María Paz Arzola, futura ministra de Educación, llega con múltiples posiciones —tanto políticas como técnicas— sobre los problemas de nuestro sector. De ese material, se puede inferir un tipo de “programa implícito” que refleja sus orientaciones y preferencias en el ámbito educativo. Mi enfoque no busca desafiarlo ideológicamente, sino evaluar su capacidad para abordar la complejidad del sistema educativo chileno.

Este programa implícito se basa en un diagnóstico claro: Chile ha enfrentado una “década perdida” en educación. Para la próxima ministra, el estancamiento en los aprendizajes y la segregación persistente no son casualidades, sino consecuencia de políticas públicas que, desde 2014, priorizan la estructura de propiedad y gestión de los colegios sobre las dinámicas del aula. Su argumento sostiene que el Estado docente, en su forma más burocrática actual, representada por los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y por la eliminación del copago y la selección, no ha cumplido su promesa de garantizar la equidad, además de restringir la creación de nuevos establecimientos privados.

La propuesta, derivada de sus declaraciones públicas, es evidente: frenar la expansión estatal y restablecer los incentivos ligados a la gestión y al mérito. En el sector educativo, esto implica promover de manera decidida los Liceos Bicentenario como ejemplo de altas expectativas y realizar una reforma precisa del Sistema de Admisión Escolar (SAE) para que el rendimiento académico recupere su importancia en la selección de instituciones educativas.

En la educación superior, el “programa implícito” erige un muro de contención contra el proyecto FES (Financiamiento de la Educación Superior), que la futura ministra ha criticado por su riesgo fiscal y por amenazar la autonomía universitaria mediante la fijación de aranceles y vacantes que buscan homogeneizar la docencia desde el nivel central. En política social, privilegia la focalización rigurosa, lo que debería llevarla a priorizar el gasto en la educación parvularia por encima de la gratuidad universitaria.

Dado este enfoque doctrinario y su clara orientación ideológica, que no resulta sorprendente desde la perspectiva de Libertad y Desarrollo ni de la tradición de la política pública del piñerismo, cabe preguntarse: ¿basta con ello para gestionar la complejidad del sistema educativo chileno en el siglo XXI? ¿En qué medida facilitaría una renovación de sus misiones y contribuiría a que las oportunidades de aprendizaje sean más equitativas y de mejor calidad?

Mi impresión es que, aunque el diagnóstico identifica varios síntomas —sin necesariamente abordar las causas profundas—, el programa que surge de ese diagnóstico presenta una serie de tensiones que exigirán ir más allá de revertir simplemente reformas anteriores.

La primera tensión es de carácter estratégico: ¿optar por reformas incrementales o por una contrarreforma gradual? Hay una inclinación en los equipos de la futura administración a revertir algunas de las reformas de las últimas dos décadas. Sin embargo, estos esfuerzos tienden a generar confusión y estancamiento. En cambio, la continuidad y el cambio no son mutuamente excluyentes y esa podría ser la vía para el próximo gobierno. El reto para Arzola será evitar la tentación de comenzar desde cero. Para lograrlo, necesitará establecer procesos de toma de decisiones que no se limiten a círculos de confianza, sino que sean abiertos a una deliberación pluralista. Por ello, los gobiernos suelen recurrir a instancias técnico-políticas de asesoría y consulta, convocando a actores con diversas posiciones ideológicas.

La segunda tensión gira en torno a las políticas: ¿enfocarse en arreglos institucionales o en el núcleo pedagógico? Durante mucho tiempo, el debate ha sido político y administrativo: municipalización versus SLEP, lucro versus no lucro, más o menos regulaciones. Un riesgo es quedar atrapado en esa misma lógica, pero en sentido inverso; invertir capital político en detener los traspasos a los SLEP o en retroceder con el SAE, en lugar de centrarse en la sala de clases. La calidad educativa depende del desempeño de los docentes, del restablecimiento de su autoridad profesional y de la mejora del clima escolar. Esto requiere respetar la autonomía de cada colegio y apoyar su proyecto pedagógico, reduciendo la carga administrativa.

La educación superior enfrenta una tercera disyuntiva urgente: mantener el statu quo o abordar los obstáculos que podrían ahogar el sistema. La paralización del FES no representa una política a largo plazo; más bien, obligará al Mineduc a rediseñar el apoyo estudiantil, incluyendo la gratuidad, los créditos contingentes al ingreso, las becas y la accesibilidad. Además, se necesita reducir la carga burocrática eliminando la excesiva estandarización de la excelencia académica y revisando las regulaciones arancelarias actualmente bajo el control del ministerio. También, junto a la ANID, incentivar la investigación en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como en las ciencias sociales, las artes y las humanidades. No solo vive el hombre de pan, sino también de la cultura, que surge de los lenguajes e interpretaciones.

Finalmente, quizás la tensión más importante: ¿cómo dirigir el esfuerzo educativo nacional —en lo docente, curricular, pedagógico y evaluativo— para preparar a las nuevas generaciones en un mundo incierto? El programa de Arzola se centra en incentivos y eficiencia; sin embargo, el reto de nuestra era es más profundo. Desde la educación temprana —donde una sala cuna universal es una prioridad ética y económica— hasta la vejez, el sistema debe desarrollar habilidades para conocer, hacer, convivir y ser. En un mundo reorganizado por sistemas altamente capaces (R. Susskind, 2025), la educación no debe limitarse a transmitir información ni depender solo de IA generativa. Necesitamos una paideia mucho más integral, que combine fluidez digital, pensamiento crítico, ética responsable y la capacidad de amar al mundo y a los otros, aunque a veces no podamos distinguir si los otros son el infierno o nuestra salvación.

Dado este enfoque doctrinario y su clara orientación ideológica, que no resulta sorprendente desde la perspectiva de Libertad y Desarrollo ni de la tradición de la política pública del piñerismo, cabe preguntarse: ¿basta con ello para gestionar la complejidad del sistema educativo chileno en el siglo XXI? ¿En qué medida facilitaría una renovación de sus misiones y contribuiría a que las oportunidades de aprendizaje sean más equitativas y de mejor calidad?”