El Gobierno ha sintonizado con la opinión pública al anunciar el proyecto de registro de vándalos e incivilidades. Según Cadem, la medida suscitó un 87% de apoyo entre sus encuestados. Es notable constatar que es la misma ciudadanía que hace seis años miraba con benevolencia, cuando no aplaudía, los actos para los que hoy reclama castigo.

El proyecto de ley aún no se hace público, pero el anuncio oficial es que cubrirá los atentados contra carabineros y personal de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública, el rayado a la propiedad pública y la destrucción de equipamiento comunitario.

Todas las conductas anteriores están ya tipificadas, la mayoría como delito. Así, por ejemplo, lanzar una bomba molotov a un carro policial tiene asignada una pena de 3 a 5 años de cárcel. Los que podrían parecer más leves, también son delitos o faltas. Por ejemplo, el consumo de drogas e incluso el porte de ellas en lugares públicos tiene pena de multa que parte en 150 mil pesos y puede llegar a un millón y medio, más las accesorias de trabajo comunitario y suspensión de la licencia de conducir. El daño a monumentos o a cualquier bien de uso público tiene hoy asignada una pena que se gradúa según la magnitud del daño. La sanción menor es de multa no inferior a un millón y medio de pesos y puede llegar a 5 años de cárcel. La misma pena tiene asignada la interrupción del transporte público.

Toda condena por un delito se registra. La autoridad tiene acceso a los prontuarios. El anunciado registro ya existe, solo está a un clic de distancia.

Si no es necesario crear un registro que ya existe y los hechos ya tienen asignadas penas. ¿Qué más se necesita? ¿Agregarles penas anexas de pérdida de beneficios sociales o dar eficacia a la ley vigente? ¿Valdrá la pena invertir tiempo y energía en nuevas sanciones o será mejor hacerlo en gestionar a policías y guardias municipales para que persigan estos hechos y al Ministerio Público para que los persiga? ¿Es posible hacerlo sin desatender los delitos más graves? ¿Será una nueva ley con más penas o la aplicación de las que existen lo que disuadirá a los vándalos de sus actos?

Para responder estas preguntas, cabe analizar las nuevas sanciones que se anuncian: Por ahora son la pérdida de la gratuidad en los estudios superiores y del derecho a la PGU y la prohibición de adquirir propiedades y vehículos motorizados.

La pérdida de la PGU tiene tres problemas no menores: El primero es que una ley así sería inequívocamente inconstitucional, desde que la Constitución prohíbe aplicar como pena la pérdida de derechos previsionales. El segundo es que la mayor parte de las incivilidades son cometidas por adolescentes o jóvenes. Amenazarlos con que perderán derechos de jubilación 40 o 50 años más tarde no parece disuasivo. La tercera es que aplicar esa sanción 50 años después, cuando ya la persona ha sufrido profundas transformaciones, parece torpe e injusto.

La pérdida de derecho a la gratuidad en los estudios presenta el inconveniente de privar al que cometió el acto vandálico de la vía más poderosa de resocialización.

No poder inscribir propiedades a su nombre es de dudosa constitucionalidad, pues la Carta Fundamental asegura el derecho a adquirir propiedades y prohíbe confiscarlas como pena. Al igual que en el caso anterior, la sanción no parece muy atinada, pues es probable que la adquisición de una propiedad raíz sea una señal de integración social.

Todos los casos anteriores podrían además cuestionar si no se les está diferenciando arbitrariamente con aquel que conduce en estado de ebriedad, con el que profiere insultos racistas o con el autor de innumerables otras conductas a las que no se anexaría la pena de pérdida de beneficios sociales.

Muchos de quienes incurren en incivilidades y actos vandálicos se encuentran al inicio de carreras delictuales. Desatender esas conductas ha sido un error. Perseguirlas no requiere ni de registros ni de nuevas penas, sino de gestión. Si se quieren cambiar las sanciones, habría que pensar en la disuasión, la reparación y la resocialización; apuntando al acompañamiento y al control, mucho más que a la pérdida de derechos.

Por desgracia, en esta materia, el Gobierno ha preferido lo llamativo a lo eficaz.