Se ha reparado poco en la importancia que reviste, para el debate público, la revelación de que decenas de miles de funcionarios públicos tomaron vacaciones mientras disfrutaban —no hay otra manera de describirlo— de licencias médicas.

Se ha dicho que se trata de un delito.

Pero su relevancia va muchísimo más allá.

Porque ocurre que uno de los argumentos centrales en favor de lo público y de lo estatal es que en él se cultiva y desarrolla y se sirve el bien común, de manera que quienes allí trabajan serían personas que, sacrificando la renta que obtendrían en el sector privado, preferirían desempeñarse en esa otra área, menos mezquina y cicatera con el bien de todos que sería el sector público. Este argumento se repite una y otra vez como una forma de destacar los vicios que proliferarían en el sector privado, un área que estaría anegada de individuos preocupados nada más que de sí mismos. El argumento se repite una y otra vez en todas las áreas del quehacer, en la salud, la educación en todos sus niveles, la previsión, las concesiones, las comunicaciones.

Pero resulta que no era así, o no era exactamente, así como lo prueban esos miles de sacrificados servidores públicos que prefirieron el asueto bien pagado, y el engaño, al cumplimiento del deber. ¿Cuáles son las consecuencias que para el debate público se siguen de todo esto?

Desde luego, hay que recordar que al menos desde Santo Tomás se ha detectado lo que se llamó modernamente la tragedia de los comunes. Allí donde los bienes son de todos, o donde se dice que son de todos, donde no existe un propietario claro, allí donde la propiedad se presume es de todos, los bienes tienden a ser estropeados y malgastados. Por supuesto, este rasgo que se presenta en el área pública puede ser contrarrestado (y suele serlo en la experiencia comparada) con un sentido ético de la propia función; pero ese sentido ético en el caso de Chile parece brillar por su ausencia, especialmente, porque el empleo público suele ser parte del botín gubernamental.

Y es que en Chile, en vez de una genuina ética pública, lo que prolifera (en la voz y la imaginación de dirigentes gremiales) es lo que la sociología denomina una ideología profesional: un relato, una narrativa acerca del propio quehacer con fines de legitimación. Todas las profesiones, todos los oficios, esgrimen una cierta narrativa que vincula su propio quehacer con el interés general como una forma de legitimarse y disfrazar o embozar los intereses individuales que en ella habitan. Los médicos esgrimen la vida; los abogados, la justicia; los periodistas, la verdad; los profesores, los niños y su futuro; los notarios, la fe pública, y así. No hay oficio en este mundo que no presuma de existir y de ejercerse por consideración al bienestar general y que no cuente con esforzados líderes dedicados a recordarlo, especialmente cuando reclaman mejores condiciones (no para ellos, claro está, sino para la ciudadanía a la que sirven). Y es probable que, al menos en parte, sea así. Lo lamentable es que la mayor parte de las veces, especialmente por los gremios, esa narrativa de la justificación del propio quehacer cumple la función de encubrir los intereses puramente privados, impidiendo se le controle.

Un buen ejemplo de lo anterior lo dio el Colegio Médico (¿Habrá otro gremio cuyos miembros presuman de ser más inteligentes y proteger un interés mayor —la vida, según se repite una y otra vez— que el de los médicos?). Apenas poco tiempo antes que estallara el escándalo de las licencias médicas, el Colegio se quejó amargamente por la forma, a su juicio indebida, en que se fiscalizaba a los médicos. ¿Se desconocía acaso que ellos protegían y promovían la vida?, ¿no merecían mayor consideración cuando otorgaban licencias en defensa “del derecho al reposo de los trabajadores”? Pues bien, el escándalo de las licencias mostró de manera flagrante que ese airado reclamo ocultaba involuntariamente, es de suponer, lo obvio: no existiría el fraude que se acaba de revelar si no hubiera médicos dispuestos a mentir y falsear el estado de sus clientes (porque hablar, en el caso de fraudes, de pacientes sería risible). Y, sin embargo, el Colegio, en vez de advertir el problema, decidió pagar una inserción para desplegar el relato ideológico acerca de su propio quehacer.

Así entonces, hay al menos tres problemas que este caso deja planteado: la necesidad de contar con un servicio público estable en vez de considerarlo parte de un botín de quien se hace del Estado; la urgencia de omitir, al menos por pudor, el alegato de que en la esfera estatal los bienes están mejor cuidados, y la cautela de los dirigentes profesionales a la hora de perorar acerca de las virtudes de su propio quehacer.