¿Qué decir cuando un grupo de jueces —ochenta y cuatro, según las informaciones, incluidos ministros de cortes de Apelaciones— hacen uso de licencias médicas para evadir sus deberes y, en cambio, viajar?

El fenómeno es indicativo de que la anomia —la falta de normas— está más extendida de lo que se pensaba.

No era solo cosa de incivilidades y de rucos y de desórdenes y de delincuencia.

Formaba también parte de la práctica de algunos de quienes debían custodiar las reglas y aplicarlas. Y eso le confiere al fenómeno particular gravedad.

Las normas aparecen ante nuestra experiencia como simples enunciados lingüísticos, que establecen que tal o cual conducta debe ejecutarse o, en cambio, omitirse; ellas trazan una línea invisible, y la mayor de las veces inequívoca, entre lo que se estima correcto y en cambio lo que se estima incorrecto. Pero para existir de veras, las normas requieren algo que la literatura ha llamado “aspecto interno”, es decir, requieren que un grupo relevante de personas o de funcionarios las emplee como un criterio para orientar la conducta ajena y la propia. Sin ese aspecto interno, es decir, sin la convicción de al menos algunas personas de que lo que la regla establece es una guía para la conducta, una guía que merece ser seguida, sin que un grupo relevante de gente esté persuadido de ello y la haya incorporado como guía de su comportamiento, la regla en rigor no existe, es un simple enunciado lingüístico, una frase fantasiosa, apenas una frase. Esto es lo que observa un autor como Hart (a quien se debe la expresión “aspecto interno”), pero también Kelsen, el jurista austriaco, cuando afirma que si una regla no es eficaz, es decir, no es obedecida por los ciudadanos a quienes se dirige o si, desobedecida, no se aplican las sanciones por parte de las autoridades, entonces pierde validez, deja de ser en los hechos obligatoria.

Y si eso se generaliza se produce lo que los sociólogos llaman anomia.

Por supuesto, se espera que los ciudadanos presten ese aspecto interno a las reglas, esto es, las consideren válidas y las empleen para orientar su conducta y para criticar o encomiar la conducta ajena; pero por sobre todo, se espera que sean las autoridades las que confieran ese respaldo a las normas, un respaldo que es imprescindible para que ellas alcancen la legitimidad, para que el común de las gentes sienta que hay motivos suficientes para cumplirlas.

Lo anterior (que los estudiantes de derecho conocen muy bien y la mayor parte de los jueces deben saber de sobra) es lo que permite apreciar la extrema gravedad de que decenas de jueces, además de otros cientos de funcionarios judiciales, estén entre quienes han hecho uso de licencias médicas para tomar vacaciones, timando al erario, y sumándose así a los parlamentarios que emplean con el mismo objeto la semana distrital. Porque ocurre que, como queda dicho, la legitimidad de las reglas legales descansa no en la voluntad unánime de los ciudadanos, sino ante todo en la disposición de los funcionarios y las autoridades para cumplirlas. Ellos son el soporte de la legitimidad y la espalda donde, a fin de cuentas, descansan las instituciones. Por supuesto, el ideal es que las reglas cuenten con la anuencia de todos los ciudadanos y que cada uno de estos se ocupe de cumplirlas con escrúpulo; pero como no se puede esperar sensatamente que ello ocurra, la sociedad espera que los funcionarios, y en especial los jueces, sean quienes presten su adhesión a lo que las reglas establecen.

Pero si los jueces, algunas decenas de ellos, se comportan como cualquier hijo de vecino más o menos pícaro, entonces el asunto es más grave de lo que se pensaba, porque quiere decir que la anomia está alcanzando casi todos los intersticios de la vida social, que cada persona, también los jueces, está comenzando a creer que su subjetividad es lo único que importa y su interés inmediato, el árbitro final de sus actos.

A menudo se llama la atención acerca de la inseguridad como uno de los principales problemas del Chile contemporáneo; pero, por lo que se informa acerca de la conducta de ese grupo de jueces, al lado de ella está este otro fenómeno, más indócil, más difícil de resolver e incluso más pernicioso: el desprecio de las reglas por aquellos que se espera sean los primeros en cumplirlas y en reverenciarlas, la desatención por parte de aquellos sobre quienes ha de descansar la legitimidad más básica del sistema.

Es difícil exagerar la gravedad del asunto.

Porque sin reglas, sin esa arquitectura invisible de la vida social, o lo que es lo mismo, sin que los llamados a respaldarlas les presten obediencia, ahí sí que el problema de la convivencia se torna insoluble.