Las iniciativas gubernamentales ingresadas esta semana en materia de migración y seguridad son inquietantes, pues es altamente probable que generen tan intensos como infructuosos debates. ¿Será eso lo que persigue el Gobierno?

En materia de migraciones, el proyecto de reforma constitucional busca ampliar de cinco días a seis meses el plazo máximo en el cual el Estado puede detener a un migrante mientras gestiona su expulsión. De aprobarse esta norma, el Mensaje no considera el problema carcelario que se enfrentará. La privación de libertad no puede hacerse sino en cárceles o lugares públicos destinados a ese objeto. El Mensaje no innova en esto. La detención que duraba hasta cinco días podía hacerse en cuarteles policiales, pero cuando se trate de varios meses, eso exigirá de espacios en cárceles. Estos espacios deben ser segregados, pues nadie les ha imputado a esos migrantes un delito. Deberán habilitarse lugares para niños, pues, de otra manera, por reunificación familiar, no se podrá expulsar solo a los padres. Si se deja libres a los niños, habrá que volver a ubicarlos para que viajen con sus padres, lo que ya sabemos no resulta fácil. Alojar a esos migrantes y a sus hijos en cárceles tendrá un alto costo financiero, del que el proyecto no se hace cargo, como tampoco aborda la cuestión de las plazas carcelarias que no podrán destinarse a personas que han cometido delitos para encerrar a los migrantes detenidos. Se estirarán las sábanas para cubrir a migrantes y se hará aún más insuficiente un instrumento esencial para enfrentar la delincuencia. ¿Valdrá la pena?

¿Cuál es la razón para esta exorbitante extensión del plazo? Según el Mensaje, que el Estado pueda gestionar la identificación y expulsión de los migrantes. Pero ocurre que, en 180 días, Haití no tendrá documentos de identidad confiables, ni restableceremos relaciones con Venezuela. Si de lo que se trata es de gestionar un vuelo, los cinco días actuales resultan prudentes.

En materia de incivilidades y actos vandálicos, el Gobierno finalmente presentó su proyecto. Queda claro que no se trata de crear nuevos ilícitos, sino de agregar sanciones a algunos de los existentes. El listado de delitos y faltas que debieran recibir estas nuevas sanciones resulta difícil de entender. A actos que, razonablemente, pueden llamarse vandálicos e incivilidades se agregan otros que nadie calificaría como tales, como es el homicidio de un carabinero. De aprobarse y aplicarse este texto, varias de sus sanciones serán masivamente cuestionadas como inconstitucionales, pues algunas lo son abiertamente, como la pérdida de la PGU, y la mayoría son discriminatorias: ¿cómo justificará el Estado aplicar las sanciones extras por la muerte de un carabinero o de un fiscal, si no las tiene matar a un gendarme o a un funcionario de la PDI? ¿Cómo justificar esta sanción extra para quien consuma drogas en la vía pública y no para quien maneja un vehículo bajo los efectos de las mismas? Quitar becas y gratuidad en los estudios superiores a jóvenes que adquieran o posean drogas privará a algunos de ellos de la posibilidad de continuar estudiando, lo que, lejos de alejarlos, los acercará más a carreras delictuales. El país tendrá más y no menos delincuencia. El Mensaje no consigna tampoco cuántos de los actos propiamente vandálicos, como el rayado o la destrucción de juegos en plazas, se persiguen y sancionan hoy efectivamente. No parecen existir estadísticas disponibles. Es probable que no las haya porque hoy no se persiguen estos ilícitos. El Ejecutivo decide agregarle una sanción más, sin antes afirmar que aumentará su persecución ni explicar cómo ha de lograrlo, sin detrimento de la persecución de otros delitos.

Si los proyectos no sirven para enfrentar los problemas que identifican y crearán nuevos, surge, legítimamente, la pregunta de para qué se obliga al Congreso a discutirlos. Lo que está garantizado es que ellos provocarán intensos debates emotivos e ideológicos, en los que los extremos reclamarán la lealtad de los del centro. La política, en el Congreso, se hará más confrontacional y polarizada y menos eficiente. ¿Será ese el resultado que se persigue? ¿Seguir subiendo la temperatura de la reyerta política?