La avalancha de indicaciones para dilatar el proceso legislativo —unas 1.603 observaciones a unos 50 artículos— es la constatación de una realidad política que se arrastra hace tiempo. En sus gobiernos Piñera intentó promover y buscar consensos. Le fue mal. Incluso intentaron derrocarlo. Por si fuera poco, los treinta años más exitosos de nuestra historia, al alero de los acuerdos y la buena cocina, fueron ferozmente atacados por la nueva generación de izquierda.

A fines del 2009, pese a los coletazos de la crisis financiera, había optimismo y confianza en el futuro. En la encuesta CEP de octubre de ese año, un 49% de los chilenos pensaba que la situación económica del país mejoraría en los próximos 12 meses. Fue la cifra histórica más alta. Con Boric solo un 20% estaba optimista. En el 2009 un 57% creía que Chile estaba progresando. Nuevamente la cifra histórica más alta. Bajo el gobierno del Frente Amplio solo un 14% creía que Chile progresaba. Y para finalizar esta comparación, al cierre de su primera administración, Bachelet registró una aprobación del 78%, la más alta de la serie histórica. En cambio, Boric obtuvo una aprobación promedio de solo un 26%. Todo ha sido un lento y gradual proceso de deterioro.

Es evidente que la relación con la política ha cambiado no solo en Chile, sino también en el mundo. De la confianza en el Congreso y los partidos políticos, mejor ni hablar. Los tiempos y los ánimos no parecen estar del lado de los entendimientos. La cantidad de indicaciones, definida por un diputado del PPD como un “tsunami de sufrimiento para crear un infierno”, es el reflejo de un nuevo contexto que puede entristecernos, pero no debe sorprendernos. La reacción de Cristián Warnken en una carta a este medio refleja esa nostalgia sobrepasada por los hechos. La centroizquierda de los grandes acuerdos “se ha convertido en una oposición obstruccionista” que “ha terminado por sumarse una vez más a la izquierda radical, traicionando su historia, su legado, su seriedad y su compromiso democrático”.

Sus palabras no son duras: son una realidad que se arrastra. En el momento más duro del segundo gobierno de Piñera, cuando el parlamentarismo de facto jugaba con el Estado de derecho, el presidente del Senado invitaba al Presidente de la República a pasar a la segunda línea. Eran los tiempos de la primera línea. La violencia campeaba. Luego vino la locura de la Convención Constitucional. Apruebo Dignidad avanzaba como un coro trágico guiado por el fanatismo. Gran parte de la izquierda apoyó ese salto al vacío o mantuvo un silencio cómplice. El embrujo de esa utopía no tenía fronteras. Ni siquiera el Presidente Lagos, una figura transversalmente respetada, se atrevió a remar contra esa corriente. Su silencio, sin embargo, fue interpretado como una señal.

En este nuevo contexto de arrastre pareciera que el socialismo democrático, o lo que queda de él, no ha tenido la valentía ni la habilidad para buscar acuerdos. La misión política ha sido torpedear, junto a sus socios del PC y FA, un proyecto que va en la dirección correcta. Y ahora, ante ese artilugio para trabar el proceso legislativo, el Gobierno reaccionó con otra estrategia. Como respuesta presentó varias indicaciones sustituyendo diversos artículos del proyecto de ley. Con esta táctica se contendría el tsunami. La polarización dio paso a un juego de suma cero. Entramos en la lógica del winner takes it all.

Ahora bien, tal vez es sano que todo esto se resuelva finalmente en el Senado. Si no queremos avanzar hacia un modelo como el peruano, donde la economía camina por un lado y la política por otro, queda la esperanza de una buena cocina que permita llegar a un acuerdo en la Cámara Alta. Esto requerirá aunar voluntades de ambos lados.