El gobierno del Presidente Kast es, según su propia definición, un gobierno de emergencia; pero ello no le impide desplegar sus convicciones ideológicas o valóricas.

Desde luego, decidió abstenerse de la declaración para promover los derechos de la comunidad de personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género, incluyendo lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer (LGBTIQ+). Junto con ello, ha decidido apoyar se vote una resolución en Naciones Unidas para que la palabra género aluda solo a hombres y mujeres. Si bien en el primer caso el Gobierno explicitó que Chile apoyaba políticas de no discriminación, y en el segundo abogó por que se votara la resolución sin pronunciarse aún acerca de su contenido, no cabe duda de que ambas actuaciones revelan las convicciones que animan al Gobierno y la manera en que concibe el campo cultural. Promover los derechos de una comunidad (que es lo que proponía la declaración) no es lo mismo que no discriminar, y al apoyar se votara la resolución respecto del uso de la palabra género no es inocente (significaba alinearse con el punto de vista que en esta materia defiende el Presidente Trump).

Así, entonces —no hay que echarse tierra a los ojos—, en el campo cultural, las convicciones gubernamentales comienzan a manifestarse.

La expresión campo cultural fue acuñada por Pierre Bourdieu para designar un ámbito donde circulan el prestigio y las creencias que orientan la vida social, y en el que se traza la línea entre lo que es valioso y lo que no. Un campo cultural se integra por la escuela, las universidades, las instituciones que proveen la alta y baja cultura, y en general, por todo aquello en que se promueve y administra lo que desde Nietzsche se llaman valores, aquello que es digno de estima.

Un análisis de la actitud del Gobierno en el campo cultural debiera, pues, incluir la forma en que decide integrar las instituciones (donde la cuestión generacional es de las más relevantes, puesto que las generaciones son portadoras de diversos énfasis culturales), las decisiones que adopta en materias controversiales (como las políticas hacia la comunidad LGBTIQ+) y el discurso que profiera acerca de ellas (un discurso que pronunciado desde el Estado concede o niega, en los hechos, el reconocimiento).

Por supuesto, no sería razonable solicitar que el Presidente Kast y los ministros y ministras que lo acompañan renuncien a sus convicciones en esa materia o se inhiban de expresarlas. Lo que sí cabe preguntarse es cuál será la actitud de los sectores más liberales respecto de esos temas y cuál es su evaluación de la actitud del Gobierno en ellos.

Hasta donde se sabe, muchos sectores que apoyan al Gobierno presumieron poseer en esos temas una posición liberal, es decir, sostienen, o sostuvieron, que en una amplia gama de asuntos relativos a la sexualidad y el género el Estado ha de poseer una actitud neutral, favoreciendo que todas las formas de vida dispongan de igual reconocimiento en la esfera pública. Este punto de vista es el que permitió el matrimonio igualitario, la admisión del aborto en tres causales, y un discurso presidencial, el de Sebastián Piñera, que en esas materias procuraba tratar a todos con igualdad.

Así las cosas, es natural preguntarse qué ocurrirá con esos sectores políticos e intelectuales que en su momento adhirieron, es de suponer con sinceridad, a ese punto de vista liberal. Esos sectores que creyeron, o dijeron creer, que en cuestiones de sexualidad y de género o de formas de vida el Estado no debiera tener injerencia, excepto para asegurar igual respeto y consideración a todos, lo que incluía su admisión en la esfera pública y la promoción de sus derechos allí donde experimentaban desventajas.

¿Qué ha ocurrido con ellos?

Pueden adherir a la actitud que insinúa el Gobierno, o no. Pero no es correcto que guarden silencio.

La política suele desplegarse en dos dimensiones; por una parte, en la esfera de las políticas públicas en transporte, en vivienda o en salud. Es ese un ámbito donde predomina la razón instrumental y la eficiencia en el uso de los medios. Pero a la vez existe otra dimensión que es más bien sustantiva y atañe a la forma en que se concibe la condición humana y los fines que en ella son dignos de ser perseguidos. Ambas dimensiones de la política están enlazadas en cualquier gestión gubernamental. Un gobierno puede ser eficiente desde el punto de vista instrumental, pero ser deficiente en la dimensión sustantiva o valórica.

Y lo que cabe a las fuerzas políticas, y a sus intelectuales, es decidir cuál de ellos tiene primacía y justifica la adhesión o la distancia respecto de un gobierno.

Lo que no parece muy digno es que no digan nada o, como parece estar ocurriendo, que escamoteen el problema.