Hay parlamentarios que, ante preguntas de prensa que los complican a ellos o a la colectividad a la que pertenecen, responden de cualquier modo para salir del paso: en forma ambigua, distorsionando hechos o negándolos y menos demostrando ignorancia, para proteger las imágenes en juego. Algo de eso pudo ocurrirle al diputado Boris Barrera en una entrevista a fines de marzo pasado, quien con ligereza contestó una interrogante señalando que en Cuba no existen presos políticos y los que hay son delincuentes comunes, junto con elevar al régimen político existente a la décima potencia, calificándolo de “democrático”, y como prueba citó la forma como se eligen los miembros de la Asamblea Nacional de Poder Popular. Olvidó señalar que el sistema consagra constitucionalmente al Partido Comunista de Cuba como único legal.

Hay antecedentes sobre presos políticos desde que se instaló el gobierno actual. En 1960 hubo represión tanto contra los adherentes al derrocado dictador Batista, como hacia los contrarrevolucionarios y quienes rechazaron el programa de reeducación ideológica. Todos fueron presentados al llamado Tribunal Revolucionario. Así se inició un circuito carcelario: “La Cabaña”, el “Presidio Modelo”, “Combinado del Este”, y siguieron otras, donde se practicó maltrato desmedido, juicios y fusilamientos sumarios. Se los criminalizaba por “vagos”, “desaseados”, “provocar desórdenes”, “peligrosidad social”, “sedición”. En fin, se estructuró un sistema presidiario. El 2006, cuando Fidel transfirió el poder a su hermano Raúl, este puso en práctica una legislación más severa para quienes transgredieran la “normas socialistas”.

Como se ve, la historia dice algo distinto y, de ignorarse, puede accederse a información rápidamente a través de la web: una abundante documentación registrada por entidades serias y competentes. La más reciente, una conferencia organizada por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo, titulada: “Prisión política en Cuba 1959-2026”, 67 años con presos políticos.

El caso del diputado citado, que respondió la interrogante negando una realidad contundente que probablemente conocía —no es el único, por cierto; debe haber otros referidos a circunstancias distintas—, lo traigo a colación con el propósito de relevar la gran responsabilidad ética que tiene un parlamentario de actuar conforme a la verdad, aportando legitimidad al sistema y a la función que cumple, la cual debe entenderse como una representación ciudadana leal, confiable, que implica por lo demás realizar una gestión pública transparente. Un deber esencial para el buen o sano funcionamiento de la democracia. Obligación que se desconoce, al parecer.