Escuchando algunas declaraciones de las últimas semanas, se podría concluir que los municipios chilenos están al borde de una crisis financiera sin precedentes. Sin embargo, los datos muestran una realidad muy distinta. La discusión sobre la nueva exención de contribuciones para los adultos mayores que se discute en el Congreso, en el marco de la ley para la Reconstrucción y el Desarrollo Económico y Social, ha estado marcada por pronósticos alarmistas que difícilmente resisten el contraste con la evolución efectiva de las finanzas municipales durante las últimas décadas.

Los alcaldes han entrado con fuerza al debate sobre la nueva exención del pago del impuesto territorial para los adultos mayores: en general, alcaldes y otros actores políticos señalan que los municipios de Chile se desfinanciarían.

Pero el Gobierno se ha comprometido a compensar, mediante un mayor aporte al Fondo Común Municipal, los menores recursos que ingresarían a dicho fondo producto de esta nueva exención. Por lo tanto, para la inmensa mayoría de los municipios del país, el efecto sobre sus finanzas será prácticamente nulo. Para un número acotado de municipios, la menor recaudación superaría el 2% de sus ingresos totales, lo cual lo más probable es que se diluya debido al crecimiento sostenido de la recaudación del impuesto territorial y de otras fuentes de financiamiento municipal.

La trayectoria es clara: entre 1990 y 2024, los ingresos municipales aumentaron, en términos reales, en casi un 1.000%, mientras que los del Gobierno central algo más de un 400%. Mientras los ingresos del Gobierno central se multiplicaron por poco más de cinco veces, los de las municipalidades lo hicieron casi por once. Solo en la última década, los ingresos municipales crecieron un 60% real, mientras que los del Gobierno central aumentaron un 43%.

Nadie dice que los ingresos municipales sean excesivos, pero los municipios son el nivel de gobierno cuyos recursos más han crecido durante las últimas décadas.

Por su parte, en los últimos 10 años, la recaudación del impuesto territorial aplicado a los bienes raíces no agrícolas ha venido aumentando en términos reales todos los años, en promedio un 6,3% al año. Incluso cuando el año 2014 se aprobaron las actuales exenciones para los adultos mayores —y que hoy benefician a casi 200.000 viviendas— lo recaudado por contribuciones aumentó más de un 7%.

Llaman la atención los reparos a la propuesta del Gobierno desde un punto de vista del impacto en el financiamiento municipal a la luz de dos precedentes: cuando en 2014 se aprobó la actual exención del pago del impuesto territorial para los adultos mayores, sin compensación alguna a los municipios por la menor recaudación, los senadores votaron prácticamente en su totalidad a favor. Tampoco se compensó el año pasado a los municipios por los mayores ingresos que habrían recibido este año de no haberse suspendido por un año el reavalúo de los bienes raíces no agrícolas. Este reavalúo probablemente habría generado una recaudación adicional cercana a $253 mil millones, pero hoy se habla de desfinanciamiento en relación con $70 mil millones de eventuales menores ingresos. Esa suspensión sin compensación también fue respaldada en forma transversal en el Congreso.

Desde que emergió hace años la propuesta de eliminar las contribuciones, las opiniones al respecto han confundido críticas políticas con comentarios técnicos. Con ese trasfondo, vale la pena tener al menos claridad sobre la realidad de las finanzas municipales, la que no incluye el riesgo de desfinanciamiento del sector.

Tampoco contribuye al debate que la crítica alarmista se acomode y reacomode en función de la cercanía o distancia política con el Gobierno de turno. Como ya se ha planteado, recordemos que no hay que ir muy atrás para detectar la inconsistencia: recién el año pasado se acordó transversalmente suspender un reavalúo que implicó un menor crecimiento para los ingresos municipales tres veces mayor que la propuesta actual del Gobierno y que, a diferencia de esta, no tuvo ninguna compensación. Al igual que en 2014, nadie reclamó. Y no pasó nada. Aunque en realidad sí pasó algo, los ingresos municipales siguieron aumentando.