Las agresiones a la ministra Ximena Lincolao han puesto en alerta a las autoridades, las que, de pronto, descubren que asistir a un evento, a una reunión pública o caminar desguarnecidos por la calle puede transformarse en un peligro.

Es este quizá uno de los síntomas de cuán complicada está la actual situación.

Uno de los rasgos de la civilización consiste en saber que hay ciertas conductas que son improbables. Si bien en principio cuando usted se encuentra con otra persona puede ocurrir cualquier cosa (por ejemplo, que el otro lo golpee o lo agreda verbalmente, o le arrebate lo que usted lleva), si usted vive en un medio más o menos civilizado tiene confianza en que el otro, aunque no lo conozca, lo saludará siquiera con la mirada o en el peor de los casos, lo ignorará. En suma, en una sociedad civilizada (es decir, según Norbert Elias, una sociedad en la que se ha expandido el autocontrol e internalizado las normas sociales) existe la confianza en que la interacción, la relación con los otros incluso siendo extraños, se mantendrá dentro de ciertos límites y que las pulsiones que anida el alma humana han sido, para la mayor parte de los casos, reprimidas.

Las autoridades se encuentran en una situación especial, pero a pesar de eso no deben estar eximidas de sentir esa sensación de que hay conductas improbables. Ellas se encuentran en una situación especial porque quien ejerce cargos de autoridad (desde luego, y paradigmáticamente, el Presidente de la República o quien ejerce a cargo de un ministerio) es una figura transferencial, es decir, una figura sobre la cual la ciudadanía proyecta sus deseos explícitos y también los deseos inconscientes, sus carencias o apetitos, lo que explica que, con frecuencia, se le ame o se le odie. Así y todo, incluso si posee ese carácter transferencial que lo transforma en un pararrayos de todo lo que la ciudadanía teme o anhela, la autoridad en una sociedad civilizada debe poder, con alta probabilidad, ir a una reunión pública o a una universidad, sabiendo que podrá recibir críticas o indiferencia, pero con la confianza de que no será agraviado, agredido o amenazado. Nada de esto tiene que ver con adhesión política o ideológica. Se trata de respetar las reglas de una convivencia civilizada.

Por eso si de pronto, y como lo sugiere lo que ha ocurrido a la ministra Ximena Lincolao, las autoridades caen en la cuenta de que no pueden asistir a una reunión universitaria o a un acto masivo, sin el temor de ser agredidos o insultados, ello es un signo de que, sin exagerar, lo que Elias llama civilización está siendo poco a poco erosionado, debilitado o atenuado. Sí, es cierto, parece una exageración, pero no lo es; porque vivir civilizadamente no quiere decir vivir con tecnología o en medio de la prosperidad y del bienestar, sino abrigados con normas que hacen previsible que nada dañino probablemente ocurrirá.

En la imaginería que está a la base de la descripción del Estado moderno, se encuentra la idea de que, latente en toda sociedad, hay una guerra de todos contra todos, que solo puede evitarse si cada uno renuncia a la violencia y consiente se la monopolice en el Estado, el que, de esa forma, evita que ella se enseñoree de las relaciones sociales. Pero como es obvio, el Estado puede monopolizar la fuerza si y solo si está acompañado de ese proceso cultural que Norbert Elias llama civilizatorio (¿habrá un concepto más mal empleado que este en el debate?), el que no alude a derechos sociales ni a nada semejante, sino a costumbres o maneras que reprimen la violencia y las pulsiones que invitan a derogar al prójimo que no piensa como uno. Si ese proceso cultural no existe o si se deja que afloje o se desvanezca o siquiera se atenúe (como, sin advertirlo, entre nosotros está ocurriendo), no hay monopolio de la fuerza que sirva. Sin reglas o normas que enseñen el autocontrol y se internalicen mediante la escuela, la familia, los medios, no hay monopolio de la fuerza estatal que valga.

Y por eso la pregunta ¿tendrán que ir armados? es la pregunta central de este tiempo.