El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, ha declarado que el secreto bancario es un obstáculo para la investigación de la evasión tributaria y del lavado de activos. El exdirector del SII Javier Etcheberry ha advertido sobre los riesgos de que los funcionarios públicos, sin autorización de un juez, puedan intervenir en nuestras cuentas bancarias. Esto es parte del debate sobre el “secreto bancario” que a decir verdad en Chile cada vez es menos secreto y ahora la izquierda quiere eliminar el último vestigio que queda —la autorización de un juez— so pretexto de perseguir a los criminales.

El señor Pavez tiene toda la razón, los derechos personales y los jueces son un obstáculo para cualquier investigación criminal. En democracia hay que trabajar más y mejor para pillar a los malos. Por eso la Gestapo, la CNI o la KGB eran tan eficaces persiguiendo a moros y cristianos, no tenían límites en lo que podían hacer en la persecución del delito. Todo sería más rápido y eficaz si la policía o el SII pudieran allanar mi casa para ver si tengo plata escondida bajo el colchón. Sería mucho más eficiente poder torturar a un prisionero para que declare rápido lo que sabe o confiese lo que hizo. Pero no es tan fácil, los jueces existen para asegurar que los avances civilizatorios que hemos conseguido las personas frente al poder del Estado sean debidamente resguardados.

Ya la república romana estableció un poder judicial independiente, la Carta Magna (1215) protegió el derecho de propiedad y limitó el poder del soberano para ser juez y parte, y la declaración de Virginia (1776) recogió esos conceptos y reconoció la inviolabilidad del hogar. Por eso en los países anglosajones se dice que todo propietario es un señor en su castillo y hasta el rey debe pedir permiso para entrar.

Hoy no es fácil abrir cuenta para los malos. Los bancos deben hacer una investigación previa respecto de cada nuevo cliente (KYC), deben informar a la UAF de cualquier operación sospechosa y el Estado tiene convenios de intercambios de información con otros países. Estuve seis meses dedicado a la política y quedé como PEP (Persona Expuesta Políticamente) de por vida, dando explicaciones a los bancos de lo que hago con mis finanzas. Hasta junio de este año y desde el año 2007, 67 veces se ha solicitado a un juez el levantamiento del secreto bancario y nunca se ha denegado. Sin embargo, la fiscalía o el SII de turno debieron en cada caso convencer al juez de las virtudes y legitimidad de su petición. ¿Se imagina si los mismos que calculan el precio de la luz, se van de vacaciones con licencia médica o les roban a los pobres con fundaciones truchas pudieran acceder a nuestra información privada?

El secreto bancario no es un privilegio de los bancos, es un derecho de las personas a su intimidad. Tenemos derecho a que el Gobierno no nos abra la correspondencia, ni nos hackee el mail o nos grabe las llamadas telefónicas. No debe olvidarse que los mismos mecanismos destinados a perseguir delincuentes les sirven a los gobiernos para perseguir a sus adversarios y lo peligroso es que en el Estado coexisten funcionarios profesionales con operadores políticos del gobierno de turno. El secreto bancario es consustancial a la democracia y al Estado de Derecho, ¿o usted cree que en Venezuela o en Rusia existe secreto bancario? Todo sistema de persecución penal tiene derecho a interferir con los derechos individuales de las personas, pero en democracia requiere orden judicial para hacerlo.

La izquierda es oportunista con los derechos: para los violentistas todo, para los contribuyentes nada. Me recuerda a un amigo brasileño que decía “para mis amigos tudo, para mis enemigos la ley”. Este desprecio por los derechos se repite como con el de propiedad. Acaba de pasar con las cuotas en directorios. Tengo un cliente que tiene solo hijas mujeres y ahora no podrá nombrarlas a todas directoras porque tendrá que incluir hombres. La diversidad que necesitan los directorios es de nacionalidades, profesiones y edades, no solo de sexo, pero eso lo debe decidir cada dueño. En la Ley de Presupuestos el Gobierno ha exigido que las universidades entreguen los sueldos que pagan a sus directivos. Esto busca aprovecharse políticamente de la información. La regla general siempre debe ser la privacidad y el derecho a la intimidad. Es la actividad pública la que exige transparencia, no la privada. Lo que cada persona hace con su vida y su patrimonio es privado y el gobierno de turno no tiene derecho a inmiscuirse sin autorización judicial.