De quienes lideraron la transición a la democracia aprendí que la indignación moral no es una buena consejera de la actividad política. He intentado ser fiel a ese ejemplo. Sin embargo, ese límite parece tener sus límites y una iniciativa legal, me parece, merece sobrepasarlo.

El Gobierno ha presentado una indicación a un proyecto de ley iniciado por su antecesor que modifica la Ley de Extranjería. Conforme a ella, todo órgano de la Administración del Estado, incluyendo los de salud y de educación, sean públicos o privados, quedan obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria y a la autoridad contralora los antecedentes que estas requieran, incluidos el domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico y demás datos personales de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación.

Los extranjeros con procedimiento migratorio en trámite son personas que se encuentran legalmente en el país y han solicitado una prolongación de su visa. También pueden serlo aquellos extranjeros a quienes se les ha vencido el permiso de residencia a la espera que el Estado les responda si se los extiende o no. Pueden entenderse también incluidas las personas que han ingresado ilegalmente al país y se han autodenunciado, solicitando refugio o que se empadronaron con el objetivo de ser regularizadas. De ese modo, deberán ser denunciados solo quienes han manifestado su interés de integrarse regularmente y no están comprendidos quienes ingresaron y permanecen clandestinos, pues ellos no son extranjeros con procedimiento migratorio en trámite. A estos la norma no los alcanzará. Tampoco rige una obligación análoga para los chilenos con orden de detención pendiente.

El efecto principal que tendrá la regla será que las personas con procedimientos migratorios en trámite temerán ir ellos y llevar a sus hijos a atenderse en centros de salud. Enfermarán y, en casos extremos, morirán o acudirán a medicina clandestina. La población entera estará más expuesta a enfermedades infecciosas.

Los migrantes en situación irregular también recelarán de enviar a sus hijos a las escuelas. Aumentará el ausentismo y la desescolarización de niños cuya única mácula es que sus progenitores migraron con la esperanza de salvar sus vidas o encontrar aquí una mejor. Es conocida la incidencia que tiene la desescolarización en el inicio de carreras delictuales. El Estado la promoverá.

El profesor y el médico quedan obligados a ser delatores. Se dañará la confianza en relaciones donde ella es más necesaria.

Casi está demás decir que una norma así es inconstitucional. La Constitución asegura a todas las personas —no hace distinción alguna entre chilenos y migrantes— que el Estado “protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud”. El Estado haría aquí exactamente lo contrario: el acceso a la salud dejaría de ser libre e igual para un grupo de personas, cuyos datos personales deberán ser delatados, si se atreven a concurrir. Otro tanto ocurre con el derecho a la educación, el que el Estado se encuentra obligado a promover y con la libertad de conciencia de profesores y médicos.

La norma arriesga también la responsabilidad internacional de Chile. La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores y de sus familiares, de la que nuestro país es parte, otorga a estos el derecho a recibir atención médica de urgencia —en igualdad de condiciones que los nacionales—, la que no podrá negarse por motivos de irregularidad en lo que respecta a la permanencia o al empleo.

La indicación es particularmente impropia de un gobierno cuyas autoridades suelen hacer pública su fe cristiana en sus discursos públicos. ¿Como conciliar la iniciativa con las enseñanzas de la parábola del Buen Samaritano, donde precisamente el texto bíblico se sirve de un extranjero que pertenece a un pueblo que vivía en dificultades con los judíos como admirable en compasión y fraternidad, al ser el único que socorre al judío herido?

Es de esperar que la metáfora de despertar los instintos animales, que tanto inspira a los economistas neoliberales, no nos conduzca a comportarnos como tales con otros seres humanos en estado de necesidad.