Hoy no se resuelve la contienda presidencial, pero sí la parlamentaria. Y aunque esta última ha recibido menos atención, su importancia es casi equivalente. El próximo Congreso deberá acompañar al nuevo presidente, y buena parte del éxito de la futura administración dependerá de esa relación.

Los resultados parlamentarios influirán directamente en el clima para la atracción y desarrollo de inversiones, en la posibilidad de corregir los desvíos de los últimos años en materia fiscal y en el respaldo político necesario para impulsar las reformas y leyes que permitan reconstruir las bases del tan anhelado, y en estos años esquivo, progreso económico y social.

Algunas encuestas y proyecciones anticipan resultados auspiciosos para la actual oposición, aunque conviene analizar esas expectativas con cautela. Más allá de los números que se conozcan esta noche, es probable que varios parlamentarios que han actuado como opositores al gobierno actual mantengan esa posición. ¿Cuántos? Difícil saberlo con exactitud. Algunos ya han adelantado que seguirán en la oposición, mientras otros podrían comenzar apoyando al nuevo gobierno para luego distanciarse de él. Todo dependerá, en buena medida, de la popularidad que logre sostener la nueva administración. Lamentablemente, muchos políticos tienden a seguir la opinión pública más que ser líderes en sus propias convicciones.

Pero eso será materia de marzo en adelante. En lo inmediato, a los actuales parlamentarios aún les restan poco más de dieciséis semanas en el cargo. Desde mañana deberán concentrarse en la discusión de la Ley de Presupuestos para el próximo año. Si bien es difícil que haya consenso respecto de la estimación de los ingresos con los que se contará el próximo año, al menos debiera procurarse minimizar las sorpresas que podrían enfrentar las nuevas autoridades al asumir. Por ejemplo, asegurar que los eventuales acuerdos que se alcancen con los funcionarios del sector público en materia de reajuste salarial estén efectivamente financiados. Según la discusión actual, el presupuesto considera unos US$ 600 millones para este fin, lo que permitiría un reajuste cercano al 2%, cifra muy inferior a los casi US$ 2.000 millones que costó a los contribuyentes el reajuste del año pasado.

Además del presupuesto, existen varios proyectos de ley cuya aprobación antes de marzo sería positiva. No me refiero a aquellos con diferencias ideológicas profundas, como el Fondo de Financiamiento para la Educación Superior (FES) que busca reemplazar el CAE, la creación del Sistema Nacional de Cuidados, el beneficio de Sala Cuna Universal o la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo. Son iniciativas respecto de las cuales uno puede eventualmente compartir algunos de los objetivos, pero definitivamente no las soluciones propuestas. Más bien pienso en proyectos en los que hay coincidencia tanto en los fines como en mayor medida en los medios: la reforma a Gendarmería, el fastrack regulatorio para la construcción de cárceles, las modificaciones a los beneficios por licencias médicas para evitar abusos, la creación de la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad, la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, entre otros.

Con los resultados de las elecciones de hoy, probablemente se consolide la percepción de que estamos entrando en la fase final de un ciclo político iniciado el 18 de octubre de 2019 y que concluirá en marzo de 2026. Que este cierre se traduzca en un verdadero giro cultural —y no solo en una reacción de frustración o cansancio con el gobierno actual— dependerá de la capacidad del próximo Congreso y del nuevo Ejecutivo para transformar este nuevo clima en una alternativa política sólida, capaz de responder a las demandas y expectativas de los chilenos. Y ello solo será posible si, desde ahora, la oposición actúa con responsabilidad, y a partir de marzo, el oficialismo demuestre capacidad de coordinación y visión de futuro.