La reciente encuesta CEP, cuyo trabajo en terreno se realizó entre el 18 de abril y el 27 de mayo, esto es, desde que el Presidente Kast envía al Congreso la megarreforma hasta cinco días antes de su primera cuenta pública, entrega señales importantes.

El pesimismo respecto a la economía contrasta con las expectativas para el país. En esta edición, un 32% piensa que la situación económica del país mejorará en los próximos doce meses. Esta cifra no es baja, ya que el promedio durante el gobierno anterior fue de solo un 20%.

La irrupción del narcotráfico es preocupante. Por primera vez entra a ser una de las tres grandes preocupaciones de la ciudadanía, después de delincuencia y salud, igualando a educación. No solo eso: los encuestados piensan que es una de las tres principales causas de la delincuencia, desplazando a la inmigración irregular como una de ellas. El narcotráfico ya no es solo una amenaza para los chilenos. Es una realidad.

Otra sorpresa es cómo ha mejorado la confianza en nuestras instituciones. Si la PDI lidera con un 63%, la siguen las universidades con un 61%, Carabineros con 58% y las FF.AA. con 57%. Respecto a la medición anterior, aumentaron de manera significativa las radios, de 43 a 50%; las municipalidades, de 25 a 34%; las empresas privadas, de 27 a 32%; el sistema de salud, de 25 a 30%; la Iglesia Católica, de 25 a 30%; el Gobierno, de 20 a 28%; los tribunales de Justicia, de 16 a 24%, y el Ministerio Público, de 17 a 22%. Hasta el Congreso sube de un 8 a un 13% y los partidos políticos de 4 a 6%. Es más, un 54% de los encuestados cree que la democracia es la mejor forma de gobierno. Pareciera que renace un anhelo de aferrarnos a lo conocido.

Respecto al tamaño del Estado, un 66% cree que el número de empleados públicos es “alto o demasiado alto”. También observamos que la responsabilidad fiscal es valorada: un 54% cree que la actual deuda pública es “muy grave o bastante grave”. No solo eso, un 83% considera que es prioritario reducir el gasto en la administración del Estado para mejorar la situación de las finanzas públicas. La salud fiscal ocupa su sitial.

Como si hubiéramos aprendido la lección, los profundos cambios desde el estallido social se consolidan con fuerza. Si en diciembre del 2019 un 59% justificaba participar en una marcha como forma de protesta, esa cifra hoy solo alcanza un 35%. Es más, ahora un 39% “nunca o casi nunca” siquiera justificaría una marcha. El respeto por el Estado de derecho es evidente: hoy un 85% no justificaría que las personas ocupen terrenos privados; un 73%, evadir el pago del transporte público para protestar cuando su precio sube; un 90%, participar en barricadas o destrozos como forma de protesta; un 94%, ser parte en saqueos como forma de protesta, y un 95%, provocar incendios en edificios y locales comerciales como forma de protesta. Por si fuera poco, un 76% está en desacuerdo con que los estudiantes se tomen los colegios y universidades como forma de protestar. El horno ya no está para esos bollos.

El llamado al orden es fuerte y claro. Si en diciembre del 2019 solo un 29% justificaba que Carabineros utilizara gases lacrimógenos, esta cifra ha aumentado a un 60%. Por si fuera poco, hoy un 76% justificaría que use la fuerza contra un manifestante violento, es decir, 34 puntos más que en diciembre de 2019. Y el uso correcto de balines de goma alcanza un apoyo del 48%; dos meses después del estallido era solo un 18%.

Finalmente, la identificación con los partidos ha aumentado a un 44%; una cifra que no se veía desde Bachelet 1. Y la aprobación del gobierno de Kast alcanzó un 34%, la cifra más alta en los últimos 8 años. Como puede ver, las señales son realistas, pero también alentadoras.