La Alta Dirección Pública (ADP) nació con una promesa ambiciosa: profesionalizar el Estado, blindar los nombramientos clave de la lógica partidista y asegurar continuidad en la gestión pública. Dos décadas después, el balance es más complejo. El sistema logró instalar el principio del mérito como estándar en el nombramiento de cargos clave en la administración del Estado, no así en la remoción de estos directivos, lo que junto con su expansión sin reformas estructurales ha terminado por tensionarlo crecientemente, sobre todo frente a cada cambio de gobierno.

El problema no es menor. Mientras el diseño institucional del sistema se ha mantenido prácticamente intacto desde 2004, el número de cargos que deben pasar por la entrevista del Consejo de Alta Dirección Pública se multiplicó por casi cuatro, sin que aumentara su capacidad operativa. Cinco consejeros hoy deben procesar una carga de trabajo muy superior a la concebida originalmente, generando cuellos de botella que sobre todo se vuelven críticos cada cuatro años, cuando se produce la instalación de una nueva administración.

Probablemente cuando se diseñó el sistema, no se anticipó que buena parte de los directivos heredados por una nueva administración serían desvinculados. La alta rotación de directivos que se observa cada cuatro años vacía de contenido el objetivo de continuidad institucional. En promedio, durante el primer año de los últimos gobiernos, cerca del 85% de los jefes de servicio heredados deja sus cargos, junto con alrededor de la mitad de los directivos de segundo nivel jerárquico. Ello deja de manifiesto que el sistema no ha sido capaz de atraer mayoritariamente a gerentes públicos capaces de mantenerse en sus cargos más allá de un ciclo presidencial. Más allá de las legítimas diferencias políticas que existen entre las autoridades políticas que llegan y las que salen, esta dinámica erosiona el aprendizaje organizacional, interrumpe procesos de modernización y obliga al Estado a recomenzar una y otra vez, como si cada gobierno partiera desde cero.

Lo paradójico es que muchos de estos servicios —salud, registro civil, servicios técnicos especializados— enfrentan desafíos que poco tienen que ver con la orientación ideológica del gobierno de turno. Su misión es esencialmente operativa: entregar bienes públicos, gestionar sistemas complejos y responder a necesidades permanentes de la ciudadanía. Sin embargo, siguen funcionando bajo una lógica de alta rotación que se aleja de una administración profesional moderna.

El escenario que heredará la próxima administración ilustra con claridad esta fragilidad. Cerca de un centenar de jefaturas de servicio podrían tener que ser concursadas en su primer año, a lo que se suman otros cargos relevantes del sistema. En total, el Consejo de la ADP podría enfrentar alrededor de 120 procesos en apenas 12 meses, una carga difícilmente compatible con su estructura actual y que de ser así se traducirá en largos períodos de vacancia en áreas relevantes de la administración del Estado.

Persistir en este modelo es una forma de postergar un problema que se vuelve más grave con el tiempo. La ADP requiere una reforma de fondo en al menos dos dimensiones. Primero, avanzar hacia una verdadera carrera de gerentes públicos, donde la permanencia dependa del desempeño y de evaluaciones exigentes, no de la confianza política circunstancial. Segundo, redimensionar su gobernanza y capacidad operativa, revisando seriamente la composición y atribuciones del Consejo, para que esté a la altura del sistema que hoy administra.

Nada de esto se resuelve con ajustes cosméticos ni con soluciones apresuradas cada vez que un gobierno enfrenta el atasco de nombramientos. Se trata de una reforma estructural que exige mirada de largo plazo, acuerdos transversales y gradualidad en su implementación. Probablemente sus frutos no se verán de inmediato, pero postergarla solo seguirá profundizando las ineficiencias actuales.

La Alta Dirección Pública fue creada para fortalecer al Estado, no para convertirse en un obstáculo para su funcionamiento. Si no se corrige su diseño, el riesgo es claro: una institucionalidad pensada para profesionalizar la gestión terminará generando nuevos problemas y trabas a la estabilidad administrativa del país. Y en un Estado que enfrenta crecientes demandas ciudadanas, ese es un lujo que Chile simplemente no puede darse.

*Bettina Horst es miembro del Consejo de Alta Dirección Pública.