Estamos al inicio de la temporada programática. Pronto las y los candidatos a la Presidencia, sus partidos y cuadros técnico-políticos iniciarán la campaña de las ideas y propuestas. Empiezan a conformarse los equipos de trabajo y se buscan las mejores formas de comunicar los programas.

Confieso que esta fase típicamente deliberativa de la democracia me resulta especialmente atractiva. Permite conocer las posturas y orientaciones ideológicas de los diferentes colectivos políticos y alimentar la conversación de la sociedad sobre el futuro del país.

La educación es un sector clave y ocupa habitualmente un lugar destacado en las propuestas presidenciales. Por lo general señalan rezagos, vacíos, problemas o crisis —convenientemente atribuidos a la agrupación competidora— y, enseguida, enuncian un listado de medidas, precedido por un párrafo de carácter doctrinario. Este afirma principios y proclama valores; por ejemplo, libertad de enseñanza, educación como derecho social, equidad y calidad, roles del Estado y la sociedad civil.

Casi siempre falta, sin embargo, lo más importante: un claro y realista enunciado de prioridades para una administración que durará apenas cuatro años. Dicha ausencia busca compensarse con la lista de promesas ofrecidas. Esto explica por qué los nuevos ministros y sus equipos, cuando asumen, carecen de una estrategia y deben responder, comunicacionalmente al menos, de un exceso de promesas. Al primer secretario del Presidente Boric en esta cartera le pasó exactamente eso.

Quizá nosotros, quienes participamos desde la academia y el sistema educativo en la discusión programática, somos también corresponsables de esa situación. A veces cargamos las tintas de los diagnósticos críticos a favor o en contra de una u otra candidatura. O bien producimos innumerables soluciones sin atender a la evidencia empírica que nosotros mismos generamos. Y, sin tener en cuenta las inexorables restricciones, manifestamos una tal profusión de deseos de cambio y mejoramiento que en nada contribuyen a priorizar fines y medios.

En esta columna, por tanto, resumiré brevemente cuáles son mis prioridades para la educación durante el período 2026-2030.

Primero, prioridad absoluta para mejorar la cobertura, calidad y gobernanza de la educación temprana y cuidado de los infantes.

Sabemos que las capacidades cognitivas y socioemocionales fundamentales se establecen en la familia durante la primera infancia, antes de comenzar la escolarización formal. Sabemos también que las intervenciones tempranas de alta calidad en salas cunas y jardines infantiles mejoran el rendimiento escolar, reducen los riesgos de delincuencia juvenil y aumentan la posibilidad de inserción laboral futura. Además, poseen un alto retorno social, beneficiando a la sociedad en su conjunto.

¿Por qué y cómo? Porque solo al comienzo de la vida de las personas pueden mitigarse y compensarse las desigualdades de origen sociofamiliar. De no hacerse, aumentan cada día y crecen acumulativamente. Un programa educacional que desconozca esta prioridad no está inspirado por valores de justicia social.

En breve, hay que asegurar acceso universal a redes de cuidado temprano y atención preescolar de alta calidad, mejorando sustancialmente la calidad, el personal, equipamiento y recursos de estas instancias formativas. Esto supone fijar metas para los próximos cuatro años y dotar a este nivel de una institucionalidad coherente, integrada y con el necesario presupuesto. Además, requiere involucrar a las familias, municipios, SLEP, diversas agencias públicas, organismos de la sociedad civil, comunidades locales y fundaciones educacionales.

Segundo, la prioridad para la enseñanza primaria debería ser que todos los niños alcancen el nivel de lectura comprensiva esperado en segundo año básico. No necesito insistir en esto; se trata de la promesa más elemental de la educación obligatoria a lo largo del siglo XX que aún hoy estamos lejos de cumplir. De hecho, un estudio de 2023 concluye que en la Región Metropolitana 3 de cada 5 niños y niñas no logran ese estándar, quedando por debajo del nivel de comprensión lectora esperado. ¿Cómo lograr un avance sustancial en este ámbito durante los próximos cuatro años? Se debería construir un acuerdo transversal que involucre a todos los actores relevantes del sector estatal y privado, con metas anuales claras y compromisos de acción. Y que incluya mecanismos de monitoreo y evaluación permanentes. Por lo demás, existe ya una experiencia inicial —Por un Chile que lee— sobre la cual fundar este pacto nacional.

Tercero, en el nivel de la enseñanza secundaria superior (últimos dos años), una prioridad clave es la incorporación guiada, sistemática y cuidadosa de la IA generativa, tipo ChatGPT. En efecto, ella permite personalizar aprendizajes, crear ambientes que estimulan la creatividad e innovación, sirve para colaborar y resolver problemas y motiva a los estudiantes. Aplicada en un marco coherente de política pública puede asimismo ayudar al logro de metas de inclusión y equidad. Al contrario, si se deja a la IA entregada exclusivamente a las familias y los mercados, su efecto sobre la desigualdad será letal. En concreto, ¿cómo proceder?

De acuerdo con la experiencia comparada y los estudios especializados (como “Generative AI in Education”, Department of Education, UK, 2024), el énfasis debería ponerse en alfabetización digital, pensamiento computacional y ética de la IA. Hay que alinear los objetivos de aprendizaje con el uso de este potente dispositivo. Es esencial impulsar el desarrollo profesional continuo de los profesores en el uso pedagógico de la IA y su integración en los planes formativos de las facultades de educación. También se debe asegurar la conectividad y el equipamiento y diseñar interfaces para distintos perfiles de usuarios. Por último, mas no menos importante, es imprescindible proteger la privacidad estudiantil y prevenir sesgos algorítmicos, que a veces actúan de manera sutil, pero con efectos deletéreos.

He aquí pues una contribución para el debate sobre los programas educacionales que busca un máximo de priorización y el mayor consenso posible. Propongo concentrar las energías del gobierno y el país durante los próximos cuatro años en la educación temprana y el cuidado de los niños, en lograr una meta de lectura comprensiva largamente postergada y en la integración plena de la IA generativa a la educación media superior. En suma, cuatro años con sentido de futuro, equidad en el dominio de la lectura y efectiva reducción de las desigualdades desde el primer día de vida.