El Poder Judicial, una de las principales hebras con que se teje el entramado que sostiene nuestra libertad y seguridad, no tiene ni la hacienda ni la espada. Si no goza de prestigio, queda desprovisto de toda fuerza.

Si alguien piensa que el 2025 ya vimos suficientes episodios de desprestigio; considere que no es improbable que el 2026 presenciemos la inédita imagen de alguno de los que la sociedad había colocado en majestuoso sitial de honor, encarcelado entre aquellos que acostumbraba a juzgar.

A pesar de la magnitud de los escándalos que se investigan, estudios comparativos sitúan al judicial chileno en los primeros lugares de América Latina en probidad e independencia; pero en los últimos en prestigio y predictibilidad. Acertar en el diagnóstico de esta paradoja es un desafío político trascendente.

Urge concordar un largo, prudente y sostenido proceso de reformas encaminadas a devolver prestigio a la judicatura. El desafío es hacerlo más accesible a los pobres, predecible para los agentes económicos y menos oscuro para la opinión pública.

Si la corrupción puede no ser el principal mal, ciertamente es el más corrosivo. Debe abatirse de raíz antes que el crimen organizado penetre por esos intersticios.

Registros telefónicos y diversos episodios han develado que, para llegar a los tribunales superiores es necesario desplegar una red de influencias, telaraña en la que el juez queda debiendo favores, aprende a ablandar su cerviz y establece relaciones peligrosas y tentadoras. Nuestro sistema de selección judicial facilita la corrupción.

Pero, aunque haya quedado claro que el mal principal de la selección judicial es el tráfico de influencias externas, los proyectos de reforma, una y otra vez, se diseñan para enfrentar otro problema, uno que fue intenso hace décadas, pero que hoy está lejos de ser central: el de la falta de independencia de los jueces respecto de sus pares situados en tribunales superiores. La demanda corporativa de no verse sometidos a la superintendencia de los magistrados ubicados en tribunales superiores se superpone al interés nacional.

La reforma en actual trámite en el Congreso deja vigentes las fuentes de corrupción y conlleva otros problemas. Desde luego, se trata solo de un proyecto constitucional, que deja irresponsablemente abiertos todos los detalles de los procesos de selección; es una mano de pintura con brocha gorda donde se requiere ingeniería de detalle. Además, establece una única comisión nacional de nombramientos judiciales, lo que conllevaría una centralización que haría imposible considerar las necesidades de cada cargo que se provee a lo largo de este país diverso. Una sola comisión, integrada por académicos y jueces de diversas jerarquías, no estará en condiciones de discernir el perfil del juez que, en un determinado momento, requieren la Corte Suprema y el juzgado de Chaitén. Como si ello fuera poco, esa sola Comisión tendría que proveer casi 600 nombramientos anuales. Si se quiere hacer seriamente, tendrán dedicación exclusiva. ¿Qué ministro de la Corte Suprema renunciará a impartir justicia para dedicarse exclusivamente a proveer cargos? ¿No terminará esa comisión integrada por aquellos más interesados en traficar influencias?

El ingreso a la carrera judicial debiera ser automático desde la Academia Judicial y según el orden de sus calificaciones en ella. Ha probado ser buena seleccionando y dando formación inicial. Los jueces debieran ascender luego por concursos altamente regulados que aseguren trasparencia, acuciosa revisión del desempeño profesional de los postulantes y pausado discernimiento, a cargo de una comisión de pocos ministros de la Corte de Apelaciones del cargo vacante. Ninguna participación debiera caber al poder político en la elección de los jueces de primera instancia.

Para proveer el cargo de ministro de Corte, la propuesta debiera radicarse en un grupo reducido y rotativo de ministros de la Suprema, en cuya composición se combine estima de sus pares, interés y sorteo.

Tan solo a nivel de ministro de Corte se justifica una elección final política entre los seleccionados por mérito. Ella debiera radicar solo en el Presidente de la República, a quien cabría exigirle decidir en un plazo muy breve, para así evitar cabildeos. Es hora de poner fin a toda participación del Senado. Más allá de cualquier consideración teórica, la experiencia de 30 años no muestra más que politización, tráfico de influencias, demora y exposición vejatoria de los aspirantes a la Suprema.