Si algo han mostrado estos primeros 100 días del gobierno de Kast es que la política es absolutamente imprevisible. ¿Quién habría pensado que las decisiones tomadas por una persona a 8 mil kilómetros de distancia de La Moneda acerca de una guerra en el otro extremo del mundo iban a desbaratar los planes económicos del nuevo gobierno?

Como si lo anterior fuera poco, sucede que la administración del FA/PC había dejado las arcas fiscales en un estado mucho peor que el previsto incluso por los cálculos más pesimistas.

Como todo esto fue muy diferente a lo planeado, hubo que cambiar los planes y llevar a cabo un doloroso ajuste en las expectativas de los gobernantes.

¿Qué más nos han mostrado estos 100 días? Una cosa obvia: el Kast de este tiempo no ha correspondido al cuco que nos presentaba la izquierda. Nos dijeron que venía Bukele o algo peor, y llegó lo que la mayoría de los chilenos ya sabíamos: un típico conservador, de maneras amables y ajeno al sectarismo.

Por otra parte, como muchos otros conservadores, Kast y sus asesores desconfían de los políticos profesionales. Por eso eligió un gabinete donde había pocas personas con amplia experiencia política. Fue una fórmula que, más allá de algunas diferencias, ya se había empleado en Piñera I, con magros resultados.

“Por donde pecas, pagas”. Llegó la tormenta y el Gobierno se vio en apuros, tanto en las encuestas como en la realidad. Sin embargo, JAK mostró capacidad de reacción, hizo algunos necesarios ajustes, y ya empezamos a ver algunos frutos en el campo de la seguridad, que es donde los ciudadanos reclaman un claro cambio de mano respecto de la anterior administración.

En estos días no ha habido cosas espectaculares, pero se aprecia un ambiente distinto: sin perjuicio de ciertas disputas poco elegantes, en los ministerios se trabaja en serio y en la vida pública han reaparecido las sobrias formas republicanas que muchos echábamos de menos. Además, el hecho de tener en el aparato estatal a un buen número de gente que está preocupada de sacar los proyectos adelante, en vez de hacer zancadillas a los privados, debería notarse en el mediano plazo. No sé si este gobierno pasará a la historia, pero al menos va a dejar muchas cosas funcionando, lo que agradeceremos.

Sin embargo, en el horizonte asoman algunos nubarrones. El primero es la acusación contra el exministro Grau. Aquí resulta fundamental que los parlamentarios entiendan que este es un recurso absolutamente excepcional, para casos gravísimos. Lamentablemente, derecha e izquierda han abusado de él. Se vio en la Unidad Popular y también se han generalizado esos abusos desde 2003, especialmente desde la crisis de 2019.

Todos son responsables de este deterioro, pero más la derecha. Ella siempre ha pretendido defender la importancia de respetar las instituciones republicanas.

A muchos les gustaría tener por largo tiempo al Sr. Grau fuera de la esfera pública, ojalá dedicado a sacar adelante una pyme, pues así conocería la dura realidad de los emprendedores chilenos. Eso le haría bien a él, y también a sus amigos. Pero las acusaciones constitucionales no están para educar a la gente, sino para castigar situaciones de mucha gravedad, expresamente señaladas en la Constitución, que en estas materias debe ser interpretada de modo restrictivo. Las torpezas deben ser castigadas con el repudio de la ciudadanía, no con la inhabilitación por cinco años.

¿No podía el Gobierno haber puesto un poco de disciplina entre sus partidarios en una materia que afecta a las instituciones y al futuro de sus propios ministros? En unos años (o meses) más la izquierda se lanzará en masa contra el ministro Quiroz, y esa revancha se verá facilitada por estos malos precedentes.

Al menos, un grupo transversal de parlamentarios, desde el FA a la UDI, se ha atrevido a proponer una modificación constitucional que ponga un poco de orden en este caos.

Lamentablemente, hay otro autogol a punto de consumarse. Sabemos que el país necesita dinero con urgencia, pero algunos quieren buscarlo en mal lugar y de mala manera. ¿No se dan cuenta de que gravar con impuestos ciertas actividades ilegales (sean las apuestas en línea o cualquier otra) es una práctica que afecta el núcleo del proyecto republicano de regeneración del país?

Alguien tiene que poner orden. Y esa persona solo puede ser el Presidente de la República, si no quiere perder el único activo que nadie puede quitarle a menos que él mismo lo dilapide: su credibilidad.