Esta semana han ocurrido dos cosas en apariencia banales; pero que, bien miradas, ayudan a discernir un asunto de interés público.

En un encuentro de alcaldes, algunos de ellos increparon a viva voz al Presidente de la República que asistía a la cita. En otra ocasión, el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (afortunadamente el apellido del ministro es también largo, de manera que no desentona con el título del ministerio a su cargo), el ministro, digo, Francisco Undurraga, fue objeto de lo que llamó una “encerrona” cuando asistía a una representación de “La pérgola de las flores”. Habría sido increpado y abucheado y obligado, sin aviso previo, a sentarse al lado de la anterior ministra (esto último, inexplicablemente, molestó al ministro).

Ambos incidentes fueron catalogados de inadmisibles y faltos de respeto, y no faltó quien incluso vio en ambos semillas —¡Dios nos libre!— de octubrismo.

¿Habrá motivos razonables para quejarse por lo que en esos encuentros ocurrió?

Aparentemente sí. Tanto el Presidente como el ministro, podría argüirse, si no merecen genuflexiones ni reverencias, al menos merecen respeto en sentido no moral, concebido como esa liviana forma de hipocresía que consiste en mantener los modales y que “el falso rostro oculte lo que el falso corazón sabe”. La discrepancia sería legítima, como se ha insinuado a propósito de ambos incidentes, cuando esas formas se mantienen o se simulan.

Hay algo de cierto en esa argumentación; pero si se generalizara, si pudiera en todo momento demandarse de quienes asisten a un encuentro masivo con la autoridad, mantenerse circunspectos a pesar de la molestia que la figura en cuestión, su política o sus ideas le causen, si eso pudiera hacerse o si eso se estableciera como regla para juzgar el comportamiento, el derecho a proferir o manifestar el propio punto de vista se vería severamente limitado y la gente acabaría prefiriendo la mudez y entonces la autoridad quedaría atrapada en el engaño y creer que todos asienten a lo que dice y aceptan su desempeño. Unos mudos y fingiendo y la otra crédula e ignorante.

Quienes ejercen cargos públicos —el Presidente, un ministro, un senador, un diputado— están expuestos inevitablemente no solo al juicio crítico de los ciudadanos, sino también a sus humores que ellos, en ocasiones, dejan ver cuando la paciencia se les agota o cuando reaccionan irreflexivamente frente a una medida.

Y el funcionario, Presidente o ministro, no debe extrañarse.

Es que la autoridad no debe incurrir en el equívoco de creer que, por serlo, tiene auctoritas (una palabra derivada de auctor, quien promueve y funda o, según algunos, de augeo, el que aumenta), que es como los romanos llamaban a la legitimidad espontánea, al poder moral surgido del mero prestigio e independiente de cualquier cargo. Solo tiene potestas.

La auctoritas despierta respeto genuino; el cargo confiere potestas y por sí mismo solo merece obediencia.

Lo anterior permite entender por qué los actores o algunos de ellos o los asistentes a esa obra abuchearon al ministro, lo pifiaron y maldijeron. La razón es obvia: desde el punto de vista de los actores culturales, el ministro carece de auctoritas, solo tiene potestas. Ser ministro de Cultura, desempeñar ese cargo, sin tener mayor relación con la cultura en una relación antropológica (en el sentido de que todos los individuos humanos son seres culturales) no puede conferirle auctoritas frente a quienes han hecho de la creación su vocación vital, sino apenas potestas y esta última no ha sido puesta en cuestión, puesto que se le ha obedecido.

En el caso del Presidente la situación es la misma, con una precisión. Ningún presidente, ni de derecha ni de izquierda, surgido de la lucha electoral en medio del pluralismo democrático puede aspirar a la auctoritas. Solo puede esperar la potestas. Por eso Max Weber observa que en la democracia de masas lo que los romanos (ya en las XII Tablas) llamaban auctoritas ha sido apenas sustituido por el carisma.

Y de eso tampoco hay demasiado.