, leer antes de titular y titular después de comprender.