El diseño rozaba la perfección: anuncios en todos los frentes, copamiento de la agenda, crítica ácida a la administración anterior, una serie de símbolos muy cuidados para marcar la ruptura, y la lista podría seguir. Si la campaña de José Antonio Kast funcionó como reloj, sus primeros días de gobierno no fueron muy distintos: todo parecía calculado, medido y pensado, hasta el punto de que la oposición se quedó sin voz. El oficialismo parecía llenarlo todo, sin dejar espacio disponible (dicho sea de paso, suele decirse que el modelo es Trump o Milei, pero quizás hay otro ejemplo más pertinente: el primer año de Sarkozy, en 2007).

Sin embargo, como decía Napoleón, hay dos tipos de planificaciones: las buenas, que fracasan por circunstancias imprevistas; y las malas, que suelen tener éxito por esas mismas circunstancias. Dicho de otro modo: la política tiene más que ver con la capacidad de adaptación que con las proyecciones iniciales. Todo indica que las vastas consecuencias del ataque de Estados Unidos a Irán es uno de esos acontecimientos que —estando fuera de todo control del gobierno— bien podría estropear todos los planes. El régimen iraní ha resistido más de lo esperado, provocando un enorme caos en el mercado mundial de petróleo. Por lo mismo, el bloqueo en el estrecho de Ormuz —por donde pasa un quinto de la producción de crudo— ha aumentado los precios en forma considerable. Dado que es poco probable que el conflicto tenga rápido final, la economía global deberá lidiar al menos durante varios meses con la nueva realidad.

La cuestión es particularmente sensible en nuestro país. Por un lado, el precio del petróleo cruza todo el sistema: no son solo los vehículos particulares, sino todo el transporte, lo que repercute en el precio de múltiples bienes. El resultado es evidente: inflación y las consecuentes tasas de interés que obstaculizan la recuperación económica. Por otro lado, el Gobierno ha insistido una y otra vez en que enfrentamos una situación fiscal crítica, que no permite márgenes de ningún tipo. En simple: las arcas están vacías, no hay dinero para subsidiar el precio del combustible.

El dilema para Kast es entonces el siguiente: o bien se rige por el principio de disciplina fiscal, o bien cede a las innumerables presiones políticas que recibirá apenas suban los precios. Seguir el primer camino exige carácter y consistencia, aunque supone un riesgo elevado. En efecto, es imposible saber cuánto durará la situación y el costo puede hacerse muy pesado para sectores medios y bajos, que ya tienen enormes dificultades económicas. Sobra decir que esto le abre una rendija a la oposición para construir un discurso sobre un gobierno insensible, que solo beneficia a los ricos. Con todo, el segundo camino tampoco carece de dificultades: sería cuando menos extraño que el nuevo gobierno, en su primer mes, aumente el gasto para financiar un subsidio caro y regresivo.

Como puede verse, el Gobierno necesitará de toda su habilidad política y técnica para sortear el embrollo, y salir lo menos dañado posible (pues daño habrá, inevitablemente). Por de pronto, resulta fundamental disciplinar a los propios. De hecho, no está de más recordar que el segundo gobierno de Sebastián Piñera enfrentó sus más serios problemas cuando sus parlamentarios lo abandonaron en el descampado. En seguida, se requiere de muy buena pedagogía. Hasta ahora, el ministro Quiroz ha mostrado talento, pero hace falta más: hay que explicar muy bien a los chilenos tanto la situación fiscal como los motivos de cada decisión. Por último, será imprescindible ser imaginativo: no deben excluirse salidas intermedias que alivien a sectores más afectados (y que puedan atenuar la inflación). Los principios son fundamentales, pero no deben aplicarse dogmáticamente.

Como fuere, esta crisis debería ayudarnos a tomar conciencia de algo elemental. El deterioro en las cuentas fiscales no es una cuestión técnica, que solo interese a economistas. Es, más bien, una cuestión central que toca toda nuestra política pública. En efecto, si gastamos más de lo que tenemos, si calculamos mal los ingresos y nos desviamos una y otra vez de las metas de balance estructural, si nos acostumbramos a recurrir a la deuda, entonces nuestras capacidades de acción se ven limitadas (como ocurre en cualquier hogar). Dicho de otro modo, nuestra capacidad de reacción frente a la coyuntura se estrecha dramáticamente. El desprecio de cierta izquierda por la responsabilidad fiscal tiene como corolario lógico una pérdida neta de nuestras posibilidades: ya no podemos gobernar las crisis, sino que ellas nos gobiernan a nosotros. En definitiva, somos menos soberanos en la medida en que dejamos de controlar nuestro destino. Vaya legado.

En cualquier caso, el gobierno de emergencia tiene aquí una espléndida oportunidad para concretar su principal promesa: manejar adecuadamente una coyuntura delicada. Es cierto que la crisis del Medio Oriente ha generado una dificultad mayor a la esperada, pero el desafío reside allí: en la capacidad de dar con la respuesta correcta cuando el problema parece insoluble. Este primer test servirá para probar la consistencia del discurso y marcará sin duda el derrotero posterior de la administración: no es poco.