La llegada de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda, al inicio de este gobierno, probablemente contribuyó a que el crecimiento económico se instalara en la agenda oficial, aun cuando no figuraba en el programa presidencial. Ese mérito, sin embargo, convive con otros elementos difíciles de ignorar: su respaldo a la primera propuesta constitucional —inspirada en visiones cercanas al decrecimiento—; la reforma tributaria inicial del Ejecutivo, que desincentivaba la creación de riqueza, y un manejo de la política fiscal que ha agravado aún más la situación financiera del Estado.

La falta persistente de dinamismo económico y creación de empleo durante más de una década ha generado una creciente demanda ciudadana por reactivación. Este fenómeno ha forzado a un espectro político cada vez más amplio a incorporar el crecimiento en su discurso, lo que ahora también se observa durante la campaña electoral.

La recientemente aprobada Ley de Permisos Sectoriales —conocida como la reforma para destrabar la “permisología”— constituye un avance, pero es insuficiente por sí sola. Su éxito dependerá de una convicción política sostenida en el tiempo, ya que requiere múltiples reglamentos, y la movilización de una burocracia extensa. Esa convicción ya se vio debilitada con el requerimiento de 42 diputados oficialistas ante el Tribunal Constitucional para frenar parte de la reforma, pese a que varios de ellos la habían apoyado previamente en su tramitación en el Congreso.

Convicción es también lo que dice tener la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, cuya propuesta programática renovada menciona la necesidad de recuperar el crecimiento y agilizar la inversión privada mediante la implementación de esta reforma. No obstante, persiste la duda sobre cuán interiorizada está del contenido de su propio programa: en etapas previas ha mostrado desconocimiento de documentos mucho más breves —programa de siete páginas presentado para la primaria— y en esta ocasión se trata de un texto de 74 páginas. A ello se suman las declaraciones de dirigentes de su sector que ya cuestionan el texto presentado, matizando sus lineamientos.

Pero la convicción, aunque indispensable, tampoco basta. Persisten obstáculos regulatorios relevantes: la deficiente ley que regula la protección del patrimonio cultural y la reforma al Consejo de Monumentos Nacionales, los problemas en la gestión de concesiones acuícolas, la ley Lafkenche y un sistema de evaluación ambiental, por mencionar algunos, requieren una revisión profunda. La indicación sustitutiva presentada por el actual gobierno al proyecto sobre protección del patrimonio cultural heredado de la administración de Sebastián Piñera no resuelve estos problemas; en algunos casos, los agrava. Ello por cuanto introduce nuevas categorías de protección con definiciones sumamente amplias. Tal es el caso de la nueva protección a los “elementos, expresiones y manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial, junto con los objetos y/o espacios que les son inherentes”. ¿Cuál será la definición que en definitiva se aplicará para “los espacios que les son inherentes”? Asimismo, aumentar el número de integrantes de los actuales 23 a 30 del Consejo de los Patrimonios Culturales tampoco apunta a agilizar el funcionamiento de este.

A este panorama se suman propuestas populistas como la eliminación de la UF, nuevos retiros de fondos de pensiones que pudieran ser impulsados al calor de las campañas, la eliminación del tope en indemnizaciones por despido o la creación de un Defensor de la Naturaleza. Si no existe una oposición firme en el Congreso Nacional y un Ejecutivo dispuesto a contener estas iniciativas, será imposible retomar la senda del crecimiento. En lo que resta de este gobierno, si bien lo más probable es que no se logre avanzar, al menos se debe evitar seguir retrocediendo.