El crecimiento económico no es una abstracción técnica ni una cifra reservada a los economistas: es la base material del progreso social y un imperativo ético. Hace más de una década se advirtió transversalmente que la fuerte reducción de la pobreza en Chile se debía en más de un 90% a efectos del crecimiento económico por sobre las transferencias redistributivas del Estado. Tratándose de los ingresos de la clase media, para quienes esas transferencias son mucho más limitadas, el efecto del crecimiento es aún más determinante. Por eso el crecimiento es un imperativo ético y quienes se oponen a medidas que lo promueven porque afectarían la “recaudación”, lo hacen pensando en un mundo imaginado arbitrariamente en que el Estado produce por sí solo el progreso necesario. El Estado puede complementar y apoyar a los sectores más necesitados, pero el país necesita crecer y así fortalecer la capacidad de las propias familias para salir adelante.

Como se anunció en la campaña presidencial, uno de los ejes centrales del Gobierno sería la reactivación de la economía. Se trata, esta vez, de medidas más bien estructurales, profundas y —esperablemente— permanentes, a diferencia de los tradicionales paquetes de reactivación aplicados en el pasado, basados en instrumentos transitorios y acotados.

En las últimas décadas la economía chilena ha ido de más a menos, un fenómeno no coyuntural, sino estructural. De acuerdo con la OECD, en la última década el producto por habitante creció en promedio cerca de un 1%, mientras que en las décadas anteriores creció por sobre un 4%. Como lo ha planteado un grupo transversal de economistas, para elevar el crecimiento tendencial hacia niveles cercanos al 4%, desde el actual 2% que estima el Banco Central, se requiere, entre otros factores, aumentar la tasa de inversión y mejorar la productividad total de los factores.

No basta con aspirar a “recaudar más”. Es indispensable que una agenda de reactivación aborde distintos frentes: reencauzar la política fiscal hacia una trayectoria de gasto sostenible, revisar y agilizar la tramitación de permisos sectoriales y su certeza jurídica, y avanzar hacia un sistema tributario competitivo que no desincentive la inversión.

Junto con sincerar y sanear las cuentas fiscales y abordar la permisología, se requiere volver a contar con un sistema tributario competitivo, reduciendo la tasa de impuesto corporativo a niveles OCDE y con la reintegración del sistema, evitando así la doble tributación de las utilidades.

Los detractores de esta agenda actúan como si crecimiento y recaudación fueran las dos puntas de una “sabanita corta”, ignorando que si la sábana no crece, no solo no hay más recaudación, sino que las necesidades que hay que atender con esa recaudación, serán mayores.

Sin duda, el impacto en las arcas fiscales debe ser considerado al momento de discutir cualquier reforma tributaria, o no será sostenible en el tiempo. Pero crecer implica muchas cosas virtuosas que van bastante más allá que una mayor recaudación: tiene el doble efecto de simultáneamente aliviar la urgencia social y aumentar la recaudación. Además, permite superar la situación de estancamiento laboral, con la espiral de frustración, desempleo, informalidad y aumento de riesgo de vinculación con actividades ilícitas.

De acuerdo con la encuesta Casen, en los sectores de menores ingresos, entre 2015 y 2024 el ingreso autónomo de los hogares cayó en términos reales a la mitad, mientras que los ingresos del trabajo en un 60%. El principal motor en la reducción de la pobreza en Chile está estancado.

Analizar estas reformas de manera aislada, o anclados en una visión ideologizada que ignora incluso nuestra propia historia económica, refleja no comprender —o no compartir— el urgente propósito de fondo. Porque para algunos, el estancamiento puede ser solo eso: falta de avance. Pero para los sectores más vulnerables es, derechamente, retroceso.