Entre los desmesurados (y algo inútiles) esfuerzos que hace el Gobierno por convencer a la población de que recibió un país en ruinas, y así instalar la percepción de que su tarea es de emergencia, la ministra Steinert aseveró que el Presidente le había encargado la ambiciosa misión de “recuperar el Estado de Derecho” (“El Mercurio”, domingo pasado).

La frase, a diferencia de la otra desafortunada, de que el país estaba quebrado, no ha merecido desmentidos desde la Presidencia, por lo que debemos entender que esa es la misión que La Moneda ha encargado a la ministra. Solo se puede recuperar lo que está perdido o muy deteriorado. El Presidente y la ministra son abogados; saben que el Estado de Derecho se pierde cuando las autoridades ejercen su poder al margen de la Constitución y las leyes, y, por ende, las personas pierden su libertad y no se respetan los derechos humanos. Al gobierno anterior se le han imputado demasías, torpezas, improvisaciones y otros muchos errores, pero no he escuchado sostener que haya ejercido el poder al margen del derecho o atentando en contra de la libertad.

Aquel es el núcleo del Estado de Derecho. Su perfeccionamiento es otra cosa y de ello depende, en buena medida, la salud de la economía. De allí la necesidad de preguntarnos si las decisiones que se van tomando refuerzan o debilitan las instituciones. Dos recientes del Gobierno lo debilitan.

La primera: El Presidente ha anunciado que está evaluando el indulto a carabineros condenados por delitos cometidos con ocasión del estallido. Ha justificado su decisión señalando que se dispone a perdonar a quienes defendieron a la patria y porque, en algunos casos, la violencia ejercida en su contra fue extrema.

Al dictar sentencia, los jueces no pueden haber dejado de sopesar que el carabinero al que condenaron estaba en el lugar de los hechos cumpliendo su deber, pero juzgaron que no actuaron cumpliendo ese deber para con la patria, sino que lo traicionaron. El uniformado no cumple su deber si, luego de reducir al violento, le tortura o maltrata o si se excede en el uso de la fuerza que era razonable para repeler su ataque. Por cierto que la violencia ejercida contra carabineros fue muchas veces extrema, pero los jueces tampoco pudieron desconocerlo al juzgar su reacción como ilegítima.

El Presidente puede indultar, pero por razones de pacificación social, por clemencia o por hechos posteriores a la sentencia judicial. En cambio, si indultara por los motivos que ha anunciado, estaría materialmente revisando la justicia de las sentencias; colocándose por encima de los jueces y del derecho. Ello no resulta compatible con el Estado de Derecho.

La segunda y más grave decisión contraria al Estado de Derecho es la de la propia ministra a quien el Presidente encargó recuperarlo. Ella pidió al director de Investigaciones le hiciera llegar, en el plazo más breve posible, un informe “detallado” (luego, por si no hubiera quedado claro, lo pidió “pormenorizado”) acerca del personal policial que había participado en una investigación penal que ella había dirigido siendo fiscal. El informe debía incluir, entre otras, las razones institucionales y de servicio por las cuales se les había trasladado. Justificó la decisión en la necesidad de asegurar la transparencia y eficacia de la operatividad policial y en su facultad de velar por la eficiencia de los recursos policiales.

Frente a una comisión de la Cámara, la ministra fue incapaz de dar ninguna razón de transparencia, de eficacia de la operatividad o de eficiencia en el uso de los recursos para haber pedido esa información, limitándose a señalar que estaba dentro de sus atribuciones, y, variando la justificación, afirmó que podía haber hechos delictuales, sin explicar cómo un traslado puede ser delito. Este diario (miércoles 25) y varios otros informan que la ministra tenía una relación cercana con uno de los funcionarios trasladados.

Al margen de si la ministra pidió o no la salida de la prefecto que incidió en esos traslados y de lo que precise la Contraloría acerca de sus atribuciones, su petición de información acerca de cuestiones operativas de la policía, sin fundamentos, atenta en contra del Estado de Derecho. Estamos ante un caso en que una autoridad se sirve de su poder para satisfacer intereses personales, como parece haber sido el caso, o, al menos, sin fundamento alguno, como ha quedado ya demostrado. Los gobiernos que se demoran en sacar a los ministros que abusan de su poder suelen pagar un precio alto. Este pareciera ser ya el caso.