La discusión sobre el reajuste al sector público suele centrarse en el porcentaje de aumento salarial. Sin embargo, una vez más, ese foco resulta insuficiente para comprender el verdadero alcance del proyecto que el Ejecutivo presentó al Congreso. La iniciativa define un reajuste nominal de 3,4% —y uno mayor para los salarios más bajos— que, en términos generales, permitiría mantener el poder adquisitivo de la mayoría de los funcionarios. Pero lo más relevante está en todo lo que se suma a ese reajuste y en la ausencia de certezas respecto de su financiamiento.

Como ha sido habitual en los últimos años, la Ley de Reajuste vuelve a transformarse en un verdadero “cajón de sastre” legislativo. Bajo la urgencia propia de estas iniciativas, se incorporan modificaciones que exceden con creces el objetivo original del proyecto. En esta oportunidad se incluyen restricciones a la desvinculación de funcionarios a contrata, cambios en la regulación de los asesores de confianza de las autoridades, ampliaciones de beneficios asociados al retiro voluntario, ajustes en asignaciones sectoriales e incluso modificaciones a los giros de empresas públicas. Muchas de estas materias pueden ser relevantes, pero su discusión debiera darse en el marco de reformas estructurales y no en una ley de tramitación acelerada, donde el análisis técnico y los efectos de largo plazo quedan relegados.

Las nuevas restricciones a la no renovación de contratas son un buen ejemplo. Exigir causales cada vez más específicas para desvincular funcionarios reduce la capacidad de gestión del Estado y tensiona aún más un sistema que ya es rígido a la salida. Además, avanzar en esta dirección contradice la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, que ha cuestionado la idea de la “confianza legítima” como fuente de estabilidad laboral para funcionarios a contrata. En la práctica, se termina equiparando por la vía legal a quienes ingresan sin un concurso obligatorio y normado con aquellos que forman parte de la planta, debilitando el principio de mérito que debiera regir el empleo público.

El problema fiscal tampoco es menor. De acuerdo con el informe financiero del proyecto de ley, el costo fiscal asciende a US$ 1.220 millones para 2026 y a un monto similar, de forma permanente, a partir de 2027. No obstante, la Ley de Presupuestos recientemente aprobada contempla para 2026 recursos por poco más de US$ 600 millones para financiar el costo total del reajuste, es decir, menos del 40%. El resto irá a engrosar el déficit fiscal que heredará el gobierno que asume en marzo, en abierta contradicción con las proyecciones oficiales y con lo discutido durante la tramitación del Presupuesto 2026.

Para los años siguientes, el mayor gasto que se propone en forma permanente tampoco cuenta con financiamiento. Según el último Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos, para 2027 y los años posteriores esos recursos no están disponibles, lo que incrementa aún más el déficit fiscal proyectado. En efecto, para 2027 solo el 4% del costo tendría financiamiento. La brecha entre gasto comprometido y financiamiento disponible vuelve a generar dudas razonables sobre la sostenibilidad fiscal y obliga a las próximas autoridades a enfrentar un ajuste fiscal aún mayor al que ya se venía anticipando.

Esta discusión se da, además, en un contexto de crecimiento sostenido del empleo público. En los últimos años, el número de funcionarios ha aumentado de manera significativa, llevando el gasto en personal a cerca del 5% del PIB. Sin embargo, ese mayor gasto no ha ido acompañado de mejoras claras en productividad ni en la calidad de los servicios que el Estado entrega a los ciudadanos. La rigidez normativa, la fragmentación de estatutos y la debilidad de los incentivos al buen desempeño siguen siendo problemas estructurales no resueltos.

Si bien es cierto que una parte importante del crecimiento del empleo público se explica por la creación de nuevos servicios y ministerios, así como por el traspaso de la educación estatal desde los municipios al Gobierno central, también es evidente que este constante crecimiento del Estado no ha sido acompañado por una revisión de su estructura. En muchos casos, esta data de varias décadas atrás, lo que obliga a preguntarse si las necesidades y urgencias que justificaron su creación en su momento siguen vigentes hoy.

Con todo, el proyecto de ley de reajuste para el sector público es mucho más que una negociación salarial anual. Tiene implicancias fiscales permanentes y busca modificar múltiples aspectos del funcionamiento del Estado, que requieren una reflexión más pausada. Por ello, el proyecto debiera dividirse, al menos, en dos partes: por un lado, aquellas materias que tienen efecto en 2026, como el reajuste para este año y la suspensión de la aplicación del reavalúo de bienes raíces; y, por otro, aquellas que implican cambios estructurales y comprometen recursos más allá de 2026, y que, por lo mismo, deben analizarse con mayor profundidad.