Es sorprendente la actitud del Presidente Gabriel Boric frente a la destitución de la senadora Allende.

Como es obvio, y a todos consta, él es uno de los impulsores de la iniciativa de compra de la casa familiar del expresidente; él es también quien leyó y firmó algunos de los documentos para emprender la celebración del contrato y es de suponer, se enteró de quiénes concurrían; personas en las que él depositó su confianza, en muchos de los cuales aún parece mantenerla, redactaron el negocio; otros que trabajan con él son quienes debieron cerciorarse, o cerciorarlo a él, de que la operación satisfacía las reglas; pero ahora, una vez que las consecuencias desastrosas de esas decisiones se han producido, en vez de asumir siquiera una parte de la responsabilidad, se declara dolido, reitera la trayectoria pública de la senadora y de su familia (como si alguien la hubiera desconocido) y envía un “abrazo fraterno” a los miembros del Partido Socialista y les promete seguir caminando juntos en busca, era que no, de la justicia.

En suma, el Presidente adopta la posición de un espectador o de un doliente, alguien apesadumbrado frente a lo que ha ocurrido, la actitud de quien pronuncia un discurso para paliar el dolor que otros causaron, en vez —todo hay que decirlo— de la que, en rigor, le correspondería que es la del partícipe que debe explicaciones.

No se puede ocultar que la molestia del Partido Socialista fue ajizada sin duda por esa actitud del Presidente.

En la declaración del partido hay un reproche al conjunto del Gobierno e inevitablemente al Presidente y su principal fuerza política. Y el PS lleva razón cuando lo invade esa molestia muda con el Presidente la que, sin embargo, debiera sentirla también consigo mismo puesto que lo que ha ocurrido es una prueba de cuánta incompetencia ha existido en el manejo de los asuntos públicos, una incompetencia de la que el PS tampoco puede desentenderse del todo puesto que ha formado parte del Gobierno y ha contribuido a la idea de que hay que comprender los tropiezos y las tonterías de la generación en el poder bajo el pretexto de que se trata de un período de aprendizaje. Y si el PS no puede exculparse del todo a sí mismo, tampoco es correcto exculpar del todo a la senadora Isabel Allende en lo que ha ocurrido. Exculparla es un acto de paternalismo que ella no debiera aceptar. Al exculparla del todo como si fuera una persona que no discernió su obrar o su conducta, o que no estaba consciente de lo que hacía, como si no hubiera entendido lo que firmaba o el mandato que confería, al modo de un inimputable, se está revelando que a ella se la considera no por lo que es, no por su desempeño del que ella sería para bien o para mal responsable, sino por lo que representa. Pero valorar a una política por su apellido y lo que él representa es reducirla a un ícono sin voluntad y por eso sin responsabilidad.

No deja de ser significativo que en el mismo momento en que se conocía la decisión del Tribunal Constitucional, el Frente Amplio proclamaba a su candidato presidencial, el diputado Gonzalo Winter quien, con una retórica inflamada prometía, ahora sí que sí, que Chile sería la tumba del neoliberalismo (sin enterarse, dicho sea de paso, que el sepulturero se llama Donald y comenzó ya a dar la primera paletada). El contraste entre esos dos momentos fue un retrato fidedigno y cruel del estado espiritual de las fuerzas gubernamentales incluido el PS: una cierta pérdida de realidad y un despilfarro del propio capital simbólico.

Por todo ello, la peor actitud que puede adoptar el Presidente es la de un doliente, un tercero que asiste al estropicio ejecutado por otros.

El Presidente no debiera adoptar esa actitud porque si bien no es partícipe de un delito (puesto que en el caso se está en presencia de un ilícito constitucional y no de un delito en el sentido penal), sí es partícipe de una incompetencia gigantesca, nada menos que la de desconocer, él o quienes le asesoran, una regla constitucional, o lo que es casi peor, de conocerla, pero pensar que era posible eludirla. Si es lo primero, hay la prueba de una ignorancia supina e inaceptable en quienes le rodean; si lo segundo, hay una actitud dolosa, una intención directa de incumplir la Constitución.

Sobra decir que nunca hubo un tropiezo en que fuera más favorable y deseable alegar ignorancia. Y es que en este caso y atendidas las circunstancias, la ignorancia se parece a una virtud.