Los candidatos presidenciales prometen que reactivarán la economía, harán crecer el empleo digno y abatirán la delincuencia.

Los más politizados examinan la aptitud de las medidas que anuncian para lograr esos fines y la coherencia con la trayectoria del candidato y de su alianza. La ciudadanía no muestra aún mayor entusiasmo con ese debate y probablemente descree casi todo lo que oye. Es posible que suponga que tras las promesas se esconde poco más que ansias de poder.

Hay razones menos suspicaces para no ilusionarse. Aunque supongamos sinceridad, voluntad y carácter en uno o más de los candidatos, hay características del aparato estatal que hacen improbable que la maquinaria pública sea capaz de tirar el carro hasta cumplir con esos compromisos de campaña.

Una de esas trabas es la improbabilidad de que el futuro presidente cuente con apoyo mayoritario estable y confiable en el Congreso. Salvo parcialmente Bachelet, ningún presidente desde 1990 pudo contar con ello. Lograr mayorías parlamentarias depende solo en parte de la unidad o dispersión con que se presenten los dos grandes bloques. Primero, porque, como viene ocurriendo, todas las listas seguramente incluirán independientes, típicamente figuras populares del deporte, del espectáculo o de la farándula, que, a poco andar, se declaran independientes del partido que los llevó y no votan en base a proyectos colectivos, sino a intereses personales, cuando no se empeñan en hacer de la política un espectáculo que les brinde fama. De los actuales 155 diputados, 36 son independientes. Solo uno de ellos fue elegido fuera de pacto. La poca o nula lealtad con el partido que les permitió competir a los restantes 35 hace muy difícil conformar mayorías.

El exceso de facilidades para los independientes y la ausencia de sanciones para el parlamentario que renuncia o se muestra desleal con el partido que patrocinó su candidatura auguran que la mochila de la minoría, la dispersión y el desorden parlamentario caerá sobre los hombros del próximo presidente junto con la banda, haciéndole muy difícil realizar su programa.

Al mismo resultado contribuirán la fecha y forma de la elección parlamentaria. El sistema electoral ha permitido 18 partidos representados en la Cámara, dificultando los acuerdos. Muchos de ellos participan en alguna de las dos grandes coaliciones existentes, pero su compromiso con esa coalición es muy bajo, por lo que difícilmente se puede augurar que votarán agrupados. Hay modos de reducir el número de partidos representados en el Congreso. El del umbral mínimo de votación es uno, pero tiene serios inconvenientes. Chile probó exitosamente otra fórmula en 1958: la de prohibir los pactos electorales, logrando reducir de 19 a 7 los partidos representados en el Congreso, sin necesidad de alterar resultados electorales, como lo exige la fórmula del 5%.

Pero, aunque se pudiera reducir el número de partidos, ello no asegura suficientemente que ellos se comporten de un modo leal con la coalición gobernante u opositora. Con el calendario electoral vigente, los perdedores en la primera vuelta presidencial se limitan a adherir al ganador. Entran a una coalición negociando cupos y no un proyecto político. De ese modo, las tensiones que debieron enfrentarse en una mesa de negociaciones previas a la instalación del gobierno se trasladan a su interior cuando ya está en funcionamiento.

Si se prohibieran los pactos electorales entre partidos, estos tuvieran mayor control disciplinario sobre los candidatos que han patrocinado y la fuerza parlamentaria de cada uno estuviera ya clara a la hora de negociar un proyecto presidencial, es probable que fueran más sólidos los compromisos partidarios con un determinado gobierno.

Por otra parte, confiar en la gestión del aparato gubernamental para cumplir las promesas es igualmente ilusorio. Como prueban las licencias médicas truchas, la progresiva presencia narco allí donde el Estado está ausente, la duplicidad de trámites innecesarios, la alta politización en el reclutamiento de cargos públicos y un largo etcétera de chapucerías e ineficiencias, el aparato estatal se encuentra estructuralmente dañado para las tareas que, algo desaprensivamente, se prometen cumplir cuando se le presida.

Todo indica que más que los guantes de box o los trajes de gala para que la banda quede bien terciada, lo que necesitamos es candidatos con overol, dispuestos a tomar la caja de herramientas y ensuciarse las manos reparando instituciones que no están aptas para los desafíos que se les presentan.