Recuperar la verdad histórica no es una cuestión de campaña. La discusión acerca de la “inevitabilidad” del Golpe ha hecho que pasen algo más inadvertidas las afirmaciones de la candidata mejor aspectada para asumir la presidencia acerca de las muertes ocurridas entre 1973 y 1990.

En sus palabras, “al principio, en el 73, 74, era bien inevitable que hubiera muertos porque estábamos en una guerra civil. Pero ya en el 78 y el 82 y siguen ocurriendo… ahí ya no. Porque ya había un control del territorio, entonces ahí hubo gente que hizo mucho daño, loquitos que se hicieron cargo y que nadie los frenó a tiempo”.

Partamos por el 73-74: el Informe Rettig, suscrito también por personalidades de gran reciedumbre moral que habían colaborado en el gobierno militar, estableció que las Fuerzas Armadas controlaron muy rápidamente el territorio. Aseveró que solo se registraron focos de resistencia en cuatro lugares: en Neltume, donde un grupo atacó la Comisaría, sin que se produjeran víctimas; en Paso Nevado, donde hombres armados se enfrentaron a Carabineros cuando estos intentaron detener su huida a Argentina; el fuego cruzado que se verificó en los alrededores de La Moneda, hasta momentos después del bombardeo, y en un número muy reducido de poblaciones en la periferia de Santiago, que declinaron rápidamente, mientras la mayoría de ellas eran allanadas sin encontrar resistencia.

Muchas de las autoridades provinciales del gobierno depuesto se entregaron voluntariamente, mientras las nacionales intentaban huir u ocultarse. El Informe calificó las pocas acciones de resistencia como “mínimas”, “irregulares” “descoordinadas y sin la menor probabilidad de éxito”. Pudo aseverar que las Fuerzas Armadas controlaron el orden público en cosa de horas, sin encontrar resistencia alguna, luego de haber tenido a la vista comunicaciones de varios de los jefes de plaza a sus comandantes en jefe que así lo aseveraban.

La Comisión acreditó 83 casos de personas muertas como víctimas de la violencia política durante 1973, veinticinco de ellos uniformados. La mayor parte de esos 83 cayeron participando en tiroteos o como víctimas inocentes de ellos. En cambio, el mismo informe y aquel de la Comisión que le siguió, acreditaron que entre 1973 y 1974, mil novecientos veintiocho personas fueron muertas o hechas desaparecer por agentes del Estado.

La mayor parte de estas últimas fueron capturadas y luego asesinadas inermes, un número significativo acribilladas maniatadas, otras murieron como producto de la tortura. Durante el 73 se siguieron enviando muchos cadáveres al Instituto Médico Legal. Las autopsias fueron una fuente principal del establecimiento de esa verdad. Hallazgos de cadáveres en Lonquén, Pisagua, Chihuío y otros lugares, unos maniatados, muchos con cortes, golpes o testículos cercenados corroboraron lo anterior. Testimonios verosímiles acerca de lo ocurrido en el Estadio Nacional, al paso de la Caravana de la Muerte y otros episodios, permitieron dar por acreditado que las víctimas fueron asesinadas a mansalva, a veces con afanes de venganza, otras de amedrentamiento y en no pocas como producto de la tortura y malos tratos, que practicaban uniformados intentando confesiones acerca del ocultamiento de armas de las que más de algún izquierdista se había vanagloriado, pero que, en verdad, no existían.

La noción de una guerra civil no describe esa matanza.

Después del 74, según la candidata, las violaciones a los derechos humanos habrían sido producto de unos “loquitos”. No llamamos loquito a un narcotraficante que asesina, a un terrorista que pone una bomba o a quien mata a su pareja. Solemos reservar ese adjetivo para los niños traviesos. Quienes siguieron asesinando y torturando estaban financiados por el erario público, recibían órdenes superiores y el Estado les garantizaba impunidad.

Volver a afirmar la tesis de la guerra civil o de los excesos de unos locos sueltos, contra toda evidencia es, objetivamente, un modo de aminorar el horror y la culpa. La barrera contra tiempos oscuros como aquellos, solo puede echar raíces en el reconocimiento de la verdad y en el repudio, los que debemos rescatar al margen de nuestras actuales adhesiones políticas. Esos horrores no descansan en paz en ambientes de negación.

La derecha reconoce haber vivido y quiere dejar atrás una semana para el olvido. Tal vez la única forma de lograrlo sea una rectificación clara, franca y sencilla de lo dicho. Nunca será tarde.