Todos tenemos prejuicios. Y sin ellos es probable que estuviéramos paralizados, sin movernos, eternamente meditabundos calculándolo todo. En vez de eso, cada individuo es capaz de moverse e interactuar con otros gracias a que damos por supuestas un montón de cosas. Nadie calcula cada paso temiendo que el suelo ceda o que el transeúnte de pronto lo apuñale. Y ello a pesar de que, bien mirado, ambas cosas son posibles. El mundo en derredor, las cosas y las personas, nos es familiar gracias a que poseemos creencias irreflexivas acerca de él. Así nos movemos y nos comportamos irreflexivamente la mayor parte del tiempo gracias a las creencias que portamos. El individuo humano es, en este sentido, prejuicioso.

Sin prejuicios no podríamos vivir.

Los prejuicios —nuestras creencias acerca del mundo en torno— son así benéficos.

Pero no lo son —menos en política— cuando se traducen en calificaciones morales o legales acerca de otro.

Si ese tipo de prejuicios invaden las decisiones o el comportamiento público, o guían nuestros deberes hacia los demás, entonces son maléficos y deben ser rechazados.

Un ejemplo de esos prejuicios maléficos ha sido conocido esta semana, con los casos de Julia Chuñil y el expolicía C. Crespo. A la primera se la consideró una víctima de la voracidad empresarial enemiga del medio ambiente y al segundo un criminal, represor de la protesta legítima. El rostro de Julia Chuñil apareció en poleras, en grafitis, en festivales y en discursos presidenciales como una resistente medioambiental castigada hasta hacerla desaparecer. ¿Dónde está Julia Chuñil? reiteraba la pregunta bíblica que, con razón, resuena todavía a propósito de los desaparecidos. El expolicía Crespo, por su parte, fue considerado un criminal capaz de enceguecer deliberadamente a quien no hacía más que protestar.

Todas esas afirmaciones derivaban no de la evidencia o de la prueba o de un discernimiento racional, sino de un prejuicio ideológicamente animado. De alguna forma —inconsciente, desde luego— se deseaba que Chuñil resultara ser una víctima de la voracidad empresarial y que la desgraciada ceguera de G. Gatica fuera el fruto deliberado de un policía cruel y represor. Porque eso es lo que ocurre con el prejuicio: siempre anida el anhelo de que la realidad lo verifique y no lo desmienta.

Por supuesto se trata de una disposición habitual en la opinión pública, en las mayorías que suelen ser irreflexivas, espasmódicas, apuradas partícipes de las redes.

Lo que no es aceptable —todo hay que decirlo— es que los dirigentes políticos, o los ministros, o lo que es peor, el Presidente de la República, como ha ocurrido especialmente con el caso de Julia Chuñil, se dejen llevar por prejuicios y emitan juicios apresurados y contribuyan así a fortalecer la irreflexión, cuando su deber es, en cambio, esforzarse por una cierta sobriedad racional que aconseja, especialmente a quienes ejercen funciones públicas, suspender el juicio y mostrar cierta neutralidad en vez de servirse de lo que ocurre como oportunidades que confirmen lo que de antemano creen.

Afortunadamente, las sociedades cuentan con mecanismos y con roles que impiden que el prejuicio se enseñoree de las decisiones públicas y la vida colectiva. Se trata de los jueces y de las reglas. Unos y otras tienen la función de promover el discernimiento racional y atender al debate imparcial en vez de dejarse seducir por la opinión pública o por lo que exprese o lo que sienta la mayoría o lo que diga la autoridad.

Esa es la verdadera división de poderes —queda mejor, de funciones— a la que acaba de aludir la presidenta de la Corte Suprema.

Mientras las fuerzas políticas (como ha quedado de manifiesto esta semana a propósito de los reproches por la promulgación de la Ley Naín-Retamal) se dejan guiar por los intereses y la ideología hasta el extremo de desconocer sus propias decisiones, y mientras las autoridades suelen buscar coincidir con la corriente de la opinión pública (como le ha ocurrido algunas veces al propio Presidente Boric, y le ocurrió en el caso de Chuñil), la mayoría de los jueces actúan exactamente al revés: alertas frente al prejuicio, se esmeran por favorecer un debate igualitario y por discernir el problema que ante ellos comparece en base a reglas, es decir, en base a razones y criterios que interpretan imparcialmente. Sine ira et studio, con reflexión y sin ira, sin prestar oídos a todo lo ajeno a las reglas.

De esa manera evitan que el simple prejuicio de la opinión sea el que nos guíe, el mismo que habría acabado considerando a los hijos de Julia Chuñil no como los victimarios que al parecer son, sino huérfanos y víctimas de la voracidad medioambiental, y al policía Crespo no como quien amenazado de muerte por la masa enardecida debió disparar, sino como un represor que castigaba con la ceguera la protesta legítima.