Presumo que buena parte de los lectores estarán de acuerdo conmigo: esta primera vuelta de las elecciones presidenciales ha terminado por ser una mala pichanga de barrio. El espectáculo no ha sido grato y nos lleva a preguntarnos: ¿de quién es la culpa? Lo más fácil es responsabilizar a los jugadores. Es verdad que algunos son bastante malos, pero me parece que buena parte del problema no está ahí, sino en las malas reglas que rigen este juego o en los ambientes donde se lleva a cabo.

Pensemos, por ejemplo, en los debates presidenciales, ese espectáculo circense donde muchos chilenos simplemente quieren ver el resumen al día siguiente para descubrir los episodios más ridículos. Parece que el objetivo central de los principales candidatos es tan solo evitar el ser transformados en un “meme”.

¿Qué sentido tienen esos debates de ocho candidatos?

Alguna vez yo mismo pensé que todos los que figuraban en la papeleta tenían derecho a participar de ellos. Este razonamiento es erróneo. El fin de los debates es ilustrarnos para que podamos elegir mejor. Los candidatos del 1% tienen derecho a presentarse a la elección, pero no corresponde que nos quiten un tiempo que es necesario para saber más a fondo qué piensan los que efectivamente podrán llegar a La Moneda, esos que tienen reales posibilidades de afectar de modo muy significativo la vida de los chilenos. Los debates no pueden ser una oportunidad para que determinadas personas tengan su minuto de fama, sino un medio para que los ciudadanos podamos ilustrarnos.

El modelo actual pone énfasis en los procedimientos más que en el sentido del debate, e impide que los periodistas hagan bien su trabajo.

El formato de nuestros debates constituye un serio obstáculo para que se lleve a cabo la tarea de deliberación que permite a los ciudadanos formarse una opinión fundada. Así planteados, estos debates no ayudan a la democracia, sino que la entorpecen. Buenos periodistas terminan por ser meros administradores del tiempo. “Le quedan 12 segundos”, dicen. Es una muestra de la racionalización técnica de la discusión pública.

Además, se presenta un problema adicional: ¿qué buscan medir los debates? Hoy no nos permiten determinar la calidad y viabilidad de las propuestas, sino, a lo más, medir la habilidad retórica de los candidatos, su capacidad para salir rápido del paso ante cualquier trampa. ¿Qué tiene que ver eso con sus aptitudes para gobernar?

Imaginemos, por un momento, un debate donde participan Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Gabriel Boric. Probablemente ganaría la retórica de Boric. Sin embargo, hasta sus adversarios de entonces reconocemos que Frei fue un buen presidente y dudo que en el futuro podamos decir lo mismo de nuestro actual gobernante.

Algo anda mal aquí, y de la amarga experiencia de estas elecciones, deberíamos aprender a corregirlo.

Los debates pueden ser de alguna utilidad, si se restringe a quienes son candidatos en serio. Además de ellos, necesitamos ver entrevistas en profundidad, donde el postulante pueda explayarse, pero sin ninguna posibilidad de eludir preguntas incómodas. Deben incluir muchas contrapreguntas, hasta que podamos discernir si sus propuestas son voladores de luces o están bien fundadas.

La calidad de las campañas depende, en buena medida, de las reglas que las regulan. ¿Quién influye sobre ellas? Algunas dependen de las diversas agrupaciones de prensa; otras, de las leyes.

Archi, Anatel y otras entidades semejantes deben ser conscientes de que su papel de mediación entre los postulantes y el público es algo muy serio. No pueden limitarse, como hasta ahora, a seguir el camino más fácil para evitar ser cuestionadas por quienes quedan fuera de los debates. Las decisiones sobre las reglas de los encuentros futuros deberían tomarse ahora, de manera anticipada e impersonal. No en cuatro años más, cuando es posible que tengamos de nuevo una multitud de candidatos presidenciales.

Otras reglas de las elecciones presidenciales dependen del Congreso. En marzo tendremos uno nuevo. ¿Es muy difícil pedirle que suba cuanto antes el umbral para las candidaturas presidenciales? Este no es un problema de izquierdas o derechas, de manera que debería ser fácil alcanzar acuerdos al respecto.

Otro tanto cabe decir respecto de la necesidad de derogar la prohibición de difundir encuestas quince días antes de las elecciones. Aquí, el acuerdo es amplísimo: fue una idea pensada para otras circunstancias, que no funciona cuando existen redes sociales. Urge cambiarla cuanto antes.

Todas estas son lecciones que podemos sacar a la luz de la actual campaña presidencial. Casi todos los sectores políticos deberían estar interesados en corregir estas deficiencias, porque de lo contrario este espectáculo se repetirá, empeorado, en las próximas elecciones.

Hemos visto un juego malo, porque las reglas son malas, pero también debemos pedirles a los candidatos que no trivialicen la discusión política. Más que sus codazos y pullas, nos interesa saber por qué quieren llegar a La Moneda, qué buscan llevar a cabo si llegan allí y si tienen los medios y la capacidad de conseguirlo.