El Presidente Kast ha propuesto al Senado el nombre del juez Dinko Franulic para integrar la Corte Suprema. Algunos han mostrado su sorpresa ante este hecho, porque el magistrado parece tener una postura ideológica de izquierda. Más allá de sus méritos, que los tiene, esta decisión se explica por el sistema de nombramiento de nuestros jueces, que hoy es objeto de controversia.

Durante mucho tiempo, el Presidente de la República gozaba de un poder excesivo a la hora de nombrar jueces, ya que decidía sobre una quina elaborada por la Corte Suprema, sin intervención del Senado. En 1997, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en vez de aprovecharse de sus atribuciones para su beneficio político, impulsó una reforma constitucional que le quitó poder al Presidente y estableció un sistema mixto para nombrar a esos jueces: la propia Corte Suprema elabora una quina y el Presidente elige un nombre dentro de ella para proponerlo al Senado, que lo ratifica o rechaza.

Este sistema, inspirado en el que existe en los EE.UU., no es perfecto, pero constituye un claro avance respecto del anterior.

Con todo, presenta dos problemas. El primero es que, como estamos en Chile, rápidamente se llegó a un acuerdo entre la izquierda y la derecha, de modo que los nombramientos correspondan, por turnos, a jueces que tienen la sensibilidad de uno u otro sector. Esto no es muy bonito, pero si se elige a personas competentes desde el punto de vista ético y jurídico, el sistema funciona. El mítico juez Scalia era muy conservador, pero todo el mundo lo respetaba en la Corte Suprema norteamericana.

El problema chileno es que, cuando toca elegir a un juez afín a la derecha, los senadores de izquierda normalmente cierran los ojos y aprueban la propuesta sin atender cuidadosamente a la aptitud del candidato. Lo mismo sucede al revés.

Lamentablemente, cada sector está muy lejos de promover a la mejor gente, lo que nos lleva al segundo problema: a los senadores les gustan los jueces “conocidos” y desconfían de esos que simplemente han estado encerrados haciendo su trabajo y son enemigos de micrófonos y cámaras. Ante esta frivolidad de los parlamentarios, ningún sistema puede funcionar, ni siquiera los más ingeniosos que puedan instaurarse. Un problema semejante se da en los nombramientos en las cortes de Apelaciones, donde el Presidente de la República elige dentro de una terna que le entrega la Corte Suprema y con frecuencia no lo hace con criterios jurídicos.

Esto es malo, porque precisamente lo que necesitamos son jueces, grises, anónimos y trabajadores, pero esos tienen menos posibilidades de hacer carrera, por su poca visibilidad.

Como el sistema actual tiene limitaciones, desde hace tiempo se ha promovido una reforma radical. La iniciativa fue de la izquierda, pero la derecha se sumó entusiasmada a esta posibilidad, impulsada en parte por los escándalos que hemos conocido. Son casos aislados, pero con un amplio eco en la opinión pública, lo que facilita la búsqueda de soluciones precipitadas.

¿En qué consisten las propuestas? Ellas incluyen muchos temas, entre ellos cambiar el sistema de nombramiento de los jueces e instaurar un Consejo de Nombramientos Judiciales. La mayoría de la Corte Suprema está de acuerdo con desprenderse de esa importante función. La Asociación de Magistrados del Poder Judicial incluso ha promovido que el Consejo tenga una “mayoría de jueces elegidos democráticamente por sus pares”, según nos dice en su memoria anual 2024-2025.

El Gobierno quiere mantener el sistema actual para la Corte Suprema, con cambios menores, aunque acepta la intervención del Consejo en los nombramientos de los demás jueces.

Probablemente, se deba a mi ignorancia y espero que los entendidos me corrijan, pero no logro comprender el entusiasmo con el que nuestros parlamentarios de derecha se han sumado a la iniciativa de establecer este Consejo. Es cierto que no es igual al de países como España, donde la justicia se ha politizado ampliamente, pero sigue presentando riesgos y anomalías, incluido el hecho de que tres jueces de primera instancia decidan sobre el nombramiento de los ministros de las cortes de Apelaciones. Como si un teniente interviniera en el ascenso de los coroneles.

Esa devoción de la derecha por el Consejo me recuerda las emotivas peregrinaciones de los nobles franceses a la a Île des Peupliers, en Ermenonville, para dejar flores en la tumba de Jean-Jacques Rousseau. Unos años después, casi todos esos peregrinos fueron decapitados por unas guillotinas que, obviamente, estaban afiladas por las ideas radicales del filósofo ginebrino.

¿No deberían nuestros senadores tener una especial cautela y estudiar esta delicada materia con mucha, muchísima calma? Sería una pena que reemplazáramos un sistema que tiene defectos por otro que quizá sea peor y que, de manera paradójica, esto se hiciera con los votos de los parlamentarios de derecha.

No tengo la solución para estos problemas, pero me parece que, aunque hace mucho tiempo se habla del tema, todavía falta llevar a cabo una discusión más serena e informada sobre la materia. De lo contrario, si toman decisiones apresuradas, puede llegar el día en que nuestros legisladores de derecha descubran que estuvieron llevando flores a la tumba de Rousseau.