La inseguridad ciudadana, una economía coja y la inmigración ilegal son motivos para preocuparnos. Ellas han llevado a una amplia mayoría de los chilenos a elegir Presidente a un político que ha sabido captar la necesidad del momento y ha convocado a un gobierno de emergencia que priorice estos problemas, cuya solución no será rápida ni fácil.
Sin embargo, hay otro aspecto de la realidad social que también se encuentra en un estado de grave deterioro y nuestros actuales temores no pueden llevarnos a dejarlo de lado. Me refiero, naturalmente, a la educación, esa bandera que estuvo detrás de las diversas movilizaciones sociales al menos desde los pingüinos de 2006 y que los años de la Nueva Mayoría y del experimento frenteamplista/PC han dejado en una situación especialmente frágil.
Dos noticias de esta semana muestran que el gobierno sigue más preocupado de su agenda que de nuestra dolorosa crisis educacional. ¿Qué deben hacer los establecimientos educacionales en este momento? Si atendemos a las recientes reglamentaciones de la Superintendencia de Educación, está claro: educar con enfoque de género y promover la autonomía progresiva de los niños. Parece que da lo mismo si llegan a la vida adulta hechos unos ignorantes, lo importante es que sean autónomos y piensen con “corrección”.
Por otra parte, un informe de Acción Educar nos muestra que hoy los alumnos municipales reciben un 38% más de fondos que sus pares subvencionados. Igualdad sí, pero solo para algunos. Si no puedes vencer a la educación privada, asfíxiala: quítale el dinero, prohíbele el copago y llénala de controles.
“Esta es la ENU de la UP, pero hecha de modo gradual y más inteligente”, me decía hace poco el director de un liceo privado subvencionado. Había recibido siete inspecciones oficiales el último año, donde incluso le hicieron ver que, en un lugar apartado de sus excelentes instalaciones, había un pequeño vidrio trizado. Mientras tanto, el liceo público de su ciudad se cae a pedazos y ninguna autoridad dice nada.
Es verdad que el frenteamplismo/PC insiste en sus excesos regulatorios hasta el final, pero el 11 de marzo las cosas pueden cambiar. ¿Qué hacer? Pienso que, a la luz de la experiencia de los últimos años, no debería ser difícil reponer la selección. ¿Cómo se puede educar si las escuelas no tienen la facultad de contar con padres y alumnos que acepten ajustarse a su proyecto educativo?
Por otra parte, los directivos y profesores tienen que percibir que cuentan con el respaldo de los organismos oficiales cuando tratan de poner orden y fomentar un ambiente de estudio. Todo esto es obvio, pero quienquiera que converse con un profesor se dará cuenta de que la tarea de educar se hace muy difícil. Cualquier medida disciplinaria que tome estará sujeta a infinitos controles y terminará por ser revertida por las autoridades centrales.
Al final, lo más fácil es no hacerse mala sangre y dejar las cosas como están. “Yo no repruebo a nadie”, decía un profesor desencantado, “ya los reprobará la vida”.
Si las nuevas autoridades no les entregan más autonomía a los directores de colegios públicos y privados, cualquier mejora será imposible. Ellos conocen las necesidades de sus alumnos en Chalinga o Coelemu mejor que los funcionarios en Santiago. Además, para hacer mejores clases, nuestros profesores no necesitan dedicar su escaso tiempo a rellenar innumerables planillas e informes. Simplemente requieren disponer de las horas suficientes para estudiar y preparar bien sus lecciones. Hoy no las tienen.
Ahora bien, no nos engañemos. La culpa de la desmedrada situación actual no es solo de una burocracia que desconfía de la tarea de los profesores, tiene maniatados a los directivos y no reconoce la capacidad de los ciudadanos para dar marcha a buenos proyectos educativos. También los padres y apoderados tienen una grave responsabilidad.
Durante siglos, la educación se basaba en un pacto implícito: los padres delegaban parte de la educación en los maestros, pero, al mismo tiempo, respaldaban su autoridad. Los niños sabían que, si recibían una mala nota o un castigo, sus progenitores iban a respaldar esa decisión. Ese acuerdo ha sido roto. Hoy, el profesor sabe que, si pone una mala nota, al día siguiente unos papás furiosos protestarán por la “injusticia” que ha sufrido su niño.
Esta es una traición al pacto y una miopía. Los padres no se dan cuenta de que, al desacreditar al profesor, están debilitando el principio de autoridad y ponen en cuestión su propio papel.
Digámoslo con claridad: obtener una mala nota cuando uno no sabe no es algo malo, sino un gran bien. Repetir de curso puede ser muy beneficioso para una persona. En cambio, actuar como si no pasara nada es engañar a los jóvenes y dejarlos inermes ante la vida.
Ciertamente debemos exigir a las autoridades que dejen de lado esas borracheras teóricas que han llevado a nuestra educación al lamentable estado en que se encuentra. Pero eso supone, como contraparte, que los padres y apoderados sean conscientes de que la educación supone esfuerzo, dedicación, muchos fracasos y continuas correcciones. Los disparates educativos que hemos visto estos años solo han sido posibles porque los padres los han tolerado e incluso fomentado. Su misión no es “defender” a sus hijos de las exigencias ni proyectar sobre ellos sus propias fantasías de éxito, sino prepararlos para una vida que es y seguirá siendo una tarea difícil. Para esto no basta un buen gobierno.