Casi siempre los problemas comienzan con un malentendido, es decir, con un tropiezo intelectual. Ocurrió cuando los males de la educación se atribuyeron al lucro. El tiempo demostró que el asunto era más complejo.

Hoy, algo semejante —mal entender un asunto— podría ocurrir con la seguridad ciudadana.

Frente a delitos como el padecido por el exministro del Tribunal Constitucional Iván Aróstica, la reacción inmediata es la de reclamar mayor dureza y presencia policial y en su defecto, manejar armas.

Y, sin embargo, el asunto es más complejo.

Ninguna sociedad descansa solo en la fuerza o en el castigo penal. Una sociedad segura no es lo mismo que una sociedad bajo coacción permanente. Lo sugirió Talleyrand cuando dijo que se puede hacer cualquier cosa con las bayonetas, menos sentarse sobre ellas. Y sentarse es la forma natural de mandar, como lo muestra el hecho de que el símbolo del poder suele ser un trono o una silla curul. Lo que entonces Talleyrand quiso decir es que el orden es algo que les viene a las sociedades desde dentro y no algo que se impone desde fuera. Es lo que Gramsci, o Gonzalo Vial entre nosotros, llama consenso, esa convergencia muda en torno a lo que debe ser y lo que no. Por eso el Presidente Kast debe evitar la idea —demasiado gruesa— de que se trata de imponer orden.

No es exactamente eso lo que hay que hacer.

Lo que hay que hacer es crear orden —repitámoslo: crear orden—, y eso supone desplegar un conjunto de acciones, algunas simbólicas y otras materiales, en las ciudades, en la escuela, en los barrios, que permitan a las personas sentir que forman parte de una comunidad, cuyos valores y cuyos bienes materiales, pero también espirituales, interesa preservar.

Y es que —esto se ha dicho infinidad de veces, pero vale la pena repetirlo— el problema de la seguridad es el fruto de muchos factores a los que una política de seguridad debiera, siquiera en el horizonte, atender. Espacios públicos envilecidos (aún se tolera que se emplee a la Alameda de letrina, incluso a pasos de La Moneda); la segregación de la ciudad (Santiago es una ciudad geográficamente estratificada); los distintos recursos con que cuenta cada comuna (amenazados hoy con el fin parcial de las contribuciones territoriales); la tolerancia hacia las incivilidades cotidianas (hoy no es raro ver a personas vaciando el vientre a la vista de transeúntes o automovilistas); el problema de la crisis de autoridad en los colegios (que el ministerio del ramo parece querer resolver solo con medidas físicas de control); la baja penalidad de algunos delitos y en cualquier caso, la poca probabilidad de que se les aplique, son solo algunos de los factores que inciden en los niveles de inseguridad ciudadana, que no es más que el revés de la extendida anomia que se experimenta hoy.

Detengámonos brevemente en el caso del delito perpetrado contra el exministro Aróstica. En él habrían participado niños o adolescentes, uno de los cuales resultó muerto. Esta circunstancia suele explicarse de manera sencilla (la penalidad es baja, los niños buscarían gratificación inmediata en la droga o en el crimen, se dice). Pero ¿acaso el hecho de que se trate de niños (ha habido casos con 11 o 12 años) no es en sí mismo, al margen de esos factores, alarmante? Las sociedades se mantienen cuando son capaces de transmitir una mínima conciencia moral a los recién llegados a este mundo. Es la tarea de la escuela, de los profesores, de la familia, de la iglesia, de los líderes de opinión, de los políticos. Es necesario, pues, detenerse y pensar en las escuelas, en la crisis de autoridad que viven los profesores, en la familia que ya no orienta, o en las iglesias, que ya no parecen persuadir, o en el fútbol que ya no sublima la violencia, sino que da ocasión para que se la ejercite, o en la cultura que ya no alienta el esfuerzo, o en la política a veces ocupada de hacer payasadas, o en los medios de comunicación demasiado ligeros.

Uno de los problemas que producen los noticieros de la televisión es que, al prestar atención a los crímenes y atentados violentos, llevan a pensar a las audiencias que el problema es la falta de dureza u oportunidad en la reacción policial. Y es cierto; pero también es cierto que no es solo eso lo que resolverá el problema. La solución Bukele (así podría llamarse la mera apelación a la fuerza) no es que arriesgue violar derechos (algo que no es probable ocurra en Chile), sino que estimula una manera errada de apreciar la cuestión de la seguridad ciudadana e induce al político (tan sensible a la aprobación ligera) a adoptar medidas incorrectas.

Por supuesto, sería injusto poner sobre la agenda del nuevo ministro de Seguridad la tarea de ocuparse de ese cortejo de factores que aparecen cada vez que este problema se plantea. Es la agenda gubernamental la que se debe hacer cargo de esos problemas y mostrar capacidad reflexiva acerca de ellos en su conjunto. Porque ese parece ser el problema que aqueja al Gobierno cuando de la seguridad se trata. Creer que la seguridad le pertenece al Ministerio de Seguridad. Es un error. Le pertenece al Gobierno en su conjunto.

Y es imprescindible que pronto —la Cuenta Pública del Presidente es la oportunidad— formule algunas ideas bien razonadas acerca de ella.