El PC es un partido sui generis —se aferra a una ortodoxia ideológica definitivamente inexistente en el mundo—, pero igual conviene entenderlo. Encarna una racionalidad ladina, sinuosa, que asoma a través de sus dirigentes, como la declaración del senador Daniel Núñez el mes pasado: “Estar con los dos pies en la calle y dos en La Moneda”, cuando apoyó la manifestación de los pescadores artesanales a raíz del proyecto sobre el fraccionamiento de la pesca. Lo había dicho mucho antes, al emplazar al gobierno del Presidente Boric a apoyarse en la movilización social para realizar las reformas emblemáticas.

En la ocasión reciente, la entonces ministra Jeannette Jara se hizo eco, estimando la convocatoria “muy consistente con la política que hemos siempre desarrollado y llevado adelante los comunistas”. Y es cierto, claro que los “pies en la calle” tienen denotaciones diversas, dependiendo de las “condiciones objetivas”. Pueden referirse a una movilización programada, como a recurrir “a todas las formas de lucha” en su forma extrema, que incluyen la lucha armada, como ocurrió en 1983 con el FPMR. Ambos militantes citados niegan haber incitado a la violencia y puede ser verdadero, pero saben de sobra que hay manifestaciones que suelen derivar en acciones violentas, como resultó la última.

Cuando se ha formulado ese llamado, cuenta llamativamente con la crítica de la multipartidaria oficialista, desde el PPD, PS y DC, con los siguientes argumentos de diputados: convocar a manifestaciones sociales para aprobar reformas —de las pensiones en este caso— es una irresponsabilidad; se pueden adoptar otras formas, como el diálogo entre el Gobierno y el Congreso, que es un mecanismo más propicio, y no la imposición; una cosa muy distinta es exigir movilizaciones para forzar los cambios; los ejes determinantes deben ser el diálogo, la tolerancia y el respeto; promover la movilización social —sobre la ley de pesca— cuando se gobierna es francamente un despropósito; no se puede estar agitando al país por una parte y por otra intentar gobernar; hay parlamentarios que venden ilusiones y cuando hay violencia no son capaces de hacerse cargo de los efectos.

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, en el último caso, señaló que las manifestaciones son constitucionalmente legítimas, pero tienen límites, “sin atentar contra el derecho y bienes de terceros”, sin imponer propuestas “unilateralmente mediante la violencia… Eso, en un Estado de Derecho, es inadmisible… el Gobierno tiene una posición intransable sobre el punto”. Declaración que fue comentada recordando episodios del “octubrismo”.