El concepto denota el desarrollo de una conducta, personal o colectiva, que significa indisposición a reconocer iniciativas o argumentos que otros exponen, sin considerar que pueden ser válidos, sensatos y hasta un aporte. En política, es el rechazo a moderar posiciones, a la negociación con el adversario, algo tan esencial del manejo político en un sistema democrático. Porque no se trata de forzar proyectos o planteamientos, sino de alcanzar consensos con agrupaciones cuyos idearios son distintos, teniendo por sobre todo el bien general del país.

El asumir o portar una posición ideológica o doctrinaria en forma rígida suele ser un impedimento, máxime de predominar el dogmatismo, sosteniendo principios intransables y lenguaje divergente. En otras palabras, ser incapaz de someter las propias convicciones al diálogo o análisis crítico. Una de sus manifestaciones más graves es la polarización, bandos políticos opuestos que se descalifican mutuamente, casi por norma.

Comportamiento que, desde hace tiempo, venimos observando que predomina en nuestro sistema político, lo que está señalando desafección democrática. El triunfo presidencial de unos se considera inaceptable por los rivales, y prestamente se programa la estrategia opositora y su ejecución. Un mal presagio, porque extremándose las posiciones —algo que conocemos— pueden derivar en conflictos de cierta magnitud, institucionales, sociales y económicos, y hasta llegar a ser dramáticos. Ejemplos históricos de esta presunción hay varios. Unos trágicos mundialmente, que han desembocado en guerras civiles. Por nombrar algunas: la de Estados Unidos (1861-1865), la española (1936-1939) y la nuestra (1891), por las posiciones irreductibles entre el Presidente Balmaceda y la élite dirigente que dominaba el Congreso Nacional. Una realidad que derivó en antagonismo irreconciliable, conduciendo al país al conflicto armado. Fue por leyes presupuestarias, algo simple, pero es que la intolerancia enceguece y acelera las pasiones. Rememoremos, por otra parte, que durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva asomó la primacía de posiciones ideológicas, que fue profundizándose al punto de llegar a ser patente durante la administración de la Unidad Popular y Salvador Allende. Este proceso sepultó el consenso político existente desde mediados del siglo XX y sabemos cuál fue el resultado provocado por aquel extremismo.

No está de más recordar una realidad opuesta. En agosto de 1985, un grupo de dirigentes de distinto signo partidario pudo consensuar posiciones y suscribir el “Acuerdo Nacional para la transición a la plena democracia”, el cual pavimentó el camino para la recuperación de la vida republicana en Chile. Pensaron en el país, más que en sus partidos e ideología.