El proyecto estrella del Gobierno es misceláneo y complejo. Trasunta, sin embargo, un proyecto político simple, demasiado simple. La narrativa de ese simple proyecto político la dicta el poderoso ministro de Hacienda, quien, por ahora, parece ser el único que pone la letra y controla el timón y la agenda. Los ministros políticos, diestros en el arte de negociar políticamente, pero sin agenda propia, le acompañan, poniendo el tono y el compás.

El poderoso ministro cerró la ceremonia de firma del Proyecto de Ley con la siguiente sentencia: “La mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo”. Esa frase fija el norte: que la política económica haga innecesaria la política social del Estado. Antes, ya el Presidente había dicho otro tanto al afirmar que la divisa era crecer, que lo demás era música.

Y, para crecer, la fórmula también aparece clara y sencilla. Hay que aligerar la mochila de los emprendedores de carga tributaria y de permisología. Si eso ocurre, los privados generarán crecimiento y empleo. El círculo virtuoso llevará a que la política social sea cada vez menos necesaria, hasta, algún día, desaparecer.

El recorte del 3%, parejo para todos los ministerios, impuesto también desde Hacienda, refleja la misma simpleza.

Al margen de la conveniencia de cada una de las medidas contenidas en el proyecto, el discurso político que lo acompaña trasunta un diagnóstico político pobre e insuficiente. Es muy difícil que florezca el crecimiento sin un buen desempeño del Estado, sin instituciones sólidas, estabilidad en las reglas, certeza jurídica, una buena educación pública, infraestructura productiva y seguridad. El Estado chileno, al margen de su volumen, deja mucho que desear en cada una de estas materias y no se oyen planes bien concebidos o siquiera anuncios a esos respectos. Si no se les mejora, cualquiera sea la tasa impositiva y el alivio en los permisos, resultará difícil, muy difícil, dar un salto sostenido al crecimiento.

Ahora que se ha puesto de moda en la derecha alabar los gobiernos de la Concertación y afirmar que el país se jodió en el segundo gobierno de Bachelet, no está demás recordar algunos hitos de esos momentos. Efectivamente, el país creció a un promedio de más de 5% en los gobiernos de la Concertación, sorteando, de paso, con razonable éxito y sin suprimir políticas sociales un par de crisis internacionales de análoga magnitud a la actual. Ese crecimiento se logró subiendo y no bajando los impuestos. El gobierno de Aylwin subió la tasa de primera categoría de un 10 a un 15%; el 2004 estábamos en 17 y el 2011 en 20%. El país siguió creciendo a tasas análogas hasta 2013. El 2014 marca un punto de inflexión. La tasa impositiva de primera categoría sube de 20%, en 2013, a 25/27% en 2017) y el crecimiento baja a 2% y menos. Pero también es cierto que en ese período se debilitó la confianza en la estabilidad de las reglas, se hicieron reformas políticas que resultaron mal, el Estado abandonó las políticas sociales focalizadas y se embarcó en garantizar derechos universales con alto menosprecio por su costo y efectos secundarios. En ese período, la política perdió densidad técnica, se hizo más testimonial, le dio por ensoñarse y se hizo más superficial y confrontacional.

Es probable que la tasa impositiva chilena sea excesiva y que la permisología haya caído en excesos que traban el crecimiento del PIB y del empleo. Ese diagnóstico parece correcto, pero eso no hace innecesario bajar a la sala de máquinas del Estado y hacer cambios para recuperar el prestigio de sus instituciones y la eficiencia en la indispensable política social, que no está llamada a desaparecer, como augura el ministro de Hacienda. Preocupan también los silencios de ministerios sectoriales; que no asome un plan serio y proactivo para enfrentar la delincuencia; que no aparezca otro tanto para educación pública; para mejorar la seguridad jurídica y, en fin, para diseñar, consensuar e implementar las demás políticas que, tanto como la tributaria, son condición del bienestar al que aspira la política.