Algunos de quienes son partidarios del Gobierno justifican su falta de discurso, su mudez, diciendo que ello es resultado de su realismo, de su apego a los hechos inmediatos. Es que el Gobierno, se agrega, no está guiado por una agenda ideológica.

Eso —para bien del Gobierno, en mi opinión— no ha resultado cierto.

El Gobierno acaba de presentar un gran proyecto cuya justificación, hasta ahora inconfesada, es obviamente ideológica.

Para advertirlo, hay que dar un breve rodeo por la historia de las ideas.

El año 1944 aparecieron dos libros que inspiran hasta hoy la comprensión de la sociedad contemporánea. Uno es “La gran transformación”, de Karl Polanyi; el otro, “Camino de servidumbre”, de Friedrich Hayek. Ambos tienen una preocupación común: ¿Cuál fue la causa del autoritarismo o del fascismo? Sus respuestas, sin embargo, divergen. Polanyi dice que fue la aparición de un mercado desbocado que horadó las relaciones sociales. Hayek explica que fue el socialismo y el afán de someter la vida a una planificación deliberada, la que, al sujetar las fuerzas espontáneas de la vida social, amagó la libertad creativa.

¿A qué viene recordar ahora esos títulos?

Lo que ocurre es que Polanyi fue uno de los autores que inspiraron algunos de los discursos del Frente Amplio y el gobierno de Gabriel Boric. Polanyi diagnosticó la mercantilización de la vida que la expansión del mercado produciría al emplear como combustible de la vida social los incentivos y al convertirlo todo, la salud y la educación, en mercancía. Cuando el Frente Amplio se oponía a los subsidios a la demanda o al lucro, o cuando se quejaba de lo que llamaba educación de mercado, se inspiraba en ese texto y sus diagnósticos.

Pues bien, el actual gobierno se propone llevar adelante una gran transformación. Una transformación inspirada en algunas ideas de Hayek, el autor de ese libro rival de aquel escrito por Polanyi.

Así lo indica el proyecto misceláneo que acaba de presentar.

Al margen de sus detalles técnicos y legales, lo relevante es que ese proyecto representa un gigantesco intento por cambiar la estructura de la vida social chilena por la vía de transferir recursos y riqueza desde el Estado a los particulares. No es un paquete de reformas para impulsar el empleo, aunque ese puede ser uno de sus efectos. Tampoco se trata de favorecer a los ricos; aunque a ellos, no hay duda, los favorece. Lo relevante no es ni lo uno ni lo otro.

¿Qué es lo relevante entonces?

Lo relevante es la concepción de la vida social que lo inspira.

La idea general que subyace a ese proyecto —al margen de los eslóganes del empleo y cosas así— es que el Estado posee un tipo de racionalidad que lo hace ser ineficiente y expuesto a la rapiña, motivo por el cual, incluso si los que lo conducen tienen buenas intenciones, siempre acabaría ahogando o inhibiendo la creatividad de los individuos. Al revés de lo que los defensores del activismo estatal creen, los individuos desatarían y desplegarían su esfuerzo y creatividad en la máxima medida solo cuando son expuestos a la intemperie y a los rigores del trabajo y de la competencia. Es lo que cree el ministro Quiroz y lo que dijo, en una frase que ha sido malentendida, la ministra Lincolao. Arropados por el Estado y acunados por los subsidios, los individuos, especialmente los más pobres, acabarían siendo dependientes y mendicantes de las autoridades, las que, de esa forma, podrían acabar teledirigiéndolos y ahogando su autonomía. Las personas desplegarían su esfuerzo y su imaginación braceando en el mar de la competencia y el esfuerzo. Una sociedad libre, en suma, sería, a fin de cuentas, una en la que cada uno asuma el riesgo de la libertad y del esfuerzo personal. Eso equivale, es cierto, a una vida desprovista del cuidado excesivo del Estado; pero ¿acaso, pregunta este punto de vista, hay otra forma de vivir la vida de manera autónoma que tomando cada uno en la máxima medida posible el riesgo de sus propias decisiones?

No hay, pues, en el proyecto del Gobierno una mirada coyuntural, una simple política pública encaminada al empleo, carente de una ideología que la inspire (aunque algunos de sus miembros presuman carecer de ella). Por el contrario, hay en el proyecto una mirada general de la sociedad y de sus desafíos que se emparenta con los grandes debates acerca de la libertad y el mecanismo íntimo de la vida social. Buena parte de las medidas que este proyecto contiene, o son esfuerzos por disminuir costes de transacción, haciendo más fácil la inversión y el intercambio (en la convicción de que este último es la única forma de que los recursos vayan a sus usos más valiosos), o traslados de recursos desde el Estado a los privados en la convicción, esta vez, de que solo el esfuerzo y el riesgo que asumen estos últimos, y no la iniciativa desde una autoridad central que con pretextos de justicia distributiva acabaría despilfarrando, es lo que puede mejorar la vida y alentar a que cada uno se haga cargo, en la máxima medida posible, de la suya. Por supuesto, esto no excluye la ayuda caritativa a los que queden atrás, pero el principio es que hay que estimular el esfuerzo y la responsabilidad por la propia vida.

¿Un gobierno sin ideología? No, por supuesto que no.

Solo es demasiado tímido o pudoroso para expresarla.