Lleva razón el cardenal cuando afirma que Chile no se cae a pedazos. Pero, que cruje, cruje y la sonajera viene del Estado, como si quisiera hacer notar sus debilidades y clamara por remedios a quienes hacen campaña. Cuando todavía no lográbamos curarnos del estupor por las licencias truchas, una agencia que lleva por nombre Para la Calidad de la Educación no es capaz de hacer que todos los niños rindan el Simce; el Ministerio Público es reprendido por el Judicial por no respetar el derecho a un debido proceso, y la cuestión de las cuentas de luz permanece en tinieblas.

Un comunicado a propósito de las tarifas eléctricas publicado en la página B1 del martes refleja la intensidad de la crisis. Conforme a su tenor, la Comisión Nacional de Energía (CNE) recibió de Transelec información acerca de errores en el cálculo de la tarifa el 10 de octubre de 2024 (sí 2024). Transelec, la denunciante del error, es una privada, dedicada a la transmisión de energía. La CNE, quien recibe la información, es el órgano del Estado a cargo de hacer los cálculos y proponer al Ministerio de Energía las tarifas eléctricas para clientes regulados. Esta estatal no podía menos que saber que lo que se le denunciaba implicaba que la población estaba pagando más de lo que debía. ¿Qué hizo? En vez de confirmar o desestimar el error con el mismo personal y metodología con que calcula las tarifas y las propone, y, en su caso, hacerlo público y asumir responsabilidades, decidió, 20 días después, oficiar al Coordinador Eléctrico Nacional —otro órgano público— solicitándole la realización de una auditoría técnica a la empresa Transelec para verificar la exactitud de la información entregada.

Así, la agencia estatal, dirigida por cinco consejeros, que cuenta con un director, cinco gerentes y casi un centenar de funcionarios, la mayor parte profesionales y cuya tarea principal es hacer los cálculos y proponer las tarifas, decide no revisar por sí misma el error denunciado, sino que se haga una auditoría a la empresa denunciante para verificar el error.

El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), a quien se dirige la solicitud, tampoco hace la auditoría por sí mismo, sino que, conforme señala el mismo comunicado, abre un proceso de licitación para su realización. En el Coordinador trabajan más de 250 profesionales y en su página web declara “nos hacemos cargo y somos responsables en todas nuestras actuaciones, trabajamos duro para cumplir nuestros objetivos, a pesar de las dificultades, respondiendo por nuestros actos, interna y externamente.” Al cabo de un año, quienes así se presentan públicamente, habían declarado desierta la licitación para verificar el error y, conforme al comunicado, “actualmente se encuentra próximo a iniciar el segundo proceso de licitación destinado a seleccionar al consultor que la llevará a cabo.”

Es decir, al cabo de un año, el CEN aún no iniciaba (aunque estaba “próximo a hacerlo”, qué tranquilidad) un segundo proceso de licitación que tenía por único objeto seleccionar al consultor que llevaría a cabo la anhelada auditoría para comprobar que, por lo menos un año antes, la población estaba pagando de más en sus cuentas de energía. El comunicado publicado (no se encuentra íntegro en la página de esa agencia) no explica por qué se requiere un proceso de auditoría para confirmar un error en cálculos en que las agencias estatales son expertas; tampoco informan por qué, al cabo de un año, recién estaban licitando para contratar a un consultor para que les dijera si el error era real y sus dimensiones, ni da a conocer si informaron o no al Gobierno del error denunciado.

Si esa burocracia resulta difícil de entender, más impresiona la falta de sentido público para dimensionar que lo que se les había comunicado se transformaría en un escándalo de proporciones, lo que obligaba a gestionarlo con sentido de urgencia y máxima diligencia.

Rasgar vestiduras y hacer efectivas las responsabilidades frente a estos hechos que se suceden vertiginosamente puede ayudar en algo, pero mientras no tengamos un servicio civil del Estado con sistemas de selección, medición de desempeño, régimen de estabilidad y de responsabilidad ética y legal adecuados a lo que el país exige, próximamente serán otras agencias las que nos sorprendan, vendrá luego el turno para que la izquierda esté acusando constitucionalmente a los ministros de derecha y se seguirán frustrando los intentos por igualar las oportunidades, empeños en que un Estado en forma es actor irreemplazable.