La discusión sobre las contribuciones llegó para quedarse. Esta podría ser una de las conclusiones de la semana recién pasada, en la que abundaron los reclamos, propuestas y —sobre todo— preguntas sobre este controvertido impuesto. En algún sentido, nada más normal. Después de todo, a nadie debería extrañar que los ciudadanos nos interroguemos por la pertinencia de los tributos que debemos pagar. Y, de hecho, la discusión es muy reveladora de fenómenos que exceden con mucho la dimensión estrictamente tributaria.

Por de pronto, el modo actual de calcular el monto de las contribuciones está lejos de ser inocuo a efectos de la configuración urbana. En efecto, uno de sus efectos es propiciar barrios que sean lo más homogéneos que sea posible. Dado que el valor del tributo se establece en función del avalúo, las personas cuyas casas han subido de precio —sin que sus ingresos hayan aumentado en la misma proporción— se ven obligadas a pagar un monto que puede estar fuera de sus posibilidades. Para decirlo en simple, el Estado les dice a los chilenos que viven en un barrio por encima de su situación económica: este lugar no les corresponde, salgan de aquí. Si se quiere, este es el gran problema, pues el tributo está indexado a una plusvalía hipotética, pero que no ha tenido lugar.

Así, el fisco trata a todos los propietarios como si fueran especuladores inmobiliarios: como si hubieran comprado una casa solo para ganar plusvalía y no para vivir en ella. Todo esto resulta extraño, pues la compra de una primera vivienda es un proyecto de largo plazo —los créditos hipotecarios pueden ser de treinta años—, y que en ese período el mercado inmobiliario puede tener muchas fluctuaciones que el propietario no controla. La consecuencia lógica es que el Estado alimenta de este modo la nociva dinámica de la segregación urbana, que es uno de nuestros grandes problemas (de hecho, el Estado volverá más tarde a cobrar nuevos impuestos para financiar programas… de integración urbana). Desde luego, no se trata de negar la pertinencia de un impuesto territorial. La ciudad tiene costos que deben ser financiados por sus habitantes (y quienes más tienen, más deben pagar). Sin embargo, las contribuciones se están transformando en un tributo que no guarda relación con los costos de la ciudad, sino con el comportamiento del mercado inmobiliario.

Como si todo esto fuera poco, al indexar el valor de las contribuciones al avalúo, estas se convierten en un impuesto al patrimonio (sabiendo que esos recursos ya pagaron impuestos). Esto podría tener sentido para quienes poseen varias propiedades —y viven de rentas inmobiliarias—, pero resulta cuando menos absurdo en el caso de la primera vivienda, pues equivale a tener que pagarle un arriendo al Estado por el solo hecho de tener una casa en la que vivir. Así, se genera un natural sentimiento de injusticia en quienes tienen que vender una casa comprada con décadas de esfuerzo, porque el monto de ese arriendo se vuelve impagable (y no tiene relación con los ingresos).

Desde luego, en la medida en que el avalúo fiscal era notoriamente inferior a la tasación comercial, el problema quedaba (relativamente) oculto. Sin embargo, esa situación parece estar cambiando. Dada la estrechez fiscal que vive el país, todo indica que se está echando mano a todo: no puede quedar limón sin exprimir. Con todo, al aumentar progresivamente los avalúos, el fisco ha hecho un mal negocio, pues ha hecho visibles las dificultades mencionadas. Al subir las contribuciones siguiendo un método más que opaco, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha forzado la pregunta por la legitimidad del tributo. Este es, quizás, el punto más delicado, pues todo impuesto debe ser percibido como legítimo por quienes lo pagan. Naturalmente, el contribuyente no puede ser juez de sí mismo, pero eso no quita que la percepción social juegue un papel relevante. Esto se agrava por la sensación de que el Estado está dejando de cumplir una de sus funciones básicas (seguridad), y también por los graves problemas en el manejo de los fondos públicos (¿qué tan seguros estamos de que nuestros impuestos están siendo bien gastados?). El pacto social se funda en un frágil equilibrio entre todos y cada uno de estos aspectos, y nadie debería estar más preocupado de resguardar ese equilibrio que el propio SII. De allí que resulte tan llamativa su actitud errática, como si dicho organismo estuviera exento de ofrecer las explicaciones del caso.

Todo lo señalado permite comprender por qué este tema se está volviendo un eje importante de la campaña presidencial. Es cierto que toda campaña simplifica, pero simplifica allí donde los ciudadanos perciben que hay un problema o una injusticia. Así, las malas decisiones (y peores declaraciones) del SII han terminado abonando el terreno para quienes proponen simplemente eliminar el tributo. Esta es la paradoja: quienes deberían estar especialmente preocupados de proteger la legitimidad de los impuestos buscaron aumentar torpemente la recaudación, abriendo así una pregunta mucho más amplia por su pertinencia. Una vez más, la izquierda ha trabajado para la derecha.