De entre todas las imágenes del Presidente Trump, aquella en que muestra una pizarra donde se dibujan las tarifas arancelarias es la que mejor retrata la forma en que concibe su gestión.

Algunas de esas tarifas las había adoptado esgrimiendo una ley que establece que el Presidente puede “regular” las importaciones y exportaciones cuando considere que existe una emergencia, una “amenaza inusual y extraordinaria” para la nación. El Presidente Trump diagnosticó esa emergencia y decidió a la sombra de esa ley.

Esa imagen —un poder que funda sus decisiones en la emergencia, en este caso económica— se acaba de venir abajo este viernes.

No es que el Presidente Trump haya cambiado de actitud. La Corte Suprema de los Estados Unidos es la que decidió, por una amplia mayoría, que la ley de poderes económicos extraordinarios no le autorizaba tal cosa.

De esta forma, las instituciones norteamericanas han decidido recordarle al mandatario, y recordarse a sí mismas, que el juego de pesos y contrapesos es la característica más propia de la democracia americana.

La importancia de esa decisión es que muestra, como en un ejemplo, cuál es el papel del derecho y las relaciones que guarda con la política.

A menudo se piensa que las reglas no son más que instrumentos del poder, enunciados lingüísticos que pueden estar sometidos a una interpretación casi infinitamente plástica, de manera que siempre el poderoso puede emplearlas o utilizarlas como lo estime conveniente, bastándole para ello que invoque el interés de la mayoría, tal como lo había hecho hasta ahora el Presidente Trump al esgrimir la ley de emergencia internacional de 1977. Sin embargo, y como lo muestra la decisión de la Suprema Corte, no basta esgrimir tales o cuales intereses o tal o cual emergencia, o tal o cual beneficio, para que una decisión sea considerada correcta bajo la luz del derecho. Hay ocasiones en que una decisión puede incluso favorecer los intereses inmediatos de la población (o ser adoptada por quien cuenta con la mayoría) y así y todo, ser incorrecta.

La decisión de la Suprema Corte permite recordar en qué consiste el derecho y el papel que posee en sus relaciones con la política.

Como se explica desde antiguo, el derecho es una forma de reducción de la complejidad: sin reglas, las opciones de conducta serían potencialmente ilimitadas y la previsibilidad del futuro sería del todo imposible. A una situación como esa es a la que aspira, por su propia naturaleza, el poder. Gracias al derecho, sin embargo, la complejidad se recorta o disminuye y lo que ocurrirá en el futuro puede ser predicho. Pero para que cumpla esa función, el derecho no puede ser interpretado o aplicado por quien tiene el poder, apelando a la mayor utilidad presente para la mayor parte de las personas. Si ello ocurriera, si las reglas se interpretaran recurriendo a lo que el poderoso estima mejor para la mayoría (esgrimiendo, por ejemplo, el argumento de la emergencia), se estaría desconociendo el verdadero papel que cumplen las reglas, que es establecer por anticipado la conducta admisible. Por supuesto, cuando se dicta una ley se puede tener en cuenta, entre otras cosas, aquello que se juzgue mejor para la mayoría; pero una vez que la regla se establece es ella, y no el interés de la mayoría, lo que gobierna la conducta a la que la regla se refiere.

Eso es, bien mirado, lo que enseña una decisión como la adoptada por la Suprema Corte.

Se trata de una decisión que, bien mirada, posee una amplia importancia para los tiempos actuales en que se repite una y otra vez, o se anhela, que las reglas se subordinen a los momentos de emergencia, se amolden a circunstancias excepcionales que exigirían del poder ejecutar y de los ciudadanos consentir, conductas que en momentos de normalidad no se aceptarían. Es lo que ocurre, sin ir más lejos, cuando con el pretexto de que la delincuencia está desbordada o desatada, se presenta a los jueces como excesivamente garantistas, solicitando de ellos mano dura (como si el derecho no consistiera en dar garantías a quien, delincuente o no, se enfrenta al Estado); o se anima a las autoridades a negar asistencia a los inmigrantes (con el argumento de que no son nacionales); o se dice que hablar tanto de los derechos los hace enemigos de la libertad (como dijo el Presidente electo en su discurso en Bruselas).

El Presidente Trump decidió en un momento que para enfrentar la emergencia que según él experimentaba Estados Unidos, no era necesario contar con el Congreso, puesto que bastaba interpretar y aplicar las leyes existentes (¿Ha oído usted algo semejante en Chile?). La Suprema Corte le ha dicho que no, que no es correcto hacer eso ni siquiera a pretexto de una emergencia.

Y al hacerlo ha dado toda una lección de cómo debe ejercerse el poder en una democracia —aún— liberal.