El ministro de Hacienda, Mario Marcel, calificó esta semana de “inusualmente severo” el tono del último informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). En dicho informe, el organismo advierte sobre el “estrés fiscal permanente” que enfrenta nuestro país hace un tiempo, además de sugerir que las medidas tomadas por el Gobierno son insuficientes. En concreto, propone —entre otras cosas— pausar la tramitación del decreto que posterga la meta de déficit estructural. Esto último irritó especialmente al ministro, pues, según él, no le corresponde al CFA “dirigir las decisiones de política fiscal que competen a la autoridad”. En otras palabras, el ministro acusó al CFA de haber cruzado una línea delicada al intervenir en decisiones que son resorte de la instancia política.

¿Qué tan razonable es el enfado del ministro? La cuestión es fundamental, y no debería interesar solo a los economistas. Después de todo, la salud de las finanzas públicas es un elemento capital para nuestro futuro. Una buena situación fiscal permite afrontar nuestras dificultades y responder a las inquietudes sociales y, por el contrario, una mala situación limita dramáticamente nuestras posibilidades de acción colectiva. Para percatarse, basta observar nuestros hospitales, o los problemas vinculados a la gratuidad universitaria. Como lo sabe cualquier familia, cuando no hay dinero, y se pagan muchos intereses por la deuda, todo se vuelve más difícil. Y estamos avanzando raudamente en esa dirección.

Las advertencias del CFA deben ser leídas en este contexto: hace ya demasiados años que los números son preocupantes, sin que nadie se haya esforzado por corregir el rumbo. Es cierto que el crecimiento económico se ha estancado, y es cierto también que la pandemia obligó a gastar ingentes recursos para ir en ayuda de los afectados. Sin embargo, eso hace más urgente la prudencia: no volveremos a crecer como en los años 90, y de seguro volveremos a tener otras crisis. Tenemos que ajustar nuestros gastos a la realidad. No hacer nada implica hipotecar el futuro del país y, sobre todo, cargar las espaldas de las futuras generaciones con una deuda enorme. No solo tendrán que hacerse cargo del calentamiento global, de la baja natalidad y de un escenario geopolítico amenazante: también deberán pagar la cuenta de nuestros gastos. No parece muy justo.

Dado que el Estado posee inercias y, por lo mismo, sus giros son extraordinariamente lentos, el CFA afirma lo siguiente: nuestras capacidades están llegando al límite y, si no modificamos el rumbo cuanto antes, entraremos en zona de riesgo. La advertencia puede sonar dura, y su tono puede ser más o menos severo, pero es menester decir que el CFA está cumpliendo el más estricto de sus deberes. En este sentido, quejarse por la forma del reproche es quedarse en la anécdota. Es un poco como si nos quejáramos del vigía que grita al avisar que el barco se va a estrellar. A mayor abundamiento, el CFA viene señalando cosas parecidas hace ya bastante tiempo sin que nadie se haya dado por aludido y, por ese motivo, se ve obligado a subir la voz. Por lo demás, el Gobierno ha cometido errores sistemáticos al calcular ingresos y egresos, y esos errores siempre han sido a su favor. La consecuencia es evidente: el vigía grita porque el timonel se está tapando los oídos para no escuchar. Al convertir el asunto en una refriega política más, el Ejecutivo busca ocultar la profundidad del problema. Son fuegos artificiales para que olvidemos lo esencial. Es cierto que la responsabilidad no recae solo en esta administración —el deterioro tiene larga trayectoria—, pero nada de eso quita que tengamos que girar pronto si acaso queremos evitar el peligro. De allí la sugerencia de pausar el polémico decreto que posterga el ajuste. No hace falta ser un genio para notar la razón de esa postergación: el próximo gobierno dará las explicaciones y pagará los costos asociados.

La función de un organismo autónomo es, precisamente, decir aquello que resulta incómodo oír. Si alguien espera frases agradables del CFA, no ha comprendido su naturaleza. Así como la responsabilidad del Gobierno es conducir la política económica, la responsabilidad del Consejo es hablar fuerte y claro cuando esa conducción pone en riesgo la salud de las finanzas públicas. Si esto es plausible, la queja del ministro no resulta atendible: el CFA no pretende suplantar la autoridad, sino sugerir vías de acción para hacernos cargo del problema que identifica, dado que el Gobierno se resiste a enfrentarlo. La frase de Marcel adquiere entonces otro sentido: se irrita porque el CFA ha puesto el dedo en la llaga. Y le duele.

Una de las críticas históricas del Frente Amplio a la Concertación tenía que ver con el manejo económico. Según los más jóvenes, la preocupación excesiva por la responsabilidad fiscal era signo inequívoco de neoliberalismo. En un principio, todos pensamos que el nombramiento de Marcel implicaba una renuncia a esa crítica: después de todo, él encarnaba hasta la médula el rigor técnico de los 30 años. Lo que no sabíamos era que el ministro abandonaría ese rigor para proteger a un gobierno sin ninguna capacidad de gestión. Se trata, quizás, del mayor triunfo del Frente Amplio.